Keyla Martínez al filo de red de trata con policías

Abusos en toque de queda

Impunidad

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación.  Las huellas del crimen contra Keyla Martínez esconden un rastro parecido al que dejan las operaciones de trata de personas.

Al menos en cuatro casos, mujeres y niñas sufrieron en 2020 y en los primeros meses de 2021 hechos que dan cuenta de captación de mujeres, a veces, mediante detenciones abusivas disfrazadas de operativos, en otras ocasiones mediante engaño. 

En dos de los sucesos, las trasladaron a instalaciones policiales para intimidación y violencia sexual, sobre todo en las noches y en otras ocasiones a lugares solitarios para violarlas.

Los hechos se registraron a unos 200 kilómetros al occidente de la capital de Honduras.

En un caso, se reportó el traslado de mujeres maniatadas y encapuchadas en vehículos parecidos a los de uso policial. Fueron vehículos todoterreno para trasladar por la fuerza o el engaño a las mujeres. A estos automóviles, les llaman “trocas 3.0”.

Los agresores parecen tener acceso a logística, controlar rutas de operación en diferentes territorios indígenas de La Paz, Lempira, Intibucá y en Copán.  Las fronteras de estos departamentos se entrecruzan con las rutas del narcotráfico.

De los testimonios se puede concluir que los tratantes cuentan con tecnología y con el poder de manipular, destruir y ocultar información.

Las operaciones parecen estar protegidas por un manto de encubrimiento al más alto nivel, capaz de obtener cartas de libertad, atrasar el sistema de persecución penal. Además, desaparecer, aterrorizar víctimas y silenciar testigos mediante el chantaje o el asesinato.

Cuentan con facultades para modificar las escenas del delito. Tienen bufetes de abogados a su disposición.

También gozan de impunidad por la infiltración en los entes de justicia que les garantiza cartas de libertad, protección, impunidad y control criminal por medio de la vigilancia e intimidación.

Sus operaciones conectan a Marcala, La Paz e Intibucá, todas zonas indígenas Lencas, según los testimonios de las sobrevivientes.

Esta organización opera con fines de trabajo doméstico forzado y explotación sexual comercial, consta en denuncias recibidas por un tejido de organizaciones que defienden derechos humanos a nivel nacional.

Las organizaciones han estado recopilando denuncias de jóvenes detenidas en redadas policiales, sobre todo en Intibucá. Luego de ser detenidas fueron víctimas de violencia sexual.

“En un lugar, hubo golpes, amenazas y les dijeron que tenían permiso para matar y se lo dijeron policías a una señora y a una niña”, dijo una defensora de derechos humanos que pidió el anonimato por miedo.

Violación y compra venta de niños

El periodista Geovani Galeano señaló que han venido documentando casos de niñez desaparecida en Honduras y que hay denuncias contra policías y militares que estarían implicados en trata.

La Oficina Municipal de la Mujer (OMM) de Intibucá recibió en 2020 la denuncia de una violación especial, una niña salió de su comunidad a dejar almuerzo y ahí los hombres aprovechan las agarran a la fuerza. La menor salió embarazada. La policía de la zona no ha actuado para detener estos hechos.

También esta oficina registró el incidente de una menor que fue sacada de su comunidad en Intibucá, fue llevada a San Pedro Sula. Fue trasladada para trabajar en labores domésticas. Allá salió embarazada y tuvo trillizos, su patrona le pidió que le diera uno de los niños a cambio de tres mil lempiras.

Respecto al caso de Keyla, la Oficina Municipal de la Mujer se ha mantenido al margen porque considera que este es un caso peligroso.

Para la Red Municipal de Mujeres de Intibucá este es un municipio con violencia sexual. Las mujeres denuncian que hay violencia. En capacitaciones y comunidades hay mujeres que cuentan que salen a trabajar y sufren violencia sexual.

Testimonios

A otra menor una persona llamada supuestamente Marlon Ochoa la captó para ofrecerle trabajo como empleada doméstica y al llegar a reunirse con él, la violaron, según consta en la denuncia 1195 en la DPI cuya copia está en poder de RI.

Un audio obtenido por RI revela: “La señora contó que le dijeron que le consiga una muchacha para trabajar, que le cuide a la mamá que estaba enferma, que no sé qué y lo primero que le dijo ella fue y ¿y quién le dio mi número, quién es usted? No, dice que le dijo, ahí un alero me lo dio, no si yo conozco a Juan, le mencionó el nombre del marido de ella. Y ella se confió, pensó que era amigo del marido. A ella se le olvidó. Después la volvió a llamar. ¿Me ha conseguido muchacha? No, dice que le dijo, se me olvidó”.

“Entonces viene ella y se le ocurre llamar a esta señor que la conocía y le dijo que si quería trabajar la hija [de 14 años], que un hombre ocupaba una muchacha que le trabaje y dice que la mamá de la niña le dio el número y se comunicaron directamente. El tipo la llamó a ella, ella quedó de venir a dejar la niña al trabajo y la vino a dejar y ella ni fue a la casa [Del agresor], no sabe nada del tipo. Dice que le dijo, a la niña, que el tipo andaba bien tatuado y dice que le dijo ¿conoces a los narcos? Y la niña,  obviamente, le dijo que no. Y dice que le dijo, de esos soy yo”.

Otra niña desapareció y el sospechoso es esta misma persona, según las denuncias interpuestas.

Sin embargo, a las autoridades se les habría escapado.

Debe ser por eso que los agresores se aseguran de advertirle a sus víctimas que aunque los denuncien, nada les pasará porque cuentan con protección policial, según copia de documentos y audios diversos de las denuncias, obtenidos por Reporteros de Investigación.

Estas denuncias fueron tomadas por la organizaciones como hechos aislados y no se empezó a realizar un análisis más profundo hasta que se encontró que las características de la detención de Keyla tienen similitudes con otros casos reportados de captación y traslado mediante detenciones abusivas, violencia sexual e intimidación, cometidos por la policía en este lugar.

“Creemos que hay una conexión con La Paz y Marcala y Intibucá. En este recorrido fue donde más se recibieron denuncias de policías abusando de jóvenes”, reveló la defensora de derechos humanos que pidió el anonimato por miedo.

“También creemos que este caso se parece al de Santa Rosa de Copán [la desaparición de Dilcia Pineda”.

Una víctima es de Marcala, La Paz, hay adolescentes de aldeas y del centro de Intibucá que han denunciado haber sido victimizadas.


En Intibucá, la Fiscalía regional es de puertas cerradas aunque esa mañana que llegamos para consultar al encargado de la sede, estaban abiertas. La respuesta para conocer más sobre el crimen contra Keyla Martínez es que esa información la tiene el portavoz del MP en Comayagua, Carlos Ávila.

En la oficina regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos respondieron que esa información solo la pueden dar en la capital de Honduras.

Una solicitud de información  hecha a la Policía Nacional para conocer los casos de desaparición de personas en Honduras entre 2016 y 2018 extrañamente dio cuenta de desapariciones solamente en diez departamentos de Honduras.

En esta base de datos, la Policía excluyó de la lista a Santa Bárbara, La Paz, Lempira, Intibucá, Ocotepeque, todos estos son departamentos aledaños situados junto a la frontera de Guatemala, la ruta de transito ilegal y tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos denuncian que hay mujeres desaparecidas en estos departamentos.

En ese período, la policía tampoco informó sobre desapariciones en Gracias a Dios, Valle e Islas de la Bahía.

Vea: desaparecieron en el camino al colegio

Desaparecida

Los relatos de las denuncias en La Paz e Intibucá parecen tener la misma dinámica que ocurrió  antes de la desaparición de Dilcia Pineda, acontecida desde el 3 de diciembre de 2020, en Santa Rosa de Copán. Una ciudad aledaña a Lempira, La Paz e Intibucá.  

A Pineda la habían contratado para trabajos domésticos y luego la mandaban a vender drogas, le arrebataron a sus hijos para obligarlos a la mendicidad, alega la Asociación Calidad de Vida en el escrito de denuncia, presentado ante la CIDH.

En los tribunales, la acusación contra sus presuntos tratantes fue descartada. Sus hijos fueron obligados a la mendicidad forzada, consta en la Medida Cautelar 772-20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La joven desapareció estando bajo protección estatal. Le cortaron las manos después de denunciar a la red de trata que la esclavizó. La atacaron pese a que estaba bajo protección estatal.

En febrero de 2020, sobreseyeron a las dos mujeres que supuestamente la trataron. En julio, ella reportó que el mismo grupo criminal la perseguía. Seis meses después de la libertad de sus supuestos tratantes, le cortaron la manos y en diciembre, desapareció.

«El 10 de agosto de 2020, la señora D.P.A. habría sido objeto de un atentado, en el cual se indicó que “sus dos manos fueron cortadas, recibió heridas cortopunzantes en todo su cuerpo, particularmente su rostro y [fue] hospitalizada en estado grave, sin certeza de su probabilidad [de que sobreviviera] al atentado sufrido», dice la CIDH en la resolución 97/2020.

Pineda fue esclavizada por labores domésticas que involucrarían a las redes que trabajaron en explotación sexual comercial con Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.  Esta red tiene jueces, abogados y fiscales cooptados, dijo una abogada que lleva el caso de desaparición.

Tony Hernández –originario de Gracias, Lempira– reconoció en su testimonio ante la DEA que traficaban con mujeres.

La carretera de Copán conecta con Gracias, Lempira de manera que son zonas cercanas.

Tony Hernández (TH) fue condenado por traficar armas y drogas junto a la Policía Nacional. Fue mencionado también por sus nexos con la Mara Salvatrucha y asesinatos.  Cuando fue detenido, respondió en su testimonio ante agentes estadounidenses:

Agente de EE.UU: Pero, ¿qué hacía usted en esas reuniones y en esa finca?

TH: No, es enfrente de una iglesia ahí. Se llama el hotel así: Finca del Capitán [Propiedad de un militar]. Eh…tomar…Llevaban muchachas. A ellos no les ha faltado el tema de las muchachas. Eh,…inclusive, ahí pasaron algunas amigas mías que…¡pucha! me daba no sé qué que fueran a pasar por todos ellos. Pero era la vida de ellos…no podía decir nada uno. Esta…ahorita recuerdo que el que llevaba la gente allí era…es otra persona muy reconocida en Honduras en ese ámbito. Es…le dicen Cebolla. Eh…es el dueño de Especias don Julio [fue asesinado en 2014]. Sí, tiene que haberlo escuchado usted. Hasta, inclusive, está teniendo problemas para…en Honduras por narcotráfico.

Agente de EE.UU: Julio ¿qué?

TH: No, Don Julio se llama la, la empresa.

Agente de EE.UU: ¡Ah! ¿Cómo se llama el tal Cebolla?

TH: El Cebolla .,.bueno, si…cuando usted pueda ahí…y tal vez si no nos acordamos del nombre, a lo mejor lo pone ahí en Google. Y está siendo, está siendo ahorita enjuiciado en Honduras.

Un mes

Antes

6 de enero: Un mes antes del crimen contra Keyla

Luego del crimen contra la universitaria dentro de una posta policía, ocurrida el 6 de febrero de 2021, la periodista Sandra Maribel Sánchez reveló en Radio Progreso el testimonio de dos jóvenes detenidas el 6 de enero de 2021 por los mismos policías que detuvieron y en cuyas manos murió Keyla Martínez.

A ellas, les robaron, las insultaron y las intimidaron al salir de la sede policial para evitar que denunciaran los abusos en su contra. Sánchez reveló que las joven y su amiga abandonaron el país porque tenían temor.

 “Lo que ocurrió fue el 6 de enero de 2021, fuimos interceptadas por una patrulla de policía, nos bajaron del vehículo, apuntándonos con sus armas, no nos dieron argumentos y lo que nos dijeron es que iban a hacer una revisión de rutina en el cual querían que hombres policías nos requisaran. Alegamos que no nos íbamos a dejar revisar por hombres policías”.

“En eso llegaron como tres patrullas más. Ellas (las policías) nos revisaron, una de ellas al ver que andábamos limpias nos dijo que nos podíamos retirar. Un hombre policía dio la orden que nos llevaran detenidas, fue cuando nosotros nos pusimos a alegar que por qué nos iban a llevar. Comenzaron a usar la fuerza para subirnos a la patrulla”.

“A mí me agarraron dos hombres policías y una policía mujer, nos golpearon, nos pegaron con el tolete, nos gasearon. Nos subieron a la patrulla, pero golpeadas. Aun arriba de la patrulla nos siguieron gaseando”. Les robaron diez mil lempiras, dijo la joven.

Los policías les tiraron gas lacrimógeno en la cara y les pateaban el rostro. Eran como las 7:00 a 8:00 de la noche. En ese momento no había toque de queda por la pandemia. A la escena llegaron cinco patrullas policiales para detener a las dos jóvenes.

La policía dijo que ellas andaban en estado de ebriedad sin hacerles análisis de alcoholemia. Fue el mismo argumento que utilizaron después del crimen contra Keyla Martínez.

Este es un departamento que estigmatiza a las mujeres por tomar alcohol de tal forma que el uso del argumento de que las mujeres andan ebrias al estar detenidas, pretende legitimar su acción ante la opinión pública de esta zona.

"Trajeron mercancía"

La joven contó que exigió que le dieran derecho a realizar una llamada, pero eso no ocurrió. Tampoco le dieron derecho a una llamada a Keyla la noche que la detuvieron.

“Cuando nos llevaron a las celdas nos iban a meter, estaban unos policías de civil que cuando nos vieron llegar empezaron a decir ay aquí vienen nuestras perras, ya trajeron mercancía. Nos trataron con palabras soeces que no se pueden imaginar”.

“Después de eso hubo un policía, él es trigueño, es bajito, creo que el más bajito de todos ahí y le dicen Calvin…nos empezó a amenazar. Andaba un sobrecito blanco que no sé si era droga, si era gas. Nos estuvo amenazando que nos iba echar adentro y que después ni cuenta nos íbamos a dar que ellos podían hacer lo quieran con nosotros y que nosotros no íbamos a decir nada”. Las insultaron toda la noche, dijo.

“En la madrugada se acercó un hombre de camisa roja, con rayas blancas, nos dice váyanse señoritas. Pensamos que era un abogado o una persona que llegaba a ayudar. Nos paramos, nos preguntó nuestros nombres y nos preguntó nuestra edad y dice ah si ya la aguantan, pues, ahorita voy a entrar a calentarlas y se quería meter a nuestra celda. Decía que nos iba a violar que iba a hacer cosas con nosotras, no quiero ni describir lo que nos dijo”.

“Con mi amiga nos opusimos y gritamos y todo”. En la otra celda había otros hombres detenidos también, indicó la joven.

Les robaron el dinero y les advirtieron que si denunciaban las iban a remitir a otro lugar. Al día siguiente, los policías llegaban a su hogar y señalaban su casa. Por eso, las jóvenes no quisieron interponer las denuncias y salieron de Honduras a inicios de febrero. 

“Nos estaban amenazando. Incluso llegaron dos encapuchados” a sus casas, relató.

La joven contó que en una oportunidad que fue a la Fiscalía una policía de apellido Ramírez, las estaba grabando y llegó la patrulla policial que las había detenido. Ellas tuvieron que esconderse.

Los policías les ofrecieron que les iban a devolver siete mil lempiras si retiraban la denuncia de la Dirección Policial de Investigaciones. 

Todos las estaban esperando para hacerles esta oferta, relató.

A otra amiga de su hermana también la detuvieron e intentaron violarla en la posta policial.

“Nos dijeron que todas las que llegaban ahí eran mujeres de ellos”. 

Las jóvenes contestaron que en este caso no iba a ser igual y que preferían salir muertas de la posta policial.

“Aquí ver una mujer en el bar, en una cantina no es normal”

“Ya no hay seguridad ya no hay confianza, hay más testimonios de mujeres que han llegado a la posta policial y han sufrido acoso sexual”.

Intimidación por crimen contra Keyla

La intimidación y el chantaje es un hilo que atraviesa todos estos casos. Los testimonios indican que el médico no estaba en la celda cuando asesinaron a Keyla Martínez.

El director policial al momento del hecho, Melvin Alvarenga Deras, es originario de La Mosquitia y el médico también tiene familiares en La Mosquitia. El primero en revelar estos hechos fue el periodista Geovani Galeano que reside en Washington.

La mañana del crimen, el ginecólogo Edgar José Velásquez Orellana llamó a Nancy –la hermana de Keyla­– a las 9:00 horas. Él dijo ante los medios de comunicación que la llamó a las 7:00 de la mañana. También dijo que a esa misma hora, el jefe policial Alvarenga Deras le había dado la noticia de la muerte de su amiga.

Unas horas después, una abogada llamó al médico. Ella se había trasladado al lugar de los hechos en las primeras 72 horas del crimen para investigar si se trataba de un feminicidio, aunque la policía aseguró que se trataba de un suicidio. Al principio, el médico aceptó hablar con la abogada.

Pero luego dijo que primero prefería hablar con la familia y no le dio la cara a los dolientes  hasta unos días después del crimen.

Habían pasado seis días de la muerte de la universitaria. El médico dijo que no había dado declaraciones antes porque primero tenía que hablar con la familia. Apareció ante las cámaras. Su barba fue cortada de manera meticulosa y el pelo lucía muy peinado.

Habló por la cadena internacional CNN. Era 12 de febrero de 2021. El médico parpadeaba más y veía de manera evasiva mientras relataba los eventos que, según él, escuchó esa noche en la celda de Keyla Martínez.

También desviaba la mirada cuando relataba las siguientes horas en que la policía, según él, se le acercó para revelarle sobre la muerte de su amiga.

En una reunión, ocurrida en un hotel de la capital, le revelaron al padre de Keyla Martínez, Luis Sosa, como el médico se había retractado de reunirse con la abogada pese a que había dado su palabra.

En esta reunión el padre de Keyla Martínez contó una serie de fabricaciones para desviar la atención del caso e incidentes de intimidación en contra de su familia como carros que pasan frente a la vivienda donde permanece la familia.

La primera acusadora privada llegó de manera sorpresiva sin que nadie de su familia la conociera. La abogada se fue introduciendo y tomando decisiones sutiles que iban cambiando el rumbo del caso. Por eso, el padre sentía que estaba siendo marginado del proceso para buscar justicia.  Este fue uno de los motivos por los que el caso fue presentado ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh).

La familia de Keyla no es la única amenazada, hay tres periodistas bajo amenaza e intimidación tras darle cobertura a este crimen. Uno de ellos es Geovani Galeano.

El instante del crimen

El periodista contó que los testimonios en su poder indican que el médico fue retirado de la celda 10 minutos antes del crimen contra Keyla.

“Recluyeron a la joven. La joven pierde la compostura en la celda entonces llegaron dos policías mujeres a tratar de controlarla, ella sigue con su actitud. Llegan dos policías más a tratar de controlarla, la sometieron. Una de las policías llama por el teléfono al comisionado Alvarenga, entra a la celda, es la última persona que entró”.

Según los testimonios, en ese momento, “el comisionado Alvarenga habría presionado el cuello de la joven y había más policías deteniéndola”.

Luego trataron de falsificar la escena para que pareciera un suicidio y Alvarenga da la orden para que la llevaran al hospital, describió Galeano.

“Sabemos que hay videos que salieron y que se ve muy bien cuando sacan el cuerpo de Keyla (en brazos). En el video se mira que están saliendo y entrando a la celda y luego sacan el cuerpo, todo va de acuerdo con lo que dijeron los testigos, la última persona que entró y que posteriormente sale Keyla asesinada es este comisionado Alvarenga”.

La Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones a las Muertes Violentas de Mujeres y los Femicidios han asegurado que habrá justicia por este caso.

Hoy se cumple un mes y 10 días desde el crimen contra Keyla Martínez y sigue impune.

Protegidos

Para la defensora de derechos de la mujer, Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, no sería extraño que el crimen de Keyla esté ligado a una red de trata de personas.

A la defensora le pareció extraño que la doctora del hospital de Intibucá que la atendió dijo que se veía su ropa anterior. Está también el antecedente de dos jóvenes detenidas por esta misma policía y amenazadas con ser violadas.

“Conocemos un testimonio de una persona que vio vehículos policiales de investigación sin placa trasladando a dos mujeres y estas dos mujeres están desaparecidas”.

“Hay zonas del país donde la policía opera bajo la dinámica que son los que mandan en la zona y hacen lo que les da la gana”. Este es un tema complicado porque si una persona ve a dos personas amarradas y vendadas, es difícil de probar.

 

Creo que ha sido un patrón y esta es una zona de mujeres desparecidas. Cuando hay desaparición de mujeres es porque hay trata para sexo o para abuso sexual, de esos casos donde secuestran mujeres indígenas y las matan y las entierran.

Esto ocurrió en La Esperanza, Intibucá. Esta zona de Marcala, La Esperanza, San Miguelito, es una zona de femicidios.

Sostuvo que la posición de la Secretaría de Seguridad debe ser investigada porque el 7 de febrero, mediante un comunicado, aseguraron que el de Keyla Martínez, fue un suicidio.

“Eso quiere decir que Secretaría de Seguridad protege abusadores, que la Secretaría de Seguridad está consciente que hay una red de asesinos al interior de la policía ¿qué es lo que está pasando? La Secretaría de Seguridad hasta el momento no ha explicado por qué la prisa de ese comunicado tan irresponsable”, sentenció.

Policías investigados por trata y violencia sexual

La Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas  (UTESCTP) respondió ante una solicitud de información pública que no cuenta con estadísticas de policías investigados entre 2006 y 2020. Pero esto es mentira.

El 2 de julio de 2020, el Ministerio Público (MP) informó que la UTESCTP “desarrolló de manera virtual una audiencia de revisión de medidas en la que se logró que se mantenga la Prisión Preventiva en la causa que se sigue por el delito de trata de personas en la modalidad de trabajo forzado en contra de Santos Sánchez Espinal, un agente que fue depurado de la institución policial en 2016 y que luego emigró pero fue deportado de Estados Unidos”.

Además el 26 de noviembre de 2020, en el marco de la “Operación Chakal”, el MP informó que la UTESCTP detuvo a 15 personas, cinco de los detenidos son miembros activos de la Policía Nacional, informó en ese momento el MP, los detenidos fueron:

1) Edwin Euceda Barahona – Comisario de policía. (Capturado en Tocoa, Colon)
2. Hugo Ramón Posas Andino – Sub Inspector de policía. (Capturado en Tegucigalpa)
3. Federico Leonardo Logan López – Clase III de policía. (Capturado en Tegucigalpa)
4. Juan Alberto Morazán Suarez – Clase I de policía. (Capturado en Tegucigalpa)
5. Diandra María de Zelaya – Agente de policía. (Capturado en Tegucigalpa)

Esto evidencia que la UTESCTP ocultó información no se sabe por qué.

Vea: Ministerio Público esconde cifras de militares hondureños o estadounidenses investigados por supuesta trata de personas 

Violencia sexual

Mientras tanto, la Fiscalía Especial de la Mujer ha investigado en ese período, 14 casos que involucra a policías preventivos y policías militares, en su mayoría. También, son investigados, militares de escalas bajas, implicados en violencia sexual contra mujeres.

De manera coincidente, tres de estos casos de violencia sexual, cometida por policías, fueron registrados en Lempira, La Paz y Santa Rosa de Copán.

Se solicitó ante la Secretaría de Seguridad, conocer cuánto policías han sido investigados, detenidos o capturados por estar implicados en trata de personas. Respondieron que eso le corresponde a la Didadpol y negaron la información.

Vea: Red de trata con políticos y militares, denuncia defensor de DD. HH. exiliado en Suecia

Para garantizar la independencia periodística, este reportaje fue producido por el equipo de Reporteros de Investigación. La política editorial y la investigación independiente así como los derechos de autor son un resultado del trabajo de Reporteros de Investigación, vea nuestra Política Editorial.

 
Esta investigación se llevó a cabo con el respaldo del proyecto HondurACTion y ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Unión Europea. El contenido de este documento no representa necesariamente la opinión de la Unión Europea. HondurACTion es un proyecto en consorcio conformado por distintas organizaciones: Christian Aid (CA), el Centro de Desarrollo Humano (CDH) y el Organismo Cristiano para el Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) con el apoyo financiero de la Unión Europea, organizaciones que apuestan a la transparencia, el buen gobierno, la lucha contra la corrupción, y la promoción de igualdad de género en el contexto hondureño, con el objetivo general de “contribuir al ejercicio pleno del derecho de participación ciudadana efectiva en la lucha anticorrupción y por la transferencia”.

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