En la mira de justicia, militares y narcos

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Diseño de Investigación: Sonia Godoy, Colombia; Thirzia Galeas, Wendy Funes, Honduras

|Investigación de campo: Thirzia Galeas, Wendy Funes,| Honduras | Gibrán Mena, México.

| Edición: Gibrán Mena,  DataCrítica|  

Redacción: Reporteros de Investigación, Honduras| DataCrítica, México

| Visualización de datos: DataCrítica

 

 

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la Internacional Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Adelante en América Latina.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. A Nancy Patricia Castro Molina, con solo 29 años la vida le cambió del anochecer, al amanecer siguiente que su hermano Marvin Gómez llevaba 24 horas como desaparecido. Conformaron cuadrillas en la comunidad, desde las 8:00 de la mañana y empezaron a buscarlo.

Una persona desconocida lo llamó el 12 de julio de 2020, salió de su casa y no volvió. Castro Molina contó que su hermano nunca faltaba a su casa. Desde la primera noche que no llegó a dormir, su familia se preocupó. Los testimonios coinciden en que antes de que encontrar su cadáver, un compadre cercano a Marvin Gómez había llamado tres veces para preguntar por él. Este hombre huyo del pueblo y creen que está en Estados Unidos. 

Castro era uno de los directivos del movimiento Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida MassVida,  una de las luchas más recientes de MassVida es por las operaciones de la Generaciones Energéticas (Genersa).

En diferentes comparecencias públicas de los últimos meses, Gómez había denunciado que recibía amenazas, confirmó Germán Chirinos, coordinador de MassVida.

Eran como las 11:30 o 12:00 cuando lo encontraron. Una persona que pasaba por el potrero, situado cerca de una zona transitable y turística del caserío, vio el cuerpo y avisó al resto de la comunidad. Nancy vio el cuerpo de su hermano desfigurado con saña. La cabeza estaba irreconocible sólo pudieron identificarlo por su ropa.

La familia le entregó el celular a la policía. Cuatro meses después de buscar justicia e ir de una reunión a otra para saber qué pasó con su hermano, Nancy se aferra a la esperanza de conocer el resultado de las últimas llamadas y saber la causa de muerte. “No he recibido amenazas y tengo el apoyo de diferentes organizaciones”, responde al preguntarle por los riesgos de buscar la verdad en un país como Honduras.

 

Respuesta de la Secretaría de Seguridad ante Solicitud de Información Pública para conocer estado actual de investigación de los crímenes.

 

Fabricantes de impunidad

La impunidad se empieza a fabricar desde la escena del crimen. Lo demuestra el caso de Marvin Castro. La policía que participó en el acordonamiento de la escena del crimen entregó el cadáver a sus familiares para que lo enterraran, eso es lo que recuerda su hermana Nancy Castro. “Hay tres sospechosos, pero no sabemos más”.

Lo asesinaron durante el toque de queda. Él fue uno de los seis ambientalistas, registrados por la oenegé ACI Participa en su informe Defensoras y Defensoras Asesinados durante 2020.

Esa tarde de la exhumación. La Dirección de Medicina Forense sacó el cuerpo del ataúd, hicieron un procedimiento en una hora y luego partieron,—contó la abogada Castillo—. Aun ni  ella, con su formación en ciencias jurídicas, comprendió todo el método que aplicaron al cadáver porque ese día no recibieron información clara sobre las pericias forenses que siguieron después de la exhumación. Eso fue lo que vio Castillo.

“Pensé que era un proceso humanista, pero no. Los médicos forenses llegaron, saludaron a los familiares y le pidieron que se hicieran para atrás”.

Cuatro meses después de esta exhumación, Castillo la recordaba en su oficina, en la zona sur de Honduras, sin saber  hasta ese momento la causa de muerte del defensor ambiental.

Desde que encontraron su cuerpo desfigurado, sus familiares y compañeros de la organización MassVida se han estrellado con la secretividad y con el aislamiento que sufren los familiares cuando enfrentan un proceso penal para saber la verdad. 

Militares y drogas

Para la policía, una de las principales hipótesis es que la muerte está ligada a un crimen relacionado con una relación que mantenía el ambientalista, la otra hipótesis es que fue por su activismo en la defensa medioambiental. Uno de los sospechosos está ligado a un militar de la zona. 

“Nos preocupa lo que se dice para tratar de desvirtuar y desvincular cualquier responsabilidad que venga de todos los sistemas  empresariales y querer orientarlo como se dijo también en el caso de Berta Cáceres que era problemas pasionales. Era un hombre casado, con un niño de siete años, vivía felizmente con su familia”, dijo un defensor de MassVida.

Al parecer una semana antes de su muerte había denunciado que recibía mensajes donde le decían: “dejá esa lucha que andás haciendo ‘sino vas aparecer muerto’. Él contó también que amigos, habían sido enviados como emisarios para decirle: Marvin dejá esa lucha, te trae muchos problemas, te trae mucha preocupación”.

El defensor de derechos humanos, German Chirinos, reveló que el equipo de Massvida, incluido Castro, tenía medidas colectivas del Mecanismo de Protección. “Seis días previo a su asesinato estuvimos reunidos con el equipo del Mecanismo de Protección para el análisis de riesgo de los próximos seis meses”.

La abogada castillo cree que al igual que en el caso de Berta Cáceres, que una persona se infiltró en su organización, se hizo cercana a ella y la colocó en riesgo; en el caso de Castro una persona amiga de otro militar estuvo muy cerca de él antes de su asesinato. Después de la muerte del ambientalista, este hombre escapó.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) ha venido denunciando los escollos que enfrentan para que la justicia dicte condena contra David Castillo, uno de los supuestos coautores intelectuales del asesinato de Cáceres, hasta la fecha solamente hay militares y civiles como autores materiales condenados. Mientras integrantes de la familia Atala –una de las más poderosas de Honduras– no han sido siquiera citados a la fiscalía para declarar como supuestos hechores intelectuales, según lo que alega el Copinh.

Los casos de Berta y Marvin Gómez se parecen en que en ambos, se violentó el Derecho a la Vida, Derecho a la Dignidad, Derecho a la Integridad, Derecho a la Verdad y Derecho de Acceso a la Justicia, pero también se parecen en que la incidencia de la sociedad civil mantiene vivas estas causas e impide que los operadores de justicia los archiven, analizó la directora de la red de defensoras.

Tanto la familia de Berta Cáceres como la de Marvin Gómez sufren la incertidumbre al desconocer cómo avanzan las investigaciones porque las autoridades mantienen los procesos en secretividad.

Secretos del poder

Las  muertes son investigadas por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV).  Mediante resolución No. CIMP-024-2013, la Comisión Interventora del MP el 13 de agosto de 2013 creó la FEDCV.

En esta fiscalía está la Sección de Investigación de Muertes de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables que cuenta con 10 unidades para investigar la muerte de defensoras y defensores, campesinos, periodistas, comunicadores, mujeres, niños, niñas y personas de la diversidad sexual, muertes de personas de pueblos indígenas. 

Mediante acuerdo No. 04-2014, de fecha 27 de febrero de 2014, fue creada la Unidad especializada para la Investigación y enjuiciamiento de muertes Violentas en la zona del Bajo Aguán (UMVIBA).

Entonces el problema no es que no exista la estructura institucional, sino como dijo uno de los activistas de MassVida que luchaba junto a  Gómez, es una forma similar como un patrón que se “acostumbra a hacer con los defensores y líderes sociales en Honduras, secuestrado, torturado y no asesinado con disparos ni con arma blanca sino a golpes con garrotes y con piedras nos dice que fue torturado para sacar información”.

El caso de Marvin Castro es investigado por el Fiscal Isaí Campos asignado a la zona sur. Campos respondió que no puede dar declaraciones de ningún tema y que para eso está la oficina de Relaciones Públicas.

Campos fue mencionado en un caso por supuesto tráfico de drogas. Según consta en el expediente del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, el 6 de mayo de 2016, el fiscal interpuso demanda de reintegro. En 2019, ocurrió su reintegro porque este Juzgado declaró procedente la demanda, anuló las resoluciones de despido del Ministerio Público y ordenó pagar salarios dejados de percibir. 

Fiscal anula sus mismas resoluciones al darse cuenta que violentó procesos

En 2009, la Dirección de Fiscalía había solicitado su despido por hechos ocurridos a finales de 2006 y principios de 2007. Mediante resolución FGR 107 2014 el fiscal general anuló una resolución emitida por él mismo que ordenó el 2 de mayo de 2012, el despido iniciado contra Isaí Campos. 

Dos años más tarde, mediante resolución FGR 259 2016, el fiscal general anuló la notificación del secretario general hecha a Isaí Campos de la resolución FGR 006 2016.  La resolución FGR 006 2016 dice que no se ha certificado la confiabilidad de Isaí Campos. 

Otra resolución con número FGR 033-2015 habla de la supuesta mala conducta del fiscal Campos en Roatán, al confrontar en estado de ebriedad a policías y llevar a cabo  decomiso de lanchas sin extender las respectivas actas  legales y que realizó supuestos cobros en dólares a personas detenidas con las lanchas. Para conocer las explicaciones  de la Fiscalía sobre este asunto, se hizo una solicitud de información pública. Por medio del Oficio No. Afga-317-DSB-202,  la Fiscalía General Adjunta respondió que esta es información reservada

En conclusión, estos dos casos, de los defensores asesinados en 2020, están impunes al igual que el resto y el único que se ha judicializado es el de Berta Cáceres. Pese a tener trascendencia internacional, a cinco años del crimen, no hay autores intelectuales en prisión.

Sin embargo, siempre se obtuvo copia íntegra del expediente del fiscal para conocer el entramado secreto que rodea las circunstancias y antecedente de servidores públicos encargados de investigar crímenes contra ambientalistas.

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