Grupos extractivistas con codicia y poder

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 Diseño de Investigación: Sonia Godoy, Colombia; Thirzia Galeas, Wendy Funes, Honduras

|Investigación de campo: Thirzia Galeas, Wendy Funes,| Honduras | Gibrán Mena, México.

| Edición: Gibrán Mena,  DataCrítica|  

Redacción: Reporteros de Investigación, Honduras| DataCrítica, México

| Visualización de datos: DataCrítica

 

 

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la Internacional Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Adelante en América Latina.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Estos crímenes ocurren en un contexto dominado por élites extractivistas. 

En Honduras, los grupos de generación de gas, agua, electricidad, solo aportan el 20 por ciento del Producto Interno Bruto. Mientras que el promedio en América Latina es del 26, encontró la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Lo detalla en su  informe Desarrollo y migración: desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica.

Así que el 80 por ciento de la producción nacional es financiada por otros rubros, pero hay conflictos y muertes en todo el territorio debido a la explotación de los recursos.

Hasta el 2017, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), había otorgado un total de 282 concesiones mineras. La mayoría, en Cortés, Olancho, Choluteca Francisco Morazán  y Santa Bárbara, registró el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en 2018.

Su estudio descubrió que “había un total de 315 plantas generadoras de energía. De esa cantidad, 157 se tipifican como hidroeléctricas, siendo Cortés Olancho, Atlántida y Santa Bárbara, los departamentos en donde más se registran proyectos hidroeléctricos”. 

En los puntos más álgidos de conflicto de los últimos años, contados para esta investigación, aparecen proyectos de los empresarios Adolfo Larach, Jason Hawit, la empresa INMARE, del empresario Wilder Domínguez. 

También las compañías de Miguel Facussé, ya fallecido y del empresario Jorge Luis Casis, Emin Abufele, la diputada Gladis Aurora López, Lenir Pérez

Los  casos emblemáticos de asesinatos contra:
-Berta Cáceres (3 de marzo de 2016), Intibucá (Occidente)

-Carlos Escaleras (18 de octubre de 1997), Olancho (Oriente)

-Jeanette Kawas (6 de febrero de 1995) (Zona atlántica)

-Carlos Luna (18 de mayo de 1998) (Olancho).

Revisados para esta investigación con el fin de  compararlos con dos –de los seis crímenes– ocurridos en 2020: contra Castro y Teruel,  muestran el mismo modo de operar  y una estructura similar para garantizar impunidad y falta de justicia.

La inveterada impunidad de élites desde los noventa

La participación de actores estatales en la muerte de ambientalistas es una constante, pero ahora hay participación más frecuente de militares y narcotraficantes en estos crímenes. 

El informe No. 43/14 del caso 12.492 de Carlos Escaleras Mejía y familia vs Honduras, del 17 de julio de 2014, cita que “los peticionarios indicaron que el estado es responsable por el asesinato del defensor ecologista Carlos Escaleras Mejía ocurrido el 18 de octubre de 1997, así como por la falta de investigación para esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables de tal hecho”.

«Señalaron que el homicidio del señor Escaleras Mejía se enmarca en un contexto de amenazas, persecuciones y asesinatos a ecologistas y defensores ambientalistas, tal como sucedió en los casos de blanca Jeannette Kawas y Carlos Luna, ya conocidos por los órganos del sistema interamericano. Señalaron que estos hechos de violencia son generados por parte de “poderosos terratenientes y empresarios”, lo cual ha sido tolerado por el Estado».

Complicidad estatal

«El mismo día Santos Figueroa Hernández, compañero de Carlos Escaleras, declaró que Mario Gutiérrez le contó que fue separado de la DGIC “por haber encontrado indicios racionales en la muerte de Carlos Escaleras, que habían indicios contra Miguel Facussé y Salomón Martínez (diputado) y mencionó a Oscar Sosa”. Sostuvo que le dijo que el cheque era verdadero pues había conseguido la copia en un cajero y que el director de la DGIC lo puso en la caja fuerte», dice una declaración que consta en la CorteIDH.

Un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de ERIC/CEJIL Caso Carlos Escaleras y otros vs Honduras, presentado ante la Corte Interamericana, con fecha 6 de junio de 2018, cita:

«De hecho, a pesar de que en el expediente reposa amplia prueba sobre la supuesta participación del diputado Salomón Martínez, quien supuestamente habría recibido dinero del empresario Miguel Facussé para asesinar a Carlos Escalera Mejía en los hechos, este nunca fue llamado a declarar, ni fue vinculado de manera alguna a la investigación. Igualmente, el 14 de octubre de 2003, tras haber recibido la declaración de los supuestos autores intelectuales, ese juez procedió de forma a expedita a sobreseer a Miguel Facussé, otra de las personas señaladas como supuesto autor intelectual de los hechos. Ello pese a que en el expediente reposaban diversos indicios en su contra».

Facussé no era cualquier empresario. Era tío del presidente de la República, Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002). Estaba en conflicto con ambientalistas y defensores de la tierra del Bajo Aguán. 

En la última década, la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) investigó 118 muertes y realizó 87 exhumaciones, relacionadas con el conflicto agrario, documentó en 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Facussé fue además yerno de Freddy Nasser. En palabras del académico Eugenio Sosa, Nasser lídera el Grupo Terra. “Grupo Terra maneja el rubro de la generación de energía termoeléctrica, hídrica y eólica. Distribuye combustibles y productos derivados del petróleo. Tiene negocios en el sector inmobiliario e infraestructura en el ámbito nacional, regional e internacional. Mantiene operaciones en nueve países de Latinoamérica. Lidera el mercado centroamericano en la proporción de combustible para aviones en ocho aeropuertos de Centroamérica y Belice”.

El informe de Globlal Witness, titulado “Honduras, el Lugar más Peligroso para Defender el Planeta”, difundido en enero de 2017, describe el poder de Miguel Facussé, ya fallecido, y de sus familiares:

“El suegro de Lenir Pérez era Miguel Facussé, uno de los empresarios más adinerados de Honduras…Antes de su muerte, a los 90 años, en junio de 2015, Facussé era el propietario de Dinant, un gigante de la agroindustria y los biocombustibles acusado de graves violaciones de derechos humanos, incluido el asesinato de muchos agricultores a pequeña escala que se oponían a las plantaciones de aceite de palma en Bajo Aguán, en el norte de Honduras. Dinant niega rotundamente cualquier implicación directa o indirecta en tales actividades”. Incluso antes de la crisis de Bajo Aguán, ya se había acusado a Miguel Facussé de encargar el asesinato de un activista ambiental, Carlos Escaleras. En una entrevista del La Times en 2012, comentó: «probablemente tuviera motivos para matarlo, pero no soy un asesino». “Parece ser que Facussé también pudo estar implicado en el tráfico de drogas. En un telegrama de Wikileaks procedente de la embajada de Estados Unidos se describía el aterrizaje en una propiedad de Facussé de un avión con 1.000 kilos de cocaína procedente de Colombia en 2004. Fuentes estadounidenses indicaron que Facussé estaba presente en la propiedad durante el incidente. Más recientemente, un excontratista de Dinant, José Ángel Bonilla Banegas, fue detenido por usar su empresa de transporte como tapadera para llevar droga de contrabando a Guatemala”. «Pérez es militante activo del partido gobernante en Honduras y ha hecho apariciones públicas con la primera dama del país. Sus actividades empresariales están actualmente en el candelero tras haber ganado un contrato para construir el nuevo aeropuerto internacional del país, a pesar de no tener experiencia previa de construcción de aeropuertos, según algunos comentaristas en los medios. Hay quien afirma que el contrato por valor de 140 millones de dólares estadounidenses habría sido suficiente para construir cuatro aeropuertos de ese tamaño” ».

El yerno de Facussé además ha incursionado en la minería, reveló al respecto Global Witness.

Respecto a Janette Kawas, la CorteIDH consideró que la “investigación del asesinato de la defensora ambientalista blanca Jeannette kawas se caracterizó por la falta de diligencias fundamentales que pudieran aportar al esclarecimiento de los hechos, lo que contribuyó a que no se pudiera determinar la identidad de los responsables. Algunas de las irregularidades que se identificaron en el proceso son el deficiente manejo de la escena del crimen, la no realización de autopsia al cadáver de la señora Kawas, la no sustanciación de líneas de investigación básicas a partir del contexto y las particularidades del caso”.

La CorteIDH cita textualmente: “El sargento Ismael Perdomo, responsable de la fuerza pública de Tela cuando ocurrieron los hechos, se encargó de ejecutar diversas acciones tendientes a la obstaculización de las investigaciones en el caso de la muerte de Jeannette Kawas. Por ejemplo, se presentó al lugar de los hechos pocos minutos después de ocurridos sin embargo no realizó acción alguna para lograr la captura de los autores materiales: no intentó perseguir a los criminales, no intentó movilizar a sus subordinados u otros agentes de seguridad para evitar la fuga de los perpetradores; amenazó a los testigos presenciales en el momento de los hechos y con posterioridad para evitar que declararan; un mes después del asesinato, coaccionó a un menor de edad para que involucrara falsamente a terceras personas en los hechos”. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/kawas_fernandez_hn/alefrep.pdf

En expedientes de la CorteIDH también se menciona el nombre de Miguel Facussé como de uno de los empresarios afectados por el activismo de la ambientalista Jeanette Kawas, asesinada.

La jurisprudencia de la CorteIDH para la defensa de defensores medioambientales es útil para toda América Latina.

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