La tenaz lucha de la defensa del territorio contra la extracción colonial

José Antonio Teruel, en defensa del río Patuca

Créditos
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 Diseño de Investigación: Sonia Godoy, Colombia; Thirzia Galeas, Wendy Funes, Honduras

|Investigación de campo: Thirzia Galeas, Wendy Funes,| Honduras | Gibrán Mena, México.

| Edición: Gibrán Mena,  DataCrítica|  

Redacción: Reporteros de Investigación, Honduras| DataCrítica, México

| Visualización de datos: DataCrítica

 

 

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la Internacional Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Adelante en América Latina.

 

 

La puesta del sol acababa de brillar sobre el segundo río más grande de América Central. 

Por esta tierra del oriente de Honduras corren afluentes frondosos y se extienden bosques exuberantes. También hay oro. 

Aquí los sicarios con armas de grueso calibre aprovecharon que llegaba la noche. Entraron a la casa del matrimonio de defensores del Río Patuca, Francisca Aracely Zavala y José Antonio Teruel. Los asesinaron y, también, a su hermano menor Marco Tulio Zavala el 27 de septiembre de 2020.

15 horas después: al otro extremo, en la zona sur, el lunes por la tarde, los hombres de la familia del también defensor del territorio Marvin Damián Castro sudaban, escarbando para desenterrar el cuerpo sin vida de su familiar.

Todos llevaban mascarillas por la Covid-19 que mantenía con toque de queda el país desde seis meses atrás. Aun así, la estocada del cuerpo exhumado estremeció a representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. También, a la directora de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, Nidia Gisela Castillo, y al delegado de la oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

A Castillo le pareció que el dolor de la madre de Castro era mucho más fuerte que ese olor. Ese olor que daba un cosquilleo difícil de explicar porque se siente en la nariz y va a desembocar al estómago.

Habían llegado desde las 10:00 de la mañana y ya eran alrededor de las 2:00 0 3:00 de la tarde ese 28 de septiembre de 2020.

–Con ese dolor y sufrimiento se atrevieron a desenterrar el cuerpo, inhumado sin autopsia dos meses antes y darle sepultura, de nuevo–, dijo Castillo. En el caso contra Castro hubo militares ligados, dicen los testimonios recogidos por el equipo de investigación.

Mientras en Olancho, al nororiente, lloraban y enterraban sin velorio, por la pandemia, a los ambientalistas; al sur de Honduras exhumaban a  Castro.

El modo de operar en ambos casos tiene rasgos parecidos al crimen contra la ambientalista defensora del Río Gualcarque, Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016. Liquidada por militares que entraron durante la noche a su casa, situada al occidente de Honduras.  Los militares junto a civiles actuaron como sicarios de  ejecutivos de la empresa DESA. 

Un elemento que pasa inadvertido es que estos empresarios, en algunos casos, son financiados por  conglomerados transnacionales, provenientes de países cuyos gobiernos, en el Examen Periódico Universal (EPU), dan recomendaciones a Honduras sobre cómo respetar los derechos humanos.

Honduras fue al tercer ciclo de evaluación EPU en 2020. El Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de la ONU citó que el país recibió 223 recomendaciones EPU.

Entre las recomendaciones, la situación de ambientalistas y defensores de derechos humanos ocupa la atención del resto de países. También una lista organismos internacionales se ha pronunciado preocupados por la protección de personas defensoras de derechos humanos:

  • Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales las repercusiones negativas que tenían algunos proyectos de explotación de recursos naturales.
  •  Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos observó que la información secreta, la falta de transparencia y  la intensificación de los conflictos sociales relacionados con los proyectos de desarrollo a gran escala solía guardar relación con la falta de celebración de consultas pertinentes.
  •  El equipo de las Naciones Unidas en el país observó que la Secretaría de Derechos Humanos se encontraba en proceso de elaboración de un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos.
  •  El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señaló que el delito de asociación terrorista previsto en el nuevo Código Penal tenía un alcance excesivamente amplio que podía utilizarse en contra de los defensores de los derechos humanos.

No obstante, de algunos países que dan recomendaciones a Honduras, es de donde proviene el capital de las transnacionales  que han financiado proyectos que significan la muerte de ambientalistas.

Por ejemplo, China ha dado recomendaciones EPU al Estado de Honduras, la más reciente para desarrollar la economía, aumentar el empleo, reforzar la erradicación de la pobreza y mejorar el nivel de vida de la población con tal de respetar los derechos humanos. Sinohydro es una empresa China cuya operación en Patuca III generó más pobreza y conflicto social en el municipio de Patuca, departamento de Olancho.

“Es una desgracia para los pueblos porque aquí no le consultan al pueblo lo que le conviene o no le conviene, lo que le afecta o no le afecta. Las concesiones para beneficiar a trasnacionales, políticos a empresarios a costa del sufrimiento del pueblo, lo que trae es desgracia y atraso en las comunidades”. 

Miguel Navarro-Defensor/ambientalista de Patuca, Olancho.

Pese a tener la represa Patuca III en su suelo, este sitio tiene problemas con la energía eléctrica, ahora padecen enfermedades de la piel, más plagas en los cultivos y muerte inexplicable de la vida silvestre, algunos monos mueren en los corredores de las casas. Al menos diez padres de familia murieron de ataques al corazón mientras esperaban la indemnización y dejaron desamparadas a sus familias.

Holanda recomendó aprobar leyes y políticas de protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas, atraer la participación de la sociedad civil en este proceso y aportar fondos suficientes.  

Como socios de Genersa están las marcas noruegas, Scatec Solar ASA y de KLP Norfund Investments AS para producir energía en Namasigüe, Choluteca y en todo el departamento. También la transnacionales irlandesa Fyffes financia a Suragro. Esta última tiene un conflicto con sindicalistas en el sur de Honduras. 

Noruega ha recomendado a Honduras adoptar medidas eficaces para reforzar y garantizar la independencia y la imparcialidad del poder judicial, entre otras cosas adoptando medidas de salvaguardia para impedir los nombramientos y destituciones irregulares (Noruega).

Esa falta de un poder judicial independiente ha impedido que los autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres sean tocados. A partir del 2014, el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca tenía como entes financieros al Banco Centroamericano de la Integración Económica, el Banco de Desarrollo Holandés FMO y el Finnfund de Finlandia. 

En 2020 Copinh anunció: “La desvinculación del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) del proyecto de muerte Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres y una aceptación de responsabilidad del BCIE en la violencia ocurrida. Tal como lo exigía el COPINH. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial, informó el Copinh.  La gigante China se había desligado desde antes del crimen.

Canadá recomendó aumentar la cantidad de agentes del orden, jueces y fiscales que reciben capacitación específica en materia de derechos humanos y grupos minoritarios (Canadá).

“Es parte de la política de estos países lavar su cara a través de fondos millonarios, por ejemplo Canadá en este caso da recursos para empoderamiento de mujeres pero a la vez empresarios canadienses tienen enormes concesiones para proyectos extractivistas. Hay países como Taiwán que donan millones a este país en educación. Salud, infraestructura, pero también son parte de estos proyectos”. 
Coordinadora de Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, feminista Merly Eguigure.

Garífunas están criminalizados por su lucha ancestral y ambiental por la tierra, mientras el canadiense de CareVida,  Randy Jorgensen, apodado el “Rey del Porno” está libre, impune. Ofraneh denuncia que más canadienses llegan a sus tierras en la costa atlántica. Y hay dos defensoras en prisión, cuatro desaparecidos y más de 40 asesinatos.

Gold Corp, la empresa canadiense que operó la minera Entremares, dejó secuelas que aún sufren los pobladores del Valle de Siria, en el centro del país.

 

México: “Me preocupan mis hijos, el mundo que les espera”.

Motivos para seguir en pie de lucha, dice Liliana Velázquez, defensora del territorio, no faltan.

“Para seguir en esta lucha me dan fuerza todas las injusticias que hay. Me preocupan mis hijos, el mundo que les espera. No me quiero imaginar qué futuro les espera. Yo creo que eso también me impulsa a seguir resistiendo el temor”.

Mujeres del pueblo Hñäñu, campesinos y defensores adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona descansan bajo las carpas o toman aguas frescas a unos metros del arco donde fue emboscado y asesinado Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos.

Acaba de terminar la conmemoración de la lucha de Zapata por la devolución de tierras despojadas por hacendados a campesinos a inicios del siglo pasado. Muchos lo comparan con Samir Flores, similitud que en vida rechazó siempre, lo mismo que con Vinh Flores, tío de Samir quien empujó la apertura de la Normal Rural para mujeres en Amilcingo, Morelos. 

“Samir nunca se consideró ni un Zapata ni un Vinh Flores, aunque algo traía en la sangre”, dice Liliana. 

El intenso rayo del sol la tiene refugiada bajo un árbol. “Es una ceiba”, alcanza a decir una pobladora de Chinameca, que va pasando.

Liliana asiente y sonríe. La ceiba es un árbol originario del área donde se separaron los continentes africano y americano. Sus flores sirven a las abejas para producir miel, y sus hojas son medicinales. El conocimiento de las plantas es una de las enseñanzas que promovía Samir en la escuela primaria que hoy lleva su nombre, también en Amilcingo.

“El general Emiliano Zapata defendía la tierra y la libertad, nosotros le añadimos la vida. Tierra, libertad y vida” dice el profesor Jorge Velázquez  (no está emparentado con Liliana), compañero de lucha de Samir desde el comienzo de la divulgación de los riesgos del proyecto.

Liliana Velázquez anima a otras personas defensoras durante la conmemoración del 102 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Foto: Gibran Mena/Data Crítica

Si la lucha sigue, coincide con Liliana, es porque saben que no puede cargarla una sola persona.

“Es la propia comunidad la que no se cansa. Nos quieren quitar lo poco que tenemos hasta el dia de hoy, que nos heredaron nuestros abuelos, el territorio que nos dedicamos a sembrar. Samir pertenecía al FDPT donde fue creador, no sólo de Amilcingo. Eso nos ha hecho hermanarnos con otras luchas”.

La lucha aquí es contra el temor, dice Liliana, el temor de que todo estalle en mil pedazos  un mal día, porque están a metros del gasoducto que el gobierno federal comenzó a construir en 2011 para transportar gas fósil, un gas de origen en carbono que ha constribuido con más del 50 por ciento de las emisiones globales de carbono desde 2016, a pesar de que es etiquetado como “natural” para propósitos comerciales. Las emisiones de carbono contribuyen a la crisis climática. De acuerdo con Witness, se requiere un decremento del 40 por ciento en la producción global de gas fósil como el del PIM para cumplir la meta de llegar a 1.5 grados sobre la temperatura preindustrial del planeta.

“La mayor exigencia sigue siendo la misma: queremos la termoeléctrica fuera. No queremos que se lleven nuestra agua del campo. Seguimos exigiendo justicia por Samir”, dice Liliana.

Aunque el actual presidente de México, en campaña presidencial detractor y ahora impulsor del Proyecto Integral Morelos, dice que su objetivo es generar energía eléctrica para el Pueblo de México, su instalación comenzó en 2011, cuando en la primera Manifestación de Impacto Ambiental se asienta que el objetivo de la construcción de los ductos para transportar gas fósil es el de alimentar los ramales privados de las empresas Burlington y Saint-Gobain y así crear un corredor industrial en Morelos.

“Cuando inició todo esto se hicieron varios estudios. Justo por estos pueblos lo que bajan son venas que vienen del volcán. Es la zona que corre peligro. Es la zona que más preocupa, el tener por un lado el volcán activo y por otro el gasoducto. En un caso de esos, estamos rodeados por el gasoducto, hacia dónde nos vamos”, acota Liliana.

Un estudio del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la universidad autónoma de Puebla (Cupreder) concluye que el excedente de gas de la termoeléctrica es de 6 millones 576 mil 742 metros cúbicos por día incluso al operar al 100 por ciento, por lo que es prácticamente imposible que el excedente no se comercialice como estaba planeado, en un corredor industrial en la zona, que adicionalmete incrementaría la densidad poblacional de las faldas del volcán, exponiendo a más población.

En 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México determinó en su recomendación 2018/3 que la ejecución del Proyecto Integral Morelos había sido violatoria de los Derechos Humanos de pueblos originarios afectados por el proyecto, que no fueron consultados adecuadamente de acuerdo con mecanismos internacionales. 

Aunque la Comisión Federal de Electricidad, encargada de la construcción de la termoeléctrica, señaló entonces y ahora que no hay pueblos originarios afectados, la CNDH determinó con base en datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que el PIM en su conjunto incide en 37 pueblos originarios, además de 38 comunidades de interés por contar con más de 150 habitantes indígenas.

“Se identifica una población aproximada de 51 030 personas indígenas del total”, detalla la recomendación.

Pero en la documentación que aportaron diversas dependencias a la consulta promovida por el presidente tres días después del asesinato de Samir Flores, se insistió en invisibilizar a la población indígena afectada. Cuando Samir Flores comenzó en 2011 a alertar a la población de todo esto, la estrategia de la Comisión Federal de Electricidad fue la de convencer a pobladores de apoyar el proyecto. Liliana indica que fue por medio del uso de programas públicos que eran entregados a quienes apoyaban la construcción. Amilcingo comenzó a resquebrajarse por esta presión.

“Yo creo que la comunidad se ha habido muy afectada por el rompimiento entre familias, las

agresiones, los niños, entre niños se llegan a agredir en las escuelas”.

Para la defensora, el asesinato de Samir fue un daño psicológico más de la entrada del megaproyecto a las tierras de Amilcingo, y que a su vez fue facilitado por el ingreso de los partidos políticos a las poblaciones que tomaban decisiones en conjunto, por medio de asambleas.

“Era muy unido. Desde que inician estos partidos políticos es donde muchas comunidades comienzan a tener conflictos, pero a pesar de eso para muchas cosas Amilcingo era unido”, narra Liliana.

“En el centro se hacían las dos fiestas 21 de marzo y 30 de septiembre, en la que la gente de la comunidad se reunía. Los bailes, los juegos… Se concentraba en el centro. Después de estos conflictos que empieza a haber por el gasoducto la comunidad se divide, y ahora los que están a favor de estos proyectos hacen sus fiestas aparte”.

Para el gobierno federal, el riesgo de explosión por derrumbes, escurrimiento de lodos o el caso de una erupción volcánica no es real. Las preocupaciones vienen, según la documentación de la consulta, de un documento “sin logotipos” del Sistema Sismológico Nacional.

Sin embargo, la CNDH, un año atrás hizo público en la recomendación que fue un estudio del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), y no del Sismológico Nacional, el que determinó los riesgos del trazado original de los gasoductos, y que el retrazado ocurrido como parte del proceso de implementación en 2014 no aportó ninguna evidencia de haber mitigado dichos riesgos.

De acuerdo con el documento, el trazo original del gasoducto incidía en zonas de peligro por: flujos piroclásticos y de lava en 23 kilómetros de la zona de peligro moderado y 78 kilómetros dentro de la

zona de peligro menor, por lo que el peligro es “significativo”. Además, existen peligros independientes de una potencial erupción volcánica, debido al “flujo de lodos en la zona de peligro mayor cerca de la localidad de Atlixco, Puebla, y una zona de peligro moderado de 34 kilómetros en varias zonas ubicadas al sur del volcán”.

En Amilcingo, la tierra de su compañero Samir y ahora la de sus hijos, Liliana ha pasado muchas tardes en una de las barrancas, un refugio donde el defensor enseñaba a sembrar antes de que fuera asesinado, el 20 de febrero de 2019.

“Es patrimonio de la comunidad, Samir la cuidaba mucho, llevándolos a limpiar y a sembrar árboles.

Es un espacio que aún se conserva limpio. El agua que ahí corre, por esa barranca, es agua que está

naciendo”.

La segunda preocupación de Liliana y su pueblo es la utilización del agua que ahora sirve para riego de cultivos, en la planta tratadora. El presidente ha dicho que el agua no es la del Río Cuautla, sino aguas negras provenientes de la Ciudad de México que pasarían por la planta de Tratamiento local. Pero esta planta es precisamente la que alimenta el Río Cuautla, con aguas tratadas. En la presentación de la consulta de 2019, el gobierno federal argumentó que entre 2015 y 2018 se instaló infraestructura de extracción de agua que supuestamente beneficiaría a los agricultores de Morelos.

Sembrar, para la población de Amilcingo, es mucho más que una actividad económica. Es el legado de Samir Flores y una manera de conservar la biodiversidad local, necesaria para evitar una crisis climática global.

La lucha de defensoras como Liliana es fundamental para esta tarea. La organización mexicana Centro Mexicano para el Derecho Ambiental, en su informe de 2020 indica que la estigmatización de defensores del territorio es un acto violento en contra de una parte fundamental del cuerpo social.

Tres días antes de la consulta, el presidente López Obrador acudió a una reunión acerca del proyecto. De acuerdo con la carta abierta de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala al mandatario, Teresa Castellanos y Aurora Valdepeña, a quienes se entregó el Premio a la Creatividad 2018 de la Mujer de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujeres con sede en Suiza, se encontraban presentes, haciendo oír su defensa de la integridad de la población y del agua, amenazada por el PIM. También estaba presente Jaime Domínguez Pérez, ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo 2016 y Juan Carlos Flores Solís, finalista del premio internacional de Derechos Humanos Front Line Defenders 2015.

“¡Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores, escuchen…!”, los agredió. 

Días más tarde, Samir Flores Soberanes fue asesinado con un arma de fuego fuera de su casa. Todas las líneas de investigación del crimen, impune hasta la fecha, apuntan a la defensa de la justicia como móvil. De acuerdo con el último informe de la Fiscalía de Morelos las líneas son o bien que asesinado o por su activismo en contra del PIM, o por su defensa de derechos laborales frente a autoridades municipales, o por su defensa de la escuela primaria que hoy lleva su nombre, por su labor comunitaria a través de Radio Amiltzinko, o por la supuestamente haber denunciado a un presunto delincuente.

Burlington y Saint-Gobain, para quienes fue pensado, de acuerdo con la MIA, el corredor industrial, tienen su sede en Estados Unidos y Francia, dos de los países que han emitido recomendaciones a través del Examen Periódico Universal a México, en 2015. Elecnor, con quien se celebró el contrato de 2011, es española. También ha recomendado la instalación de medidas de protección a Derechos Humanos en el reporte de 2015. Un nuevo EPU se llevará a cabo este año.

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