| Covidgate. Telaraña de corrupción. Hace un año publicamos nuestra serie Parásitos del Covid. Desde diciembre de 2020 a la fecha, iniciamos una nueva etapa para identificar los rostros que fueron beneficiados durante la pandemia. Cada una de las etapas para atender el Covid 19, se convirtió en un enorme acto de corrupción. |
El rostro más visible, durante las Cadenas Nacionales de Radio y Televisión, convocadas por Casa Presidencial, fue Francis Contreras. Este funcionario aparece con una sociedad en Panamá y entre sus socios está el señor Juan Francisco Chinchilla Peña. A su vez Chinchilla Peña representa la Empresa de Servicios de Seguridad Lempira, constituida legalmente por Juan Orlando Hernández, según Testimonio de Escritura Pública No.23.
Haga clic en cada punto de la visualización para ver el nombre y la forma en que aparece en el caso. Fuente: ATIC, CNA, Ministerio Público, portales de transparencia.Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El exministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Arturo Corrales, sale como un protagonista invisible en la red de drenaje de fondos públicos que eran para atender la pandemia de COVID-19.
Esta trama de compras directas mediante decretos de emergencia es encabezada por el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Hernández no solo concentra los tres poderes del Estado, bajo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Conadese), sino que aprobó más de 90 decretos ejecutivos durante pandemia.
Le han hecho creer a la opinión pública que Marco Bográn, emparentado con Corrales, es el responsable del fraude multimillonario.
Por ahora, unas 200 personas y 85 empresas aparecen en los requerimientos de información de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y en los informes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
| “Funcionarios y ex funcionarios públicos quienes conspiraron con particulares y le generaron un perjuicio al Estado, que asciende a novecientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos cinco lempiras con veintiocho centavos” . |
Estos datos son el resultado de meses de sistematización llevada a cabo por el equipo de RI en bases de datos provenientes de diferentes informes oficiales.
En esta red criminal hay empresas, diputados y altos funcionarios públicos y de escala intermedia.
Sus operaciones fueron facilitadas con una argamasa jurídica con más de 100 decretos, leyes y normas ejecutivas aprobados durante la pandemia.
Cada uno tuvo diferentes roles en la estructuración y operación de empresas de fachada para defraudar al Estado de Honduras.
El latrocinio contabilizado inicialmente sería de más de mil millones de lempiras (más de 40 millones de dólares) que eran para la pandemia de COVID-19, según muestran 15 líneas de investigación detalladas en los informes “Corrupción en tiempos de COVID” del CNA y el requerimiento fiscal contra Marco Bográn.
Cuarenta millones de dólares equivalen a la inversión que en 2015 anunció el Gobierno de Ecuador para el nuevo centro especializado ambulatorio La Mariscal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Esto equivale a la mitad del hospital más grande que tiene el IESS”, aseguró en ese momento el presidente ejecutivo del instituto, Richard Espinosa.
Grupo con funcionarios y sus familias bajo investigación criminal
La Fiscalía investiga las empresas que vendieron de emergencia, insumos, medicamentos, supuestos hospitales móviles, con sobrecostos o sin entregar el producto.
En un documento enviado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a la Cámara de Comercio, se solicita información sobre las sociedades de la pareja conformada por el expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), Luis Eveline, y su esposa, Jance Carolina Funes, excandidata a diputada que acompañó la planilla de Juan Orlando Hernández en 2013.
También están investigados la diputada del partido de gobierno, Waleska Marlene Zelaya Portillo, y su esposo, Juan José Lagos Orellana. La diputada se convirtió en proveedora pese a las prohibiciones legales. La ATIC también ha solicitado documentos de la diputada, como consta en el oficio DIDCAPP No. 971-2020.
Lagos Orellana –esposo de la diputada– emerge como socio de seis compañías más y en una de estas sociedades aparece el nombre del diputado del partido oficialista, Antonio Rivera Callejas. La Fiscalía investiga cuántas de esas sociedades también son proveedoras del Estado.
Hay una relación entre los políticos que pretenden lucrarse como proveedores estatales a través de sus empresas en las que se mantienen como socios, pero en el anonimato. Es decir, un diputado o diputada integra una empresa, al investigar, a sus socios están conectados con un círculo complejo de otras sociedades proveedoras del Estado.
La empresa de la diputada Waleska Zelaya es un caso muy interesante. Mediante el análisis de esta sociedad, el CNA descubrió que “intentaron desligarse, pero no pudieron por más que quisieron ocultarlo y fue donde decidimos poner en evidencia esta forma de operar. Siempre diputados del Congreso Nacional o instituciones relacionadas con la política hacen uso de influencias para lucrarse de empresas del Estado. Lo hacen a través de empresas fachada y se aprovecharon de un decreto de emergencia”, explicó el abogado Nelson Castañeda, representante del CNA.
Para el Consejo Nacional Anticorrupción, la diputada Zelaya Portillo habría hecho una serie de traspasos legales para hacer creer que ya no estaba ligada a esta empresa.
La investigación del CNA ha descubierto que durante la pandemia hubo diputados del país con empresas fachada para vender al Estado de Honduras. En nuestra investigación, encontramos ex diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo.
Es el mismo modo de operar encontrado en el escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad y Social y el que descubrió la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih): el uso de estructuras privadas o de oenegés, integradas por testaferros de funcionarios o por socios de funcionarios en otras empresas conjuntas, que le vendieron al Estado. Al final lo que ocurrió fue el drenaje de fondos públicos.
El hallazgo respecto a sus operaciones durante la pandemia es que, pese a las distintas intervenciones de la Maccih, maniobran de manera imperturbable. Si diputados y otros funcionarios no pueden vender de forma directa, entonces lo hacen sus familiares.
El hijo del presidente del ente contralor
En el momento en que se hicieron las compras sobrevaloradas y el fraude de supuestos “hospitales móviles” para la pandemia, el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) era José Juan Pineda Varela.
Su hijo, José Alejandro Pineda Moncada, también es investigado en los requerimientos de investigación de la ATIC-Ministerio Público (MP) y su exesposa, Cinthya María Bográn Zavala, como consta en el oficio ATIC DECCO No. 360 2020. La ATIC-MP solicita información de las empresas que ellos integran.
Bográn Zavala está emparentada con el exdirector de Invest-H, Marco Bográn.
El hijo del expresidente del TSC y expariente político de Marco Bográn, Pineda Moncada, es socio en Panamá del precandidato a la alcaldía de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, jefe de campaña del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Este último lideró los decretos legislativos de emergencia para las compras directas durante la pandemia de COVID-19.
Zelaya y Moncada están registrados en la compañía número 155629363, Arre Enterprises, inscrita en Panamá. El director y tesorero de la empresa es Carlos Roberto Torres Castro y también es directora Jessica Lorena Garrido de Trejos. Aparece como secretario Juan Diego Zelaya Aguilar y otra de las suscriptoras es Ninoshka Beatriz Beitia Mckay.
Garrido de Trejos además es socia de otra compañía, Logistics International M.C. S.A. y el nombre Ninoshka Beatriz Beitia Mckay se repite en otras diez sociedades panameñas.
Conectados con Pandora, Trans 450 y COVID-19
El socio del hijo del magistrado del TSC en ArreEnterprises, Juan Diego Zelaya, era el vicealcalde cuando se inició la construcción del Trans 450 y el actual designado presidencial, Ricardo Álvarez, era el alcalde. Uno de los proveedores de esta obra fue el candidato a la presidencia del Partido Liberal y actual diputado, Elvin Santos, acusado por el Caso Pandora. Recibió carta de libertad.
La Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) investiga supuestas irregularidades en el Trans 450 que ocho años después del inicio de su construcción no funciona en la capital.
En la Caja de Pandora, el único que tiene varios años en prisión es Fernando Suárez, una especie de chivo expiatorio que era el testigo clave del caso de corrupción. Este juicio fue promovido por la Maccih.
Suarez era el representante legal de Fundación Dibattista. Su defensor es el abogado Omar Menjívar.
El defensor de Suárez explicó que, según su cliente, Juan Orlando Hernández aprobó una serie de leyes para la concentración de poder, creación de estructuras que le permitieron utilizar “oenegés, empresas fantasmas y testaferros para saquear fondos del Estado y financiar su campaña política”.
La Fundación Dibattista fue constituida en Roatán por el italiano Pietro Dibattista, de acuerdo con el expediente que figura en la Secretaría de Gobernación, obtenido por RI.
“Seis bancos en los que se depositaban y sacaban los fondos que se trasegaban a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras; agencias de viajes, de renta de vehículos, empresas tecnológicas para impresión de material y una cantidad extraordinaria de cheques emitidos a personas particulares y diputados (sobre todo del Partido Nacional) fueron el armazón perfecto para financiar la campaña política de Juan Orlando Hernández en el año 2013”, dice un artículo de la periodista Claudia Mendoza para el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).
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Juan Orlando Hernández concentra las decisiones
Una sola mano maneja toda la estructura que permitió las irregularidades. El modo de operar de la habitual delincuencia de cuello blanco hondureña, durante la pandemia, fue la excesiva aprobación de leyes. Esta legislación les permite delinquir amparados en la legalidad. En otros casos, usaron la anulación de leyes que les impidan saquear fondos con comodidad.
El oficio 630-SS-2020 muestra que la orden para comprar los hospitales fue dada a Marco Bográn por la titular de Salud, Alba Consuelo Flores, por instrucción de Juan Orlando Hernández.
Ningún funcionario intermedio puede tomar este tipo de decisiones si no lo sabe el presidente de Honduras que cuenta con un robusto aparato de inteligencia y espionaje, según la explicación del abogado Menjívar, opositor político y defensor de Suárez.
Hernández hizo una serie de reformas legales en la administración del Estado mediante la aprobación de leyes. Tiene bajo su control el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Conadese). Este órgano es integrado por los tres poderes del Estado, las Fuerzas Armadas de Honduras y el Ministerio Público, detalló el abogado.
Para Menjívar, el Gobierno central de Honduras toma las determinaciones y tiene el control total de todo el gobierno.
Además, un análisis del listado de decretos de los años 2013 y 2014 (los primeros años de gobierno de Hernández), obtenidos mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, permiten concluir que la mayoría de iniciativas de ley aprobadas provienen del Poder Ejecutivo.
Reformas legales como blindaje
Las palabras de Menjívar son confirmadas por los 97 decretos y resoluciones aprobados por el Poder Ejecutivo, encabezado por Hernández, para regular todo lo relacionado con la pandemia. El Congreso Nacional aprobó también 16 leyes con miras a permitir las compras directas o de emergencia desde marzo de 2020 a la fecha. Con estas leyes, se evita la licitación pública.
Esta investigación enlistó cada una de las normas aprobadas durante la pandemia. Encontró además la utilización de decretos de emergencia, en la mayoría de casos con dispensa de debates, sin demostrar la urgencia calificada.
La acusación Pacto de Impunidad mostró la irregular aprobación de una ley y su posterior modificación al ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
También aprueban “reformas que se van creando para implementar blindaje a investigaciones a temas de corrupción”. Entre estas leyes están los decretos de modificación de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la reforma a las atribuciones del Ministerio Público (MP) y la expulsión de Honduras de la Maccih.
Drenaje de dinero público
La visión de una fuente que pidió el anonimato, por su seguridad, es que el Ministerio Público puso sus capacidades operativas de investigación y de judicialización de casos en función de las élites vinculadas al poder. El TSC y la Comisión Nacional de Banca y Seguros son piezas claves de esta estructura de impunidad.
Según su análisis, las redes de corrupción nunca han desaparecido de Honduras. Se han consolidado más después del golpe de Estado del 2009. “El COVID-19 les dio la oportunidad a estas redes de corrupción de tener un caldo de cultivo para seguir aflorando sus mecanismos de drenaje de los fondos públicos”.
Los juicios de Nueva York han señalado al presidente hondureño como CC-4 en la conspiración para tráfico de drogas; al fiscal general, Óscar Chinchilla, y a la fiscal contra el Crimen Organizado, Soraya Cálix, prima de un narcotraficante que era proveedor del Estado de Honduras. Este es el entramado en el que ocurrió este escándalo de saqueos durante la COVID-19, consideró la fuente. Los expedientes de la Fiscalía de Nueva York confirman esta versión.
El abogado Nelson Castañeda conoce con precisión cada una de las investigaciones hechas por el CNA para detectar las irregularidades cometidas.
“En su mayoría, estos políticos y redes de corrupción aprovechan estos decretos de emergencias donde el Estado da facilidad para evitar tanto trámite que genera la transparencia en procesos de compra”, expuso.
En este contexto, “las reformas legales se convierten en una especie de blindaje para evitar las investigaciones en temas de corrupción”.
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Investigados los Bográn y Arturo Corrales
ATIC-MP solicitó información de varios familiares del exdirector de Invest-H, Marco Bográn, ahora enjuiciado penalmente. Entre los investigados está Napoleón Bográn Idiáquez.
“Se logró determinar el grado de consanguinidad del director ejecutivo de Invest-H, Marco Antonio Bográn Corrales, con el señor Napoleón Bográn Idiáquez, quien es socio y presidente de la sociedad mercantil Cinsa, siendo sobrino y tío respectivamente entre sí. Este lazo familiar es en virtud de que el papá del director de Invest-H (el señor Marco Antonio Bográn Idiáquez) es hermano del señor Napoleón Bográn”, dice el informe “Parte VI, la corrupción en tiempos de COVID” de junio de 2020.
Mediante el oficio ATIC DECCO No. 360 2020 se solicita información de la familia de Corrales Álvarez: Arturo Gerardo Corrales Álvarez, Patricia Elizabeth Suazo Corrales, Hernán Corrales Padilla, Lourdes Corrales Álvarez y Pablo José Corrales Álvarez.
La Fiscalía investiga a un personaje que siempre aparece en estos casos, se trata de Arturo Corrales, emparentado con Marco Bográn, dijo la fuente que pidió el anonimato.
Esta fuente señaló a Corrales como un facilitador de los grupos de poder que cuenta con mucha información porque fue ministro de Seguridad, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y asesor presidencial de todos los Gobiernos.
“Quizás no sea la cabeza de estos grupos de poder, pero sí es un facilitador. La creación de leyes, la creación de plataformas, por ejemplo, de drenaje de fondos públicos son ideas de los grupos de poder en este país”, estimó.
El exdirector de Invest-H, Marco Bográn, contrató a su tío, Napoleón Bográn, para la ejecución de obras y uso de fondos de manera desventajosa para el Estado, puntualizó el abogado Nelson Castañeda al dar detalles sobre las investigaciones del CNA.
“En 2021 ampliamos que la junta interventora está actuando como un ente encubridor de todas las irregularidades encontradas en Invest-H”.
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Un chivo expiatorio
La presión ciudadana por las muertes y el saqueo de fondos orilló al Gobierno a promover acusación contra uno de los 200 investigados: Marco Bográn, exdirector de Invest-H.
Mientras tanto, el excoordinador de Copeco y también diputado, Gabriel Rubí, y la diputada Waleska Zelaya más bien se postularon nuevamente como congresistas.
El 15 de abril de 2021, mediante un boletín de prensa, el MP informó que Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón tienen auto de prisión y prisión preventiva.
Ambos son imputados por “el megafraude en la compra de siete hospitales móviles con los que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) proyectaba mejorar la atención sanitaria ante la pandemia del COVID-19, lo que resultó ser un fiasco, por lo que un juez del circuito anticorrupción les decretó auto de formal procesamiento y prisión preventiva”.
La acusación del MP
“La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) aportaron 50 contundentes medios de prueba frente a los apenas seis medios de prueba de la defensa privada de los imputados”, agrega el boletín.
La acusación fue promovida porque “en los meses de marzo y abril del 2020, el Estado de Honduras, a través de Invest-H, compró siete hospitales móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia COVID-19. Realizaron la compra de dichos hospitales de manera directa y fraudulenta con el imputado Axel Gamaliel López Guzmán, representante legal de Hospitalesmoviles.com y Elmed Medical Systems Inc.”.
“El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobreestimado a cuarenta y siete millones quinientos doce mil quinientos sesenta y cuatro dólares americanos ($47,512,564.00), equivalentes en lempiras a mil ciento setenta y cuatro millones quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras con treinta y tres centavos (L1,174,517,764.33)”.
Según el Portal de Transparencia de la Secretaría de Finanzas, “la ejecución de los recursos para contrarrestar la emergencia de COVID-19 al 29 de diciembre asciende a 6,084 millones de lempiras”, pero la población hondureña sigue en medio de un prolongado toque de queda, sin esperanzas de vacunación porque apenas hay dosis para el 2 por ciento de la población al 25 de mayo. A inicios de mayo apenas había vacunas para el 1 por ciento y en los hospitales de Honduras hay desabastecimiento y muerte.
Un grupo organizado
Este grupo organizado por funcionarios de Honduras incrementó su patrimonio con fondos del Estado. Mientras, una ley manda que sus declaraciones juradas son un secreto para ocultar su corrupción.
El saqueo documentado por el CNA ocurrió mediante sobrevaloración, favores y promesas de negocios.
Hubo ventajas de los diputados que aprobaron la ley y de funcionarios que ejecutaron las compras para favorecer a las empresas en las que ellos o sus familiares aparecen como socios y además tienen sociedades en Panamá.
En algunos casos, los proveedores de las compras directas son socios de hasta 10 compañías. Como resultado, ellos o sus socios confluyen en otras sociedades nacionales o internacionales con legisladores y funcionarios que han venido manejando la pandemia y que decidieron eliminar las licitaciones y hacer compras directas.
Para explicarlo de mejor forma, uno solo de los proveedores que vendió medicamentos o insumos, o sus familiares, integra un circuito de sociedades. A su vez, sus socios de diversas sociedades componen otras sociedades. Algunos de estos personajes son funcionarios de Honduras con empresas en Panamá.
Sus socios a su vez están inscritos en otras sociedades o ligados políticamente a personajes acusados en otros escándalos de corrupción.
Es el mismo modo de operar descubierto desde nuestra primera investigación sobre las compras COVID-19.
El CNA identificó en uno de sus informes “que una de las empresas beneficiadas está relacionada con otra sociedad mercantil vinculada a un millonario desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”.
Para Castañeda, en Honduras hay una red de corrupción dentro del Estado porque cuando tres o más personas ocultan, ejecutan y desarrollan un hecho, se trata de una red. “En Invest hay una estructura con personas que han laborado con la institución que se han delicado a delinquir y otros a encubrir”.
“Hemos identificado que en Copeco se opera con el exdirector o secretario de Estado también ejecutó fondos de manera irregular”.
“La red es como una telaraña. Solo vamos adicionando sujetos y actores, así como fue el caso del Seguro Social (IHSS)».
RI ha pedido desde 2020, en varias oportunidades una entrevista con Hernández, aún no hay respuesta.
Entrevista difundida por Casa Presidencial el 25 de mayo de 2020, un año antes de estar acusado criminalmente:
Entrevista del defensor Marco Tulio Castro, el día que Bográn llegó al juzgado
Política de Transparencia de RI
Para garantizar la independencia periodística, la serie Covidgate fue producida por el equipo de Reporteros de Investigación. La política editorial y la investigación independiente así como los derechos de autor son un resultado del trabajo de Reporteros de Investigación, vea nuestra Política Editorial.
Esta investigación contó con el apoyo del proyecto HondurACTion y ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Unión Europea. El contenido de este documento no representa necesariamente la opinión de la Unión Europea. HondurACTion es un proyecto en consorcio conformado por distintas organizaciones: Christian Aid (CA), el Centro de Desarrollo Humano (CDH) y el Organismo Cristiano para el Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) con el apoyo financiero de la Unión Europea, organizaciones que apuestan a la transparencia, el buen gobierno, la lucha contra la corrupción, y la promoción de igualdad de género en el contexto hondureño, con el objetivo general de “contribuir al ejercicio pleno del derecho de participación ciudadana efectiva en la lucha anticorrupción y por la transferencia”.
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