Histórico: Culpable David Castillo por asesinato de Berta Cáceres, declara Tribunal de Sentencia

David Castillo condenado como coautor del crimen contra la ambientalista.

Por José Manuel Serén

Tegucigalpa Honduras | Reporteros de Investigación. La sala I del Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos, declaró culpable a Roberto David Castillo Mejía como coautor del delito de asesinato de Berta Cáceres. El hecho se registró el 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá.

La convocatoria para ambas partes fue para las 9:00 am de este 5 de julio con el fin de dar lectura al fallo luego de más de dos meses de juicio oral y público y medios de prueba, que arrojarían la culpabilidad o inocencia de Roberto David Castillo.

De acuerdo con la prueba evacuada en el debate durante dos meses, el Tribunal de Sentencia consideró como hechos probados que la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados, fue lo suficientemente reveladora para establecer que Castillo Mejía ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) demostró la responsabilidad del presidente de Desa en este crimen de impacto ocurrido el 3 de marzo de 2016 en la vivienda de la víctima ubicada en la residencial El Líbano, La Esperanza, Intibucá, al lograr concatenar el cruce de mensajes y llamadas entre David Castillo y Douglas Geovanny Bustillo (condenado) y a su vez éste con otros hechores (condenados).

La individualización de la pena será el 3 de agosto de agosto.

Berta Cáceres fue asesinada cuando dormía en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras. En ese momento, dos hombres derribaron la puerta de entrada a su casa y uno de ellos disparó seis veces matándola a ella e hiriendo a su huésped, el ambientalista mexicano Gustavo Castro.

Familiares de la ambientalista, quien además era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), aducen que Berta fue asesinada por su oposición a un proyecto hidroeléctrico a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa).

El equipo de abogados de la familia de Cáceres afirmó en un reciente comunicado que Castillo “participó en la planificación, coordinación, aseguramiento de ejecución y verificación del asesinato de Berta Cáceres”, por lo que no duda en que el fallo será de culpabilidad.

Los abogados señalaron, además, que uno de los jueces del Tribunal de Sentencia, según denunció la defensa de Roberto David Castillo, sostuvo de “manera discreta reuniones con una organización de derechos humanos que apoya al imputado y el Poder Judicial nunca brindó informe sobre esa denuncia”.

“Nos preocupa que en las últimas horas hemos sido informados que una de las juezas que integra el Tribunal de Sentencia es esposa de un militar, es decir, de un compañero de armas del ahora imputado Castillo, subteniente del Ejército en condición de retiro”, enfatizó el equipo legal.

Los abogados reafirmaron también su “compromiso para que todos los perpetradores del crimen contra Berta Cáceres sean procesados, juzgados y sancionados, para romper con la impunidad estructural que ha ensangrentado a la sociedad hondureña”.

Línea de condenados

En diciembre de 2019 un tribunal de Honduras condenó a Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 de los acusados por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel como coautores del crimen.

Los tres condenados a 30 años de cárcel como coautores del crimen fueron Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez y Sergio Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa Desa. Él siempre rechazó las acusaciones contra su persona por el asesinato de Cáceres.

Todos los condenados fueron capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en el marco de la Operación Jaguar entre mayo de 2016 y febrero de 2017. Para investigar el asesinato, se conformó un equipo hondureño con el apoyo de dos asesores estadounidenses por ser este un caso de alto perfil que ha estado en la mira del mundo.

Antecedentes

En 2015, Cáceres ganó el premio medioambiental Goldman que se otorga a líderes ambientalistas comunitarios. En tanto, Desa obtuvo la concesión para construir la presa Hidroeléctrica Agua Zarca, al oeste de Honduras, en 2009.

La comunidad lenca, que debió ser consultada según la ley, se opuso al proyecto desde el principio bajo el argumento de que la hidroeléctrica pondría en peligro los recursos acuíferos y la forma de vida de la comunidad, una lucha librada por el Copinh, fundado por Cáceres.

Al momento de su asesinato, Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante reiteradas denuncias por amenazas.

En su momento, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) resaltó la importancia de la sentencia para esclarecer los hechos en torno al asesinato de Berta Cáceres.

En un comunicado, El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) determinó que la justicia para Berta Cáceres no termina con la resolución contra Castillo sino que se encamina a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de este crimen.

Las personas que menciona el Copinh como autores intelectuales  involucrados en este asesinato son: Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala, a la vez que mencionó que existen otras personas e instituciones involucradas.

“David Castillo inocente”

Por su parte, la defensa de David Castillo argumentó que este fallo condenatorio los motiva a seguir luchando hasta conseguir la inocencia de su representado.

En el comunicado, aclaró la defensa, que la ley procesal les concede, que a partir de este fallo, la oportunidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de casación, y mediante este se conozcan las irregularidades cometidas en el juicio oral.

La defensa de Castillo señaló que este proceso judicial ha sido marcado por injerencias de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) nacionales e internacionales que promueven una agenda política para que otras entidades caigan en su juego.

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