Militares sicarios de élite, revela juicio de Berta Cáceres

Militares sicarios de élite, revela juicio por asesinato de Berta Cáceres

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de investigación. La evidencia testifical y científica de la parte acusadora del supuesto coautor intelectual del asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres, David Castillo Mejía, ha puesto en la vitrina dos hechos:

a) La utilización de oficiales del ejército que actuaron como centinelas y asesinos a sueldo de élites para proteger un negocio multimillonario, impulsado por aparentes redes de corrupción y crimen organizado que operaron mediante sobornos y coordinaciones al más alto nivel del Estado.

b) La contratación de abogados para constantes cambios en la escritura de la empresa DESA y en la última etapa, la contratación de penalistas, exfiscales, con influencias en la Fiscalía General de Honduras para conseguir filtraciones de información y alertar a sus clientes sobre acciones de la justicia.

Los nombres de algunos de estos abogados coinciden en diversos juicios por asesinato, corrupción y crimen organizado. Estos abogados en los noventa perseguían la supuesta corrupción y presuntos delitos ambientales y en el actual proceso sostienen que el juicio ha ido desmontando la fabricación y pérdida de evidencias para afectar a su cliente David Castillo Mejía, un egresado de la escuela militar estadounidense West Point y ex integrante de los órganos de inteligencia del país. La defensa alega que han descontextualizado las conversaciones de Castillo Mejía.

“Los mensajes de manera apartada, fraccionada, dan a entender otras cosas”, dijo en juicio el abogado Sánchez al oponerse al peritaje para conocer ante el estrado judicial, las conversaciones extraídas del teléfono de Daniel Atala.

Abogado y ex fiscal, Juan Carlos Sánchez Cantillano.

Comunicaciones reveladoras

l 19 de mayo, el Copinh informó, las escuchas telefónicas demostraron que la información del allanamiento en casa de Sergio Rodríguez fue conocida mucho antes de que sucediera, ya que el Ministerio Público filtró información a su abogada, la exfiscal Celeste Cerrato, sobre su captura.

“Me acaba de llamar Jair, que a él a su vez lo llamó una fiscal para comunicarle que tiene una orden de allanamiento en tu casa” “ella nos anunció que no iba a entrar hasta que nosotros estuviéramos” le informaba Cerrato a Rodríguez. El abogado Jair López fue fiscal del Ministerio Público.

Durante la evacuación del peritaje de extracciones telefónicas en el juicio de David Castillo, en la audiencia del 6 de mayo, el perito reveló coordinaciones entre el ex Presidente Porfirio Lobo; el ex Ministro de Seguridad Arturo Corrales; el ex director de Dinafroh Luis Green y el ex Alcalde de Intibucá Martiniano Domínguez, para detener la toma de El Roble en la comunidad Lenca de Río Blanco.

Las conversaciones fueron encontradas en el teléfono de Atala Midence: “Martiniano Domínguez acaba de pedir al Presidente Lobo en Consejo de ministro que resuelve la toma ilegal del Copinh para la represa de Agua Zarca” informó David Castillo a un grupo de WhatsApp.

Sobornos

Según un resumen del juicio, hecho por el Copinh, David Castillo sostuvo comunicaciones con Daniel Atala en las que se prueba el pago de 10 mil lempiras a un ministro: “Acordate q solo hay 65 pq use 10 para el ministro” informaba Castillo a Atala Midence, “ya me pidió otros 10” continuó.

“Un préstamo de ocho millones de parte del Banco FICOHSA que sería para favorecer a la empresa dirigida por Castillo y propiedad de la familia Atala Zablah, fue también evidenciado en la lectura de los mensajes”.

Durante la evacuación de esta prueba científica, fueron reveladas conversaciones y el rol de de Jacobo Atala, Pedro Atala, Josué Eduardo Atala y de Daniel Atala en las acciones para detener la lucha ambiental, del Copinh, entonces liderada por Cáceres, que ellos etiquetan como “vandalismo”.

La dimensión de la lucha de una mujer indígena para proteger el Río el Gualcarque y la ambición por una inversión de cuarenta millones de dólares en juego, que serían prestado por bancos europeos y por el Banco Centroamericano de Integración Económica, fue explicada mediante tres pericias científicas: “Análisis de la situación y condición de violencia que viven las mujeres indígenas y defensoras de derechos humanos. El caso de Bertha Cáceres y la defensa del Río Gualcarque” realizado por la perita Gladys Tzul.

Una segunda pericia fue  “Análisis de las frecuencias de las telecomunicaciones de los integrantes de la estructura organizativa que planificó, coordinó y ejecutó los operativos para asesinar a Berta Cáceres” realizado por el perito Andrés Arrieta.

En tercer lugar, el 8 de junio se evacuó en juicio el “Análisis de la posición de poder de Roberto David Castillo Mejía en el entorno empresarial–institucional y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres Flores” realizado por Harald Waxenecker. La defensa descalificó los peritajes realizados por Waxenecker y Tzul, propuestos por la acusación privada. El tribunal desestimó sus peticiones.

Este último peritaje, contenido en el expediente TS/JN-2-48-2020, reveló información no solo para comprender el crimen contra Cáceres, sino los asesinatos de otros ambientalistas porque describió las relaciones de poder entre militares, empresas nacionales y conglomerados internacionales en territorios que se convierten en campo de batalla contra ambientalistas.  

“En el caso concreto, Castillo Mejía ocupó una posición de poder en un entramado empresarial institucional que le permitió tener acceso a diversos recursos y relaciones de poder: influencia política, información, nexos militares, estrategias comunicacionales y capital financiero, entre otros. Estos recursos de poder hicieron posible la materialización del asesinato de Berta Cáceres. En resumen, el análisis de las relaciones y del flujo de recursos de poder es fundamental para establecer la vinculación de Castillo Mejía a la planificación, coordinación y ejecución del crimen”, dice este peritaje.

Además, reveló las complejas modificaciones de la estructura legal de la empresa en cuatro etapas en las que se iban adicionando y cambiando socios. Al inicio, mientras se gestionaban permisos y concesiones con el gobierno era integrada por cuatro personas. 

“Pese al corto tiempo y la reducida capacidad humana y financiera de DESA, las gestiones alrededor del proyecto Agua Zarca dieron los siguientes resultados: 

• 21 de enero de 2010: La Comisión Nacional de Energía (CNE) emite dictamen favorable (Dictamen No. 003-2010) para Contrato de Operación para Generación de Potencia y Energía entre SERNA y DESA. El dictamen fue firmado por Salomón López Gómez, comisionado presidente, Francisco J. Nájera Rubí, comisionado técnico, y Germán Wilfredo Henríquez Cerrato, comisionado secretario. 
• 22 de enero de 2010: Contrata de aprovechamiento de aguas nacionales del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, mediante Resolución 283-2009 de SERNA. La contrata fue firmada entre Mauricio Fermin Reconco Flores, Sub-Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Energía (SERNA) y Carolina Castillo Argueta, Representante Legal de DESA. 
• 22 de enero de 2010: Contrato de operación para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y la Empresa Desarrollos Energéticos S.A., mediante Resolución 1661-2009. El contrato fue firmado entre Mauricio Fermín Reconco Flores, Sub-Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Energía (SERNA) y Carolina Castillo Argueta, Representante Legal de DESA.

En 2011, la empresa es integrada por Castillo y los Atala Zablah, desde entonces su estructura directiva no tuvo más cambios, según el peritaje.

Análisis de comunicaciones, según peritaje

“Esta red global demuestra un modus operandi jerárquico en las comunicaciones, partiendo del indicador de intermediación [betweenness centrality]. En términos relacionales, los nodos más importantes corresponden a Douglas Bustillo (9842-6844)68, David Castillo = Directivo 1 (9990- 0946)69, Sergio Rodríguez (9992-6503)70, Henry Hernández (9726-7794)71, Mariano Díaz Chávez (3328-1417)72, Daniel Atala = Directivo 2 (9624-0728)73 y Jorge Ávila = Ejecutivo de Seguridad (9452-8319)”, cita el peritaje respecto a las comunicaciones.

“La frecuencia de llamadas ha bajado entre agosto y diciembre de 2015 (P6 – P10). No obstante, la principal línea comunicativa Castillo-Bustillo-Díaz nunca se ha roto: Resaltan los repuntes  comunicativos con Mariano Díaz entre agosto y septiembre de 2015 (P6 – P7) y con David Castilloentre octubre y noviembre de 2015 (P8 – P9). Entre enero y marzo de 2016 (P11 – P13) se mantiene  la comunicación con David Castillo, mientras la comunicación con Mariano Díaz y Henry Hernández incrementa inusualmente. Es precisamente la etapa que corresponde a la planificación y ejecución del hecho criminal”.

Una conclusión periodística que se puede hacer es cómo esta pericia aclara el panorama sobre la violencia contra defensores ambientales en Honduras porque cuatro años más tarde del crimen contra Cáceres, durante el confinamiento por la pandemia de Covid 19 fue asesinado Marvin Damián Gómez, del Movimiento Mass Vida. Los testimonios recogidos en la zona indican que pudo ser víctima de una persona con nexos militares. Gómez desapareció y fue ejecutado con saña en una comunidad del sur de Honduras, era parte de una lucha contra la empresa Genersa, que, según este peritaje, aparece también ligada a corporaciones internacionales vinculadas comercialmente a personas enjuiciadas e investigadas por el asesinato de Cáceres.

Proyecto Agua Zarca

El 8 de junio, la defensora feminista Melissa Cardoza rindió su testimonio. “Berta era una persona que tenía muchas luchas, pero que no vio una amenaza tan fuerte como la vio desde el 2013 en la lucha que Berta lideró contra el Proyecto Agua Zarca, propiedad de los Atala Zablah”, testificó.

“Con la llegada de la empresa DESA a la comunidad de Río Blanco hubo un incremento de las amenazas y ataques hacia Berta debido a la lucha que ella lideró:  En el 2013, hubo un aumento de las campañas de desprestigio en su contra, desde un artículo escrito por Juan Ramón Martínez en que la descalificaba como mujer y participaciones en televisión nacional de Aline Flores (en ese momento presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP)  en la que decían que ella estaba contra el desarrollo lo que generó una campaña de odio en contra de Berta y del Copinh”, dice un resumen judicial hecho por el Copinh. 

Agrega que Melissa Cardoza declaró que conoció a Castillo el 2014 y que conocía del seguimiento que éste le daba a Berta. Berta se lo presentó ya que quería que lo conociera y le afirmó que no confiaba en él porque era entrenado en inteligencia militar, demostrando que Berta era consciente del peligro que él representaba. Ella le preguntó porqué si no confiaba en Castillo se reunía con él a lo que Berta respondió que era su deber como Coordinadora del Copinh.

El juicio

En los primeros 32 días del debate oral y público del supuesto coautor intelectual del asesinato, se evacuaron más de noventa medios probatorios. La mayoría presentados por el Ministerio Público.

Dos teléfonos con extracción de llamadas y mensajes, pericias ofertadas por la defensa en descargo de Bustillo, la inspección del correo electrónico de Roberto David Castillo, la declaración de un agente de la Dirección Policial de Investigaciones, señalado por supuesta manipulación de evidencias relacionadas con el asesinato de Cáceres, transferencias bancarias, son parte del juicio oral y público.

Según el Copinh, “el 7 de abril se presentó una nueva prueba que demuestra el pago de una transferencia de 1 millón 254 mil dólares por parte de Daniel Atala Midence a la empresa PEMSA dirigida por David Castillo el 29 de febrero, dos días antes del asesinato. Estas transferencias, coinciden con conversaciones de  promover logística a la estructura sicarial dos días antes del asesinato”. La defensa de Castillo pide que en este caso debe haber justicia para Berta Cáceres y también para Castillo procesado de manera injusta.

Durante los interrogatorios y peritajes de escuchas telefónicas ha quedado evidenciada la relación entre David Castillo y los condenados Mariano Díaz y Douglas Bustillo.  El 28 de abril la testigo Rosalina Domínguez, lideresa de la comunidad de Río Blanco, testificó que en la visión indígena el Río Gualcarque es sagrado y que David Castillo visitó la comunidad de Río Blanco en varias ocasiones. También habló ante el tribunal sobre el asesinato de Tomás García, por parte de un integrante de las Fuerzas Armadas de Honduras. 

Un ex militar dio su testimonio durante la audiencia. Varios militares aparecen implicados en el crimen contra la ambientalista.

Sicariato

En el juicio además ha trascendido que el 5 y 6 de Febrero del 2016, Douglas Bustillo se encontró, en la ciudad de Siguatepeque, con el sicario Henrry Hernández. Ahí, Bustillo le mostró a Hernández imágenes de #BertaCáceres en su celular, y le hizo entrega de un arma, que había sido proporcionada por Mariano Díaz. El sicario cobraba cien mil lempiras por el crimen y viajó desde Siguatepeque hasta La Esperanza, unos 70 kilómetros, pero el atentado fue fallido por carencias de logística.

Es decir que con cien mil lempiras, según la prueba se iba a liquidar a una líder indígena que afectaba un negocio en el que estaba en juego un préstamo por mil millones de lempiras.

En la mañana del 6 de febrero, 2016, luego del intento fallido de asesinato, Henrry Hernández se comunicó con Bustillo mediante siete llamadas. La evacuación de prueba ha sacado a luz además la vigilancia y seguimiento contra Cáceres.

La acusación privada aportó pruebas para demostrar los vínculos entre los autores materiales, David Castillo, coautor, y los asesinos intelectuales.

Por primera vez, un empresario ligado a la banca hondureña fue obligado a comparecer ante un tribunal de justicia. El empresario de la banca y de otros rubros económicos fue obligado a presentarse al palacio de justicia.

Para garantizar su derecho de no declarar contra sí mismo, el Tribunal de Sentencia resolvió que en respeto a su garantía no debía declarar por ser parte de un proceso investigativo de parte del Ministerio Público. Hasta el momento no existe requerimiento fiscal en contra de Atala, en juicio quedó evidenciado que está bajo investigación por este crimen.

El 23 de septiembre de 2021 vence la acción de prisión preventiva interpuesta a Castillo pese a que la familia Atala por medio de sus instalaciones bancarias ofertó una fianza de cuatro millones de lempiras para que el imputado pudiera defenderse en libertad. 

Este juicio estaba convocado para el 6 de abril y la evacuación de pruebas se ha extendido desde el 26 de abril hasta los primeros nueve días de junio. La primera parte ha sido la evacuación de la prueba de la parte acusadora, aún falta la prueba de la defensa, las conclusiones y la deliberación del tribunal para conocer si absuelven o condenan al imputado.

El juicio ha tenido observación nacional e internacional.

Extracciones

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