Abusos y remociones secretas de Oficiales de Acceso a Información Pública

La ciudadanía es la legítima titular de la información en poder del Estado, cita un estándar de acceso a la información.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La Oficial de Acceso a Información Pública del Ministerio Público (OIP), Alejandra del Cid, fue removida en silencio de su puesto, en la Oficina de Transparencia, sin explicaciones legítimas ni rendición de cuentas, consta en Acuerdo de Modificación FGA/DSB-NO. 011-2019.

La OIP estaba desde 2013 en el MP. Tenía más de seis años de experiencia trabajando con el derecho de Acceso a Información Pública.

El OIP de la Secretaría de Seguridad, Rafael Lanza, fue removido de su puesto, en la Oficina de Transparencia, sin explicaciones legítimas ni rendición de cuentas, según el Oficio SEDS-SG-0727-2021.

La OIP de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Carmen Flores, fue removida de su puesto, en la Oficina de Transparencia, sin explicaciones legítimas ni rendición de cuentas, de acuerdo con el Memorando GRH-059-2021.

Las tres remociones se realizaron con argumentos legales que pretenden dar legitimidad a esta acción. No obstante, los OIP son protegidos por estándares y por la Constitución de la República.

Se solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el tipo de protección para los oficiales de transparencia bajo su cargo para garantizar los principios de máxima divulgación, la buena fe y los medios de asistencia necesarios para las solicitantes de información con el fin de fomentar la cultura de transparencia.

La NO respuesta del IAIP

No cuentan ni siquiera con el listado de OIP removidos entre 2014 y 2020, tampoco con un reglamento o protocolo para protegerles de posibles abusos de las instituciones obligadas.

Respuesta del IAIP.

Ninguno de los Oficiales de Transparencia removidos habló con Reporteros de Investigación. Su ausencia se descubrió al hacer varias solicitudes de información en 2021 y al descubrir que los OIP que responden son otros.

En el caso de la Secretaría de Seguridad, las respuestas han sido enviadas por personal auxiliar de la Policía sin formación en el tema del derecho de AIP. En los últimos cuatro meses, no se tuvo acceso a ningún Oficial de Transparencia que lo haya sustituido y se ha venido recibiendo denegatorias de información. Al respecto se interpusieron denuncias y recursos de reposición ante el IAIP.

Hostigamientos

Se habló con oficiales de transparencia. Una fuente dijo que tiene temor de salir públicamente, pero que el acceso a información les coloca en riesgo de represalias y remociones ilegales frente a las instituciones. Algunos OIP son vigilados dentro de la institución, revisan sus redes sociales; a otros, se les percibe con resquemor o como una especie de “espías” y reciben hostigamiento o maltrato de parte de diferentes funcionarios que en su ignorancia desconocen que ellos solamente tramitan el acceso a información.

Otro oficial contó hace unos años que estudió como un supermercado de los más grandes del país recopila datos del consumo alimenticio de los hondureños para luego traficar con estos registros privados y pasarlos a las aseguradoras. Esta persona ya no está en la institución en la que laboraba.

La desprotección y abuso del que son víctimas es confirmado por la respuesta del IAIP.

Esa información también evidencia la opacidad o falta de orden en el instituto encargado de hacer velar por el acceso a información del pueblo hondureño.

En 2015, las autoridades del Instituto de Acceso de Información Pública (IAIP) anunciaron sanciones contra la entonces la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, por su abuso al despedir a la OIP, Gloria Segura, informó el periódico Criterio.hn.

En 2015, la oenegé C-Libre denunció mediante una Alerta que la Oficial de Información Pública (OIP) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Gloria Segura, sufrió una serie de actos de hostigamiento por tramitar solicitudes de información al interior de esta institución educativa que concluyeron con su despido.

La denuncia de C-Libre

“Mediante acuerdo No. 1382-2015 del 9 de julio de 2015, la secretaria ejecutiva de Desarrollo de Personal, Jacinta Ruiz, canceló el contrato individual de trabajo, sin responsabilidad para la UNAH, “por haber violado gravemente las obligaciones y prohibiciones especiales que incumben al trabajador establecidos en el Código del Trabajo (sic)”, cita la carta de despido”, informó entonces C-Libre.

“Segura reveló ante C-Libre que la cuestionaron por entregar demasiada información pública. Entre los expedientes que molestaron a las autoridades, por haber dado información, están el del ingeniero Amílcar Montoya, que solicitó información sobre el concurso para la elección del Director del Centro Regional de Olancho (Curno), relató. Asimismo, la OIP recibió represalias porque por orden del IAIP, vía recurso de revisión, debió responder una solicitud de información de la periodista Wendy Funes que pidió una copia del listado de plazas de la carrera de periodismo”.

Segura también recibió represalias en 2014 cuando el Presidente del Sindicato de Trabajadores del Centro Universitario del Litoral Pacífico (CURLP), Héctor Orlando Martínez Motiño, solicitó acuerdos de nombramiento de una persona”.

Martínez Motiño fue asesinado el 17 de junio de 2015, en la ciudad de Choluteca aunque gozaba de la medida cautelar No. MC-253-14, otorgada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), informó C-Libre.

En ese momento, las autoridades universitarias informaron que Segura había cometido faltas.

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