Retrasar juicio por narcotráfico: estrategia de hermano y del primo de presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Tanto el ex diputado del Congreso Nacional, Juan Antonio Hernández Alvarado, como su primo, un ex oficial de la cúpula de la Policía Nacional de Honduras, Mauricio Hernández Pineda, han venido haciendo con la justicia estadounidense lo mismo que acusados de casos emblemáticos de corrupción, hacen en Honduras: promover los recursos procesales a su disposición para retrasar los juicios. 

La diferencia en Estados Unidos es que hay más independencia  y no hay una estructura tradicional de colusión entre la política y los jueces. Otras tácticas de las partes del juicio, han sido tratar de deslegitimar la prueba presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y pedir secretividad del proceso.

Una orden de protección del 22 de febrero de 2021, en el juicio de Mauricio Hernández Pineda (CC-6) trata “respecto a los procedimientos a seguir que regirán el manejo de material confidencial”, este documento es firmado por el Juez P. Kevin Castel.

La confidencialidad es respecto a datos relacionados con el proceso del primo del mandatario de Honduras. Mientras tanto el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado, alias Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández (CC-4), mandatario de Honduras, se ha retrasado de manera constante. De tal forma que la lectura de la condena contra alias Tony se ha postergado unas ocho veces y la nueve fecha fue fijada para junio de 2021.

Aplazamiento y objeciones

Una carta del 16 de septiembre de 2020 del expediente  15 Cr. 379, enviada al juez Castel cita “Represento al Sr. Hernández Alvarado. Le escribo para solicitar que el señor Hernández Alvarado la sentencia, actualmente programada para el 5 de junio, se aplazará durante al menos un mes en función de mis  conversaciones anteriores con el Tribunal sobre el acceso a mi cliente. El gobierno está dando su consentimiento para  un aplazamiento de un mes en este momento”.

“Desde nuestra última conversación, he tenido un acceso extremadamente limitado a mi cliente. Ahí hay no ha habido visitas en persona y solo la capacidad de hablar por teléfono durante períodos cortos de tiempo en circunstancias menos que ideales. Como puede imaginar, es extremadamente difícil establecer una buena relación con un cliente al que nunca ha conocido; más aún cuando tiene que utilizar un intérprete. Como tal, no he podido completar una presentación de sentencia adecuadamente completa”.

El 28 de agosto de 2019 mientras había preparativos para el juicio en el que Tony Hernández fue condenado por cuatro delitos relacionados con el tráfico de drogas, la Fiscalía alegó ante la Corte que el Tribunal debería anular las objeciones del acusado a los peritos del Gobierno.

En este escrito, la defensa había objetado a peritos propuestos por el fiscal Geoffrey S. Berman.

En sus alegatos, la Fiscalía citó que el testimonio de los expertos es relevante y admisible para ayudar al jurado en su consideración de pruebas relacionadas con “el tráfico internacional de drogas a gran escala que involucra corrupción profunda, ametralladoras, artefactos destructivos y asesinatos”.

«El acusado tampoco se ha opuesto a que el Gobierno ofreciera comunicaciones electrónicas interceptadas legalmente entre co-conspiradores en 2016 relacionadas con un kilogramo de cocaína con su sello “TH”. Finalmente, el acusado no ha objetado el testimonio ofrecido por CW-3 de que el acusado participó en asesinatos relacionados con las drogas en Honduras en 2011 y 2013, uno de los cuales el acusado coordinó con CC-7, un miembro de alto rango de la Policía Nacional de Honduras», dice este escrito.

Ocho asesinatos

«La divulgación del 26 de agosto informó a la defensa que el Gobierno tiene la intención de ofrecer testimonio de CW-2 y CW-5 en relación con un incidente de 2009 en el que el acusado y otras personas respondieron a un robo de cocaína del acusado con al menos aproximadamente ocho personas asesinadas», cita el escrito Case 1:15-cr-00379-PKC Document 82 Filed 08/28/19 de la Fiscalía.

«Hay evidencia de que el acusado y sus co-conspiradores utilizaron el producto de la droga para asegurar y explotar las instituciones del gobierno hondureño para promover el tráfico de drogas».

«Dicha evidencia es extraordinariamente relevante para los delitos imputados. De hecho, el acusado explicó durante su declaración posterior a la detención que la corrupción política era un “modus operandi” del narcotráfico: siempre intentan involucrar a alguien para poder estar en el. . . tener algo del estado. Ya sea información, logística o algo así, para traer a alguien o comprometer al gobierno para que lo ayude. Eso siempre ha sucedido, siempre. Es un modus operandi con el narcotráfico. . . y crimen organizado».

«CC-6 no era solo el primo del acusado. El Gobierno establecerá que ayudó a escoltar cargamentos de drogas, transmitió información confidencial de las fuerzas del orden desde la sede de la Policía Nacional de Honduras a coconspiradores y custodió una de las propiedades del acusado en San Pedro Sula, Honduras, donde un testigo que cooperó observó grandes cantidades de Moneda estadounidense envasada al vacío en un armario. Por lo tanto, el jurado pudo inferir fácilmente, a partir de la evidencia del papel y la relación de CC-6 con el acusado, que CC-6 llamó a CW-3 para determinar si CW-3 había comprometido la conspiración y había puesto al acusado y a CC-4 en riesgo».

«Los conspiradores utilizaron las ganancias de las drogas para financiar campañas que ayudaron a CC-3 y CC-4, entre otros, a asegurar posiciones políticas clave, incluida la presidencia y el liderazgo en el Congreso hondureño. Los conspiradores confiaron en la autoridad derivada de estos cargos para operar con impunidad en relación con el tráfico de drogas violento y a gran escala adicional, que generó fondos ilícitos adicionales, que se utilizaron para apoyar campañas adicionales de CC-4 y otros. En pocas palabras, el apoyo al narcotráfico era un objetivo clave del liderazgo del Partido porque las ganancias de la droga ayudaron a financiar sus operaciones».

En este alegato, la Fiscalía de NY citó, «El Gobierno especificó el 26 de agosto de 2019 que el Agente Especial Mervis explicará que la mayor parte de la cocaína en la región de las Américas se produce en laboratorios clandestinos en áreas montañosas y selváticas de Colombia donde la planta de coca crece mejor,  las hojas de coca se procesan en los laboratorios, por lo general utilizando gasolina, ácidos y amonio, para extraer la base de cocaína, la base de cocaína se seca, se disuelve con disolventes como acetona y éter, y luego se hierve a facilitar la cristalización del clorhidrato de cocaína,  los trabajadores de laboratorio buscan eliminar los solventes del clorhidrato de cocaína presionando la sustancia, incluso con herramientas como prensas hidráulicas y microondas».

Golpe de 2009

«El Gobierno establecerá que el acusado describió el golpe de 2009 como un acontecimiento que aumentó la probabilidad de un lucrativo tráfico de drogas adicional y una mayor impunidad, consideró cada una de las elecciones nacionales como un motivo para participar en el tráfico de drogas adicional para generar ingresos».

«Aproximadamente en el verano de 2009, el acusado le dijo a CW-3, en esencia, que el golpe había mejorado las perspectivas de su asociación con el narcotráfico porque era más probable que CC-3 y CC-4 estuvieran en posiciones de proteger y Ayúdelos ganando sus campañas del Partido Nacional para Presidente y Presidente del Congreso, respectivamente».

Mientras los trámites de juicio de los dos familiares de Hernández Alvarado transcurren, esta semana se lleva a cabo el enjuiciamiento de Geovanny Fuentes, señalado por la Fiscalía de Nueva York como socio de Hernández en un narcolaboratorio en Puerto Cortés, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras.

En tres distintas comparecencias públicas, el mandatario de Honduras ha dicho que estos señalamientos son una venganza de los narcotraficantes que ha combatido con éxito durante su mandato. A través de redes sociales, el gobierno mintió al negar que Pineda es primo de Hernández Alvarado.

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