Supuesta solución amistosa por L. 17.4 millones para pastores no aparece en informes de la CIDH

En Panamá se habló de un impulso para una situación amistosa, según un informe de la CIDH. Pero no se habla de que se haya firmado.

Nota informativa

 

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación.  En los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revisados de 2005 a 2020, no aparece ningún documento que acredite que el Estado de Honduras firmó finalmente con los pastores Heriberto Chica y Mario Tomas Barahona que los indemnizarían.

Una supuesta carta enviada al Conadeh, basa su petición en un supuesto acuerdo de Solución Amistosa con el gobierno de Honduras, que los denunciantes identifican como caso 12.789.

Sin embargo, la única referencia al caso 12.789 está en un reporte de la CIDH, del año 2016, que indica que el “día viernes 2 de diciembre de 2016, la CIDH sostuvo 8 reuniones de trabajo en los asuntos …y Caso 12.789, Heriberto Chica y otro de Honduras. De estas reuniones de trabajo se destaca que se suscribieron 5 actas (de diferentes países) para el impulso de las negociaciones o de la implementación de acuerdos de solución amistosa”. 

Mentiras

Una serie de comunicaciones de correo filtradas a RI con denuncias contra el gobierno y en contra de oenegés que han intervenido en el caso, cuya autenticidad no se pudo verificar, sugiere la posibilidad de la presunta emisión de cheques y de que el gobierno haya firmado un acuerdo con los pastores desde el 3 de diciembre de 2019, pero únicamente se establece la promesa que el acuerdo saldrá publicado en el Diario Oficial La Gaceta. La Procuraduría General de la República negó que exista tal documento.

Supuestas coimas

El defensor de derechos humanos, Leonel Casco, confirmó a RI que envió a la ministra de Finanzas Rocío Tábora un mensaje en el que se presenta como intermediario para denunciar que hay una situación irregular en Casa Presidencial por supuestas coimas que le están pidiendo para cumplir este acuerdo amistoso.

Casco indicó en un audio que filtraron por redes sociales que los abogados de los pastores le informaron que “mediante un acuerdo de negociación de solución amistosa, el 3 de diciembre de 2019 suscribieron un acuerdo de solución amistosa con el presidente de la República, mismo que fue revisado el 1 de febrero de 2020, a raíz de eso, el acuerdo consiste en un pago de seis millones de lempiras a cada una de las víctimas…e incluye unos cinco millones diferenciados para los representantes y también el organismo de derechos humanos que ha mediado y un abogado peruano”.

“…el problema de fondo me expresa es que posteriormente a este acuerdo que de buena voluntad lo suscribió el presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, se procedió a la emisión de los respectivos cheques”, dijo Casco. 

“Sin embargo, hasta la fecha no se han entregado los mismos porque, según me expresa él, los están condicionando tanto a él como a los dos pastores víctimas de que tienen que cancelar la cantidad de cien mil lempiras  cada uno para hacer entrega de estos cheques aparentemente esto es de parte del administrador de Casa Presidencial o de un grupo intermediario”.

Quizás Hernández no se da cuenta de esto, agregó Casco, y que el abogado peruano de los pastores está preparando una denuncia formal. Los pastores no están de acuerdo en pagar esta cuota o coima a los funcionarios, dijo en el audio.

El pastor Mario Tomas Barahona respondió que está sorprendido con este tema, quiero hacer notar que esta denuncia de coimas y pagos es falsa y buscan desprestigiarlo a uno, declaró el religioso.  Dio entrevista el 18 de febrero pasado, al programa Los Analistas de la Noticia, de Radio Globo. Esta es una nota que mandó un abogado de Perú. “No ando detrás del dinero”. “Si alguien dice que le han pedido dinero, desconozco el tema”, afirmó.

La denuncia en la CIDH

En el Informe No. 145/10, consta que la CIDH admitió la Petición 942-05 de una denuncia interpuesta por Mario Tomas Barahona Zelaya y Heriberto Antonio Chica Portillo.

En este informe del 1 de noviembre de 2010, la CIDH describió que los denunciantes fueron privados de su derecho a participar como candidatos a diputados en las elecciones generales celebradas en noviembre de 2005 en Honduras por ser pastores evangélicos.

“En particular, los señores Barahona y Chica afirman ser pastores de la congregación religiosa “Ministerio Internacional Mi Viña”. Indican que el 20 de febrero de 2005, como consecuencia de las elecciones primarias celebradas por el Partido Nacional de Honduras, resultaron electos como “candidatos a diputados para el Congreso Nacional” por los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, respectivamente. Afirman que, en consecuencia, habrían adquirido el derecho a participar en las elecciones generales que habrían de realizarse en noviembre de 2005 y que la congregación religiosa a la que pertenecen les habría otorgado un permiso para dedicarse al ejercicio de actividades políticas

Sostienen que, posteriormente, miembros de otros partidos políticos, el Partido Liberal de Honduras y el Fiscal Especial del Ministerio Público para la Defensa de la Constitución (en adelante, “Fiscal Especial”) se habrían manifestado en contra de su participación en las elecciones como candidatos a diputados del Congreso Nacional. Afirman que a consecuencia de ello, un ciudadano hondureño habría presentado ante el Tribunal Supremo Electoral (en adelante “TSE”) un escrito de oposición a su participación como candidatos electorales, argumentándose, principalmente que eran pastores evangélicos. Informan que el 8 de junio de 2005 el TSE declaró “sin lugar” el recurso y estableció que las presuntas víctimas eran aptas y se encontraban habilitadas para participar en el proceso electoral. Agregan que, contra esa resolución, se interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras dos recursos de amparo: uno presentado por el mismo ciudadano hondureño, (expediente No. S-CO-873-2005) y otro presentado por el Fiscal Especial (No. S-CO-893-2005). Indican que el 27 de julio de 2005 la Corte Suprema otorgó el primer amparo de pleno derecho.  Alegan que no existe recurso interno para impugnar la decisión adoptada por la Corte Suprema”.

“Por su parte, el Estado hondureño sostiene que la petición es manifiestamente infundada e improcedente, por lo tanto, inadmisible. Afirma que las presuntas víctimas no cumplen con los requisitos establecidos por la legislación hondureña para aspirar al cargo de Diputado del Congreso Nacional y que las limitaciones reguladas al respecto fueron establecidas por el Estado en apego a lo dispuesto en el artículo 23 de la Convención Americana”.

 

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