Amenazas y manipulación de indicios en muerte de Keyla Martínez

La jueza, Gracia María Bertrand, dijo en sus redes sociales y en el programa El Perro Amarillo que este caso debe ser investigado bajo el Protocolo de Minnesota (Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Abitrarias y Sumarias).

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El criminalista, Gonzalo Sánchez; la ex directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva; la directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas; coincidieron en que la policía modificó la escena del delito contra la vida de Keyla Martínez.

El dictamen forense que constituye evidencia científica arrojó indicios de una muerte por homicidio desde el punto de vista médico legal, mientras el indicio testifical del médico que acompañaba a Keyla Martínez sustenta que escuchó a la joven decir que se iba a colgar con su suéter y que hay diez testigos más de este hecho.

La exdirectora de Medicina Forense reveló el jueves en su cuenta de Twitter que la joven sufrió torturas, estrangulamiento y posible abuso sexual, de acuerdo con el dictamen forense de la muerte ocurrida dentro de la posta policial de Intibucá cuando la joven estaba bajo custodia estatal. La muerte sucedió durante un toque de queda que fue declarado por el gobierno desde marzo de 2020 por la pandemia de Covid 19. 

En su Twitter Villanueva estableció que el cuerpo presentó cianosis, congestión y edema, todos los signos de una asfixia mecánica, descritos en artículos científicos de Medicina Legal.

 


"Me voy a colgar con mi suéter"

El suicidio también puede provocar un tipo de asfixia mecánica, pero según se puede concluir de la información proporcionada por Villanueva en su red social y del comunicado emitido por el Ministerio Público, el cuerpo no tiene los signos que deja un suicidio. 

Con el suicidio se producen lesiones vertebrales severas que asocian la lesión medular (la más frecuente es a nivel de C2-C3). Generalmente causan una muerte muy rápida. También pueden combinarse los mecanismos de compresión de cuello (anoxia e isquemia) con el inhibición refleja cardiaca, de manera que puede haber algunos signos de asfixia”, de acuerdo con el estudio Asfixias mecánicas, elaborado en 2008 por la Médica residente del Departamento de Medicina Legal, Poder Judicial, Costa Rica, Emily Solano Gonzáles.

Cinco días después de la muerte, el ginecólogo Edgar Velásquez, empleado del gobierno en el sistema hospitalario, salió ante medios masivos para declarar que a esos de las 11:30 de la noche lo detuvo la policía cuando iba en su automóvil, un oficial le dio tratos verbales con agresividad. Lo esposaron y lo subieron a la patrulla. Él iba alterado porque lo enchacharon (aros de presión en las manos) y Keyla trataba de calmarlo, lo tuvieron esposado, no le dejaron hacer la llamada a la que tiene derecho una persona detenida, las mujeres policías se encargaron de Keyla, dijo.

Velásquez ha dicho a diferentes medios que cuando ella estaba dentro de la celda policial, escuchó que la joven cantó la canción Amor Eterno y otras melodías, luego dijo “yo me quiero morir, me voy a colgar con mi suéter”. Describió que le decía a su amiga: “licenciada no diga esas cosas que las palabras tienen poder”. En cada declaración que dio Velásquez insistió en que nunca hubo rondas policiales cerca de las celdas para ver cómo estaban. 

Al canal HCH le expresó que no tiene noción del tiempo, pero que pasaron como dos horas, ante las repreguntas de los periodistas de qué podría haber pasado entre la 1:30 y las 2:55 de la mañana que la joven es llevada al hospital, Velásquez no respondió detalles.

La hermana de la víctima, Nancy Martínez, puso en duda la versión pública del ginecólogo y manifestó que había creído que iba a decir la verdad. La madre de la víctima dijo que el doctor no les dio ni siquiera el pésame y que su hija era un joven alegre con muchos planes. 

A medida pasa el tiempo surge más confusión y versiones encontradas. Unas horas después de las declaraciones del médico, filtraron por redes sociales un video que supuestamente es del momento de la detención de Keyla Martínez, junto a Velásquez. En este vídeo se ve a Keyla tratando de calmar a su amigo. 

Trampas y manipulación

Según consta en el Oficio MNP-Conaprev No. 130-2021, este comité estatal le respondió a la hermana de la víctima, Nancy Martínez, que podían solicitar un peritaje independiente. Villanueva había sido propuesta por la familia de la víctima como perito privada para hacer una autopsia paralela a la del Ministerio Público y buscar indicios científicos de este delito contra la vida de la universitaria. 

En menos de una semana, tanto las organizaciones de derechos humanos que siguen el caso como la doctora Villanueva han sido apartadas sutilmente. 

Parece que se trata de una estrategia que “creemos que es para dar otra orientación a la investigación y garantizar la impunidad en la muerte de mujeres”, denunciaron al menos dos fuentes ligadas a la defensa de Derechos Humanos que pidieron anonimato. Una de ellas habría sufrido intimidación. Existe la intención de que en los próximos días se trate de implicar a mujeres policías en este hecho, según la versión de una de estas fuentes. 

Abogada acusadora ha defendido a policías

48 horas después de la muerte de Keyla, su hermana Nancy Martínez  declaró a través del canal HCH que una organización de mujeres llevaría el caso y daría acompañamiento a la familia para llegar a conocer la verdad y obtener justicia. Las organizaciones de mujeres analizan este como un crimen basado en razones de género, pero finalmente la familia fue convencida para decidir que el caso lo llevara una acusadora privada.

La procuradora privada que entró en escena está desligada de las organizaciones defensoras de derechos humanos, se trata de la abogada Irma Yamileth López que hizo un llamado a los manifestantes porque”no es incendiando las calles” y las postas policiales que se obtendrá justicia, expresó.

López es una reconocida penalista que en el pasado ha llevado casos de personas supuestamente ligadas a redes de tráfico de personas, formó parte de la defensa de los concejales del Poder Judicial enjuiciados por supuesta corrupción, también defendió en juicio oral y público a policías acusados por supuestos delitos ligados al tráfico de drogas, según consta en Libros de Entrada y expedientes judiciales del Tribunal de Sentencias de Francisco Morazán. 

En el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán fue apoderada legal de un supuesto narcomenudista de Tegucigalpa que fue investigado por el director de Lucha contra el Narcotráfico, Julián Arístides Gonzáles, unos años antes de su asesinato, por supuestos nexos con operadores judiciales. 

La abogada López es una reconocida penalista. Chicón fue enjuiciado por un caso ligado a distribución de drogas en la colonia Cerro Grande.
La abogada defendió a una mujer supuestamente implicada en presunto tráfico de personas.

La madre de Keyla Martínez, Norma Rodríguez, dijo en el programa televisivo Frente a Frente que la abogada López llevará el caso de manera voluntaria, sin cobrar.  La abogada declaró que confía en el sistema de investigación de Honduras.

“El Ministerio Público nos mandó dos brillantes abogados fiscales. Estamos haciendo un equipo para un mismo objetivo que es hacer justicia. No es incendiando las calles que vamos a encontrar la justicia, queremos luchar de una forma pacífica, pero no queremos incendiar las postas policiales ni los centros comerciales y los que participaron en este hecho delictivo no es toda la policía nacional. Nos vamos a condenar a toda la policía porque hay muy buenos elementos en la Policía Nacional”, manifestó López en el programa Frente a Frente.

Sin estar acusado, también el médico que acompañaba a Martínez tiene como abogado a otro reconocido penalista de alto perfil del país, al ex defensor en el Caso Pandora impulsado por la Maccih contra el ex candidato presidencial, Elvin Santos, y otros políticos del país. El abogado Raúl Suazo es pariente del ex magistrado del Poder Judicial, Ivis Discua Barillas y ha comparecido como defensor en varios casos de impacto y de tráfico de drogas.

Al mismo tiempo, mientras transcurren los días, hay filtraciones a la prensa de presuntos informes estatales con supuestas declaraciones de testigos que reafirman la tesis del suicidio. 

Además el periodista, Henry Fiallos, que le ha dado cobertura al tema, fue amenazado. RI trató de identificar el número desde donde surgió la amenaza no tiene Whatsapp y aparece registrado en Honduras con la compañía Claro.

Guerra de información

A través de un vídeo filtrado a la prensa, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, declaró que Medicina Forense determinó que murió por asfixia mecánica y que se trató de un homicidio. La declaración contradijo el comunicado policial que aseguró que fue un suicidio.

Los voceros policiales han desaparecido de la escena pública, en las redes circulan mensajes de policías heridos durante las protestas y en una semana, la matriz de información mediática del delito contra la vida de Keyla Martínez ha dado un giro y ahora de informar que se trataba de un homicidio, la posición se ha tornado ambivalente para preguntar si fue homicidio o suicidio.

Tres comunicados estatales contradictorios

Femicidios y delitos contra la vida de mujeres

La organización no estatal Lésbica Cattrachas está analizado este y otros casos para documentar cómo en 33 femicidios que han registrado en 2021 se crea impunidad, dijo su directora, Indira Mendoza. 

“Cómo se crea la impunidad, si hoy hay 33 femicidios solo hay tres capturados por qué si la mayoría fueron femicidios íntimos, como van creando impunidad en relación a los cuerpos de las mujeres, son 33 casos y de esos 33 sólo hay tres capturas. A una muchacha la acaba de matar el marido y escapó. En Islas de la Bahía, el asesino es una persona conocida que supuestamente salió a Belice y no lo han capturado”, analizó Mendoza.

Desapariciones, violencia sexual y rasgos de trata

La muerte de Martínez ocurre en un contexto de ataques sexuales contra mujeres de Intibucá que permanecen en la impunidad. El 15 de octubre de 2020, en la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante denuncia 1195, cuya copia fue facilitada a RI, una joven denunció que un hombre le ofreció empleo como trabajadora doméstica y cuando ella fue al lugar, la violó. El sospechoso no fue detenido. 

La directora de la organización no estatal Las Hormigas, Eva Sánchez, y concejal del Mecanismo de Protección dijo a RI que el 7 de enero tres jóvenes denunciaron que la Policía Nacional las detuvo y las amenazaron con una violación. Estas jóvenes salieron del país.

A RI fue enviado el testimonio de otra persona, cuyo nombre se omite por seguridad, que proporcionó información que hace constar otra denuncia de una menor de 14 años que también fue violada en las últimas horas, fue atraída bajo el engaño de darle trabajo. El hombre parece ser el mismo que violó a la niña de 15 años y la policía no lo detiene. Este hombre le dijo a la niña que él es un narco, dijo la fuente.

El investigador social, Fabricio Herrera, opinó que pareciera que hay algo más grande de lo que se ve, que pretenden ocultar en este caso bajo control de “planificadores como operadores que mantienen la sede policial de La Esperanza. Es un hilo peligroso”, opinó.

Sugirió que una investigación de este tipo no debiera desligarse del contexto de  asesinato contra Berta Cáceres porque ocurrió en el mismo departamento. El crimen contra Cáceres involucra gente del crimen, narcos, políticos, empresarios delincuentes, declaró.

“Quizá Keyla tenía conocimiento de algo. No de lo de Berta, sino de las actividades ilícitas. La detención fue claramente planificada. Keyla lo comprendió y entró en pánico. El asunto es que si se investiga se podrían visualizar conexiones que no se quiere que se vean”, reflexionó Herrera.

Be the first to comment

Deja un comentario