Entre amenazas y medidas de protección, Corte IDH cierra las audiencias del caso Vicky Hernández versus el Estado de Honduras

Por Dunia Orellana y Dennis Arita 

San José, Costa Rica | Reporteros de Investigación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó  medidas provisionales a la familia de la activista transexual hondureña Vicky Hernández y al equipo de abogadas de la organización Cattrachas para salvaguardar su vida.

Las medidas, otorgadas el jueves 12 de noviembre, se deben a que durante el primer día de audiencias, celebrado 24 horas antes, por el caso de la líder transexual, la madre de Vicky recibió tres llamadas amenazantes de agentes estatales de investigación. Una activista de la organización lésbica Cattrachas también fue hostigada por fundamentalistas religiosos. 

En ese segundo día de audiencias, se conocieron detalles de las llamadas de hostigamiento que el Estado hondureño aceptó que se había realizado, pero añadió que se estaba pidiendo una investigación a la Secretaría de Seguridad para conocer el contexto de las llamadas de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).  Debido a las amenazas, las actividades de la Corte IDH se tuvieron que suspender media hora para asegurar la vida de las afectadas.  

Once años después de su asesinato, el caso de Vicky Hernández sigue siendo una piedra en el zapato del Estado hondureño, el cual parece recurrir a toda clase de peligrosas tretas para silenciar a quienes le reclaman que se haga responsable del crimen. 

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El caso fue tratado ante jueces y juezas de la Corte IDH en dos audiencias públicas virtuales. La primera tuvo lugar ayer y la segunda se realizó hoy con la participación de juristas internacionales; la Comisión IDH; las abogadas de Vicky, Astrid Ramos, Nadia Mejía, Angelita Baeyens, Kacey Mordecai; el perito peruano Carlos Zelada y la perita argentina Marlene Wayar. Además participaron por el Estado hondureño los abogados Nelson Molina y Jacobo Cálix junto a la procuradora general de la república Lidia Estela Cardona.

En las audiencias, la familia de Vicky, por medio de las abogadas de la organización Cattrachas, trató de demostrar la responsabilidad del Estado de Honduras en la ejecución extrajudicial de la defensora de derechos humanos. Agentes de seguridad estatal perpetraron supuestamente el crimen en una calle de San Pedro Sula, donde Vicky ejercía el trabajo sexual, entre el 28 y el 29 de junio de 2009, durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya. 

Por otro lado, participaron los abogados representantes del Estado de Honduras, con el fin de probar que la muerte de la líder trans hondureña no es una ejecución extrajudicial y que el Estado no es culpable del crimen ni ha sido negligente en su tratamiento investigativo y legal del caso. Con argumentos discriminatorios que aludían a la vida privada de Vicky, la Procuraduría General de la República (PGR) hondureña intentó desacreditar la hipótesis de la responsabilidad estatal en el asesinato. “Para que haya ejecución extrajudicial debe haber intencionalidad y uso ilegítimo innecesario de la fuerza, la CIDH en su informe no detalla elementos de prueba para la intervención de agentes estatales, solo que el hecho ocurrió durante el toque de queda”, dijo Molina. 

La brasileña, Flávia Piovesan, de la Comisión IDH señaló en la audiencia: “Las mujeres trans son las que más sufren la violencia. Son asesinadas con arma de fuego y sus cuerpos tienden a ser expuestos. Dicha violencia se agudiza cuando son defensoras de derechos humanos (…) El caso de Vicky fue un transfeminicidio y se declare la responsabilidad del Estado por tratarse un caso de violencia contra las mujeres”.

 

Desde hace más de once años, la organización lésbica Cattrachas ha pedido justicia para que el asesinato de Vicky y otros crímenes de odio no queden impunes. Al menos 116 mujeres trans y 250 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas desde 2009 en Honduras. 

Cattrachas presentó el caso de Vicky ante la CIDH en 2013 y después se unió a la defensa de la organización Robert F. Kennedy Human Rights de Estados Unidos. 

En el día inicial de audiencias, la primera testiga, la activista transexual Claudia Spellman, dijo que no se conocen todos los detalles de la muerte de Hernández porque “Vicky no tenía cicatriz de autopsia. Solo sufrió un balazo en la cabeza. Pienso que por ser trans y una persona que vivía con VIH. La mayoría de las personas trans que se quedan en Honduras mueren”.

Los policías “sacaban sus pistolas para atemorizarnos y nos golpeaban”, dijo Spellman. El asesinato de Vicky ocurrió en medio de la violencia del golpe de Estado de 2009. “Con el golpe se disparó el número de muertes de mujeres trans”.

También en la primera audiencia participó el perito peruano Carlos Zelada. La violencia afecta particularmente a las mujeres trans por su identidad de género, afirmó el peruano.

Según Zelada, entre 1994 y 2019 han sido asesinadas al menos 350 personas LGBT en Honduras y los números crecieron desde el golpe de Estado, cuando en siete meses se contabilizaron 29 de esos crímenes, de los cuales 15 corresponden a personas trans.

Diez de esas víctimas estaban relacionadas con la organización Unidad Color Rosa, de la que formaba parte Vicky Hernández, según el perito. “En ningún caso hay avances significativos en la investigación”, aseveró.

Hasta muerta, Vicky genera conquistas

La perita transexual argentina Marlene Wayar dijo que el caso de Vicky es un “transfemicidio”. Según Wayar, si se condena al Estado hondureño “se le van a exigir políticas públicas” para mejorar la situación de la población LGBTIQ+.

Wayar relató cómo conoció la lucha de la organización hondureña Cattrachas en favor de los grupos de la diversidad sexual y cómo esas luchas la tocaron. “Vamos tejiendo una red de protección hacia nosotras”, dijo la experta. “Y buscamos más estar juntas”. 

Para Wayar, el caso de Vicky es “paradigmático”. Según la perita, se trata “de un fusilamiento donde a las travestis se las obliga a mirar a quien las va a fusilar hasta ese último instante. Es una tortura previa al desenlace”. Es “importante ver los prejuicios actuando con el odio”, agregó, y habló de trabajar contra el fundamentalismo religioso. 

“Las travestis incluso muertas seguimos generando esas conquistas”, dijo la argentina con emoción evidente. “Creo que con Vicky pasa esto. No en vano nos mataron a otra luchadora por los derechos humanos. Creo que ella guía este proceso”. 

Otra participante a favor de la familia de Vicky cerró el segundo día de audiencias, la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza. “Las personas LGBTI no somos vulnerables, nos hicieron vulnerables. Somos esa cuota ‘permitida’ de cuerpos desechados por el Estado de Honduras”, dijo Mendoza en su participación virtual. 

El Observatorio de Cattrachas registra, desde junio de 2009 hasta hoy, 371 muertes violentas de personas LGBTI en Honduras, de las que 118 son personas trans, 210 son gais y 43 lesbianas. 

El caso de Vicky es un hito histórico para el sistema interamericano de derechos humanos porque es el primero de un transfemicidio que se enmarca dentro de una ejecución extrajudicial ante el sistema, manifestó Cattrachas en un comunicado de prensa. 

Es la primera vez que la testiga principal (Claudia Spellman) y una perita argentina (Marlene Wayar) son mujeres trans, que han sido excluidas históricamente de estos espacios judiciales. 

La decisión de la Corte IDH puede configurar un precedente para toda América Latina a favor de la población LGBTI, en especial las personas trans, y ordenar la creación de políticas públicas a favor de las personas LGBTI, como la ley de identidad de género que beneficia a las personas trans, con lo cual se dan garantías de no repetición y lucha contra la impunidad en los crímenes por prejuicio.  El caso de Vicky Hernández despertó la solidaridad de América Latina. Activistas y miembros de la sociedad civil de Argentina, Colombia, Panamá, Perú, México y Honduras se manifestaron exigiendo #JusticiaParaVicky. El hashtag fue tendencia nacional en Honduras y tuvo eco a lo largo del continente. 

La defensa del Estado de Honduras, las organizaciones que defienden a la familia de Vicky Hernández -Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights y la Comisión IDH- tienen hasta el 14 de diciembre para presentar sus alegatos finales. Se espera que dentro de tres a seis meses se lea la sentencia del caso.

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