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Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El asesinato de Berta Cáceres fue sólo uno de toda una serie de muertes contra ambientalistas que desafiaron el poder de elites locales, relacionadas con la presa de Agua Zarca, reveló Global Witness, en un estudio de caso.
En esta entrega reproducimos fragmentos textuales de la investigación hecha desde la óptica de Global Witness: «El 15 de julio de 2013, Tomás García, miembro del COPINH, y su hijo de 17 años recibieron disparos efectuados a corta distancia por el ejército hondureño durante una manifestación pacífica en el lugar donde se encuentra la presa en Río Blanco. Tomás García murió al instante a causa de sus heridas, pero su hijo, Alan, sobrevivió, a pesar de haber recibido varios disparos en el pecho, la espalda y un brazo».
«Un año más tarde, asesinaron también a William Jacobo Rodríguez, miembro del COPINH y activista en contra de la presa. Después, se acusó a los policías que protegían el proyecto hidroeléctrico de tortura y amenazas de muerte contra otros miembros del COPINH. En octubre de 2014, desapareció el hermano de Rodríguez, un joven de 15 años que se dedicaba a cultivar maíz en la tierra ancestral lenca que quería la empresa del proyecto; su cuerpo apareció más tarde en un río con indicios de tortura. El 5 de junio de 2014, ocho personas tendieron una emboscada a María Santos Domínguez, miembro del COPINH, y la amenazaron con asesinarla por su oposición a la presa, además de cortarle un dedo con un machete».
«Días después del asesinato de Cáceres, unos atacantes no identificados dispararon en plena cara a uno de sus compañeros, Nelson García, y lo mataron cuando volvía a casa tras el desalojo de una comunidad lenca. El exjefe de seguridad de la empresa de construcción de la presa, DESA, es una de las siete personas detenidas por el asesinato de Berta Cáceres. Unos meses más tarde, en julio de 2016, se encontró en una escombrera el cuerpo de otra activista más del COPINH, Lesbia Janeth Urquía; tenía heridas de machete en la cabeza».
Implicación del ejército
Siete hombres han sido acusados del asesinato de Berta Cáceres: dos de ellos tienen relación con DESA, la empresa propietaria de la presa de Agua Zarca, mientras que cuatro de ellos tienen vínculos con el ejército hondureño, dice este estudio.
Sergio Ramón Rodríguez era un ingeniero ambiental empleado por DESA y Douglas Geovanny Bustillo era el antiguo jefe de seguridad de la empresa, además de exteniente del ejército y especialista en inteligencia militar.
Edison Duarte y Henry Javier Hernández Rodríguez eran oficiales militares retirados y el Mayor Mariano Díaz era veterano de las fuerzas especiales y formador de la policía militar. Bustillo está acusado de contratar a Edison y a su hermano Emerson como sicarios.
La relación de DESA con el ejército hondureño alcanza hasta los niveles más altos. Según documentación de la empresa que ha podido consultar Global Witness, el presidente de DESA es Roberto David Castillo Mejía, exagente de inteligencia militar y empleado de la empresa energética estatal de Honduras, Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En 2009, una auditoría pública descubrió pruebas de que Castillo había participado en actos de corrupción: aún recibía un sueldo de las Fuerzas Armadas tras haber abandonado la institución y una empresa de su propiedad vendía al ejército productos sobrevalorados.
Global Witness fue de las primeras organizaciones en realizar un estudio de caso luego del asesinato de Berta Cáceres, titulado: El Asesinato de Berta Cáceres y los oscuros intereses que mueven la presa de Agua Zarca.
Pocos meses antes de su muerte, Cáceres comentó a Global Witness que Castillo la había llamado para intentar sobornarla para que dejara de oponerse al proyecto de Agua Zarca. Sin embargo, la relación entre el ejército hondureño y el asesinato de Cáceres no acaba ahí. Un ex miembro de una unidad de élite del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos, a quien entrevistó el periódico The Guardian, afirma que el nombre de Cáceres apareció en una lista negra militar meses antes de su muerte. Esta persona dijo al periódico que a dos unidades de élite se les entregó una lista que incluía los nombres y fotografías de decenas de activistas sociales y ambientales, con órdenes de eliminar a todos esos objetivos. El líder del COPINH Tomás Gómez informó a Global Witness de que se había vendido a sicarios una lista negra similar, en la que se ofrecían 1.000 USD por el asesinato de Berta. En septiembre de 2016, el COPINH descubrió que un espía militar se había infiltrado en la organización y, durante un año, había estado pasando información sobre sus actividades directamente a la Presidencia.
La familia Atala y la red de conexiones política de DESA
«La documentación de DESA muestra que su junta comprende a algunas de las élites empresariales y políticas con mejores conexiones de Honduras. El secretario de la empresa, Roberto Pacheco Reyes, es exministro de gobernación y justicia del Gobierno de Honduras. El vicepresidente de DESA, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es el presidente del banco BAC Honduras y miembro de una de las familias empresariales más adineradas de Honduras, los Atala.
El primo de Jacobo es el multimillonario Camilo Atala, exministro de Gobierno y propietario del banco Ficohsa. Camilo Atala también es uno de los principales inversores del polémico Indura Beach and Golf Resort, del que hablamos en el estudio de caso 5. El hermano de Jacobo, José Eduardo Atala Zablah, también está en la junta de DESA y es el presidente de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana y ex director por Honduras del banco regional Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El BCIE es uno de los principales inversores del proyecto de DESA de construcción de la presa de Agua Zarca. Otro miembro de la familia Atala, Daniel Atala Midence, es director financiero de DESA», dice este informe de Global Witness.
Los inversores internacionales
«El proyecto de Agua Zarca es un buen ejemplo de cómo en la corrupción y los abusos de derechos humanos que están produciéndose en Honduras hay implicados inversores internacionales y bancos de desarrollo, como el banco holandés de desarrollo FMO.
Berta Cáceres fue una de los 123 defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinados en Honduras desde 2010.
- Este informe originalmente reportó que Ficohsa y Camilo Atala Faraj fueron ‘actualmente bajo investigación por blanqueo de dinero”. De hecho, las acusaciones de blanqueo de dinero fueron sujeto a un ‘auto de sobreseimiento provisional’ en julio del 2016. Hemos también recibido una petición para que subrayáramos que ni el banco ni la familia Atala Faraj han tenido jamás un involucramiento en el proyecto DESA.
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Actas judiciales muestran que la empresa de construcción de la presa, DESA, exigió la persecución, el castigo y la neutralización del COPINH. - Al momento de este estudio de Global Witness el organismo Finnfund del Gobierno finlandés y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) estaban financiando la construcción de DESA de la presa de Agua Zarca. “El FMO es el principal inversor internacional y ha aportado 15 millones de dólares estadounidenses (USD)80 del coste total de 64 millones del proyecto”.
- Tras el asesinato de Berta Cáceres, la financiación de la presa se suspendió y el FMO y Finnfun anunciaron que estaban «intentando abandonar el proyecto»82. A pesar del carácter público de la oposición de cáceres a la presa y las resultantes amenazas contra ella y el COPINH, Cáceres comentó a Global Witness en noviembre de 2015 que el FMO nunca había intentado ponerse en contacto con ella o con sus compañeros».