Nueve de cada 10 personas sienten inseguridad aunque gobierno asegura que la tasa de homicidios es como en los noventa

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Tegucigalpa, Honduras I Reporteros de Investigación. Aunque el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH) asegura que está combatiendo el crimen y la inseguridad, nueve de cada 10 hondureños se sienten inseguros y manifiestan temor de salir a la calle, según Encuesta de Percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización, Honduras 2019.

El documento fue difundido el 13 de agosto por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) y el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales (NDI).

“La ciudadanía percibe que la inseguridad es uno de los principales problemas. Cuando se habla de cómo va a estar a futuro la inseguridad, dicen que va a estar peor. Donde más confianza tienen es en el barrio y se sienten inseguros a nivel de municipio y país”, afirmó la directora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Ayestas, encargada de presentar el estudio.

IUDPAS establece que la percepción de inseguridad es de 89.9 por ciento de personas que se sienten inseguras en el país, es decir, nueve de cada diez. Y el 10.9 por ciento de los entrevistados dijo que se sienten víctimas de algún delito en los últimos 12 meses.

El trabajo del gobierno de JOH no es bien visto por la población hondureña, a pesar de sus acciones para reducir la violencia y el número de homicidios como único indicador de seguridad ciudadana al que le dan seguimiento.

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Los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) ocupan los últimos lugares de confianza, según IUDPAS. La Corte Suprema de Justicia llegó al 25.1%, la presidencia de la república al 15.2% y, en último lugar, el Congreso Nacional con 13.9%.

Es importante que los funcionarios reflexionen sobre sus acciones y respondan la demanda ciudadana de conocer el uso transparente de los recursos del Estado y la rendición de cuentas de los fondos que nos pertenecen a todas y todos, según el Observatorio Nacional.

 

Infografía del Iudpas.

Narcopolíticos

En octubre del 2019, Juan Antonio Hernández, alias Tony Hernández, fue declarado culpable por los delitos de narcotráfico en Estados Unidos, tras dos semanas de juicio en el que se presentaron duras acusaciones de corrupción contra su hermano, el actual presidente hondureño.

Una reciente investigación ha relacionado al presidente del Congreso de Honduras con uno de los principales carteles de la droga, lo que vuelve a poner en evidencia las conexiones de los altos funcionarios del país con los criminales.

En junio de 2019, RI informó que en una reunión de narcotraficantes se discutió que el “transporte de drogas a Estados Unidos estaba garantizado con elección de Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional de Honduras”; este año un informe, publicado por el medio Expediente Público, señala que el presidente del Congreso, Mauricio Oliva Herrera, le compró una serie de propiedades en Tegucigalpa a un socio comercial de Inversiones Acrópolis, empresa vinculada a Los Cachiros, una conocida familia narcotraficante de Honduras.

Un tribunal de sentencia de Honduras ordenó el 23 de julio del 2020 la liberación de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, quien guardaba prisión luego de ser detenida en su casa y encarcelada el 28 de febrero de 2018, por corrupción. El 4 de agosto, la Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento definitivo a la mayoría de los involucrados en el caso conocido como Pandora.

Cabe recordar que el caso Pandora trata sobre el supuesto desvío de fondos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería equivalentes a 282 millones de lempiras para utilizarlos en campañas electorales en 2013.

Entre los implicados sobresalen diputados, funcionarios y particulares a quienes señalaron de lavado de activos, malversación de fondos, fraude, abuso de autoridad, falsificación y uso de documentos públicos.

La Policía Nacional en la mira

Apenas tres de cada 10 personas confían en el trabajo de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Orden Público (PMOP).

Las cifras del IUDPAS revelan cómo la credibilidad de las fuerzas del orden y de investigación se ha ido al suelo en los últimos años.

Aunque no es nueva la desconfianza en las instituciones públicas hondureñas en general, las dudas sobre su trabajo parecen haber empeorado luego de los actos represivos desatados por el golpe de Estado de 2009 y por la polémica reelección del presidente Juan Orlando Hernández en 2017.  La OEA pidió repetir las elecciones  ante las denuncias de “especial gravedad” hechas por la Misión de Observación Electoral de la institución.

Las fuerzas del orden están en la mira de sectores que critican a la administración de Hernández.

Por su lado, la Policía Nacional asegura que la tasa de homicidios en Honduras es similar a la que hubo a inicios de los noventa.

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La PMOP, por ejemplo, parece haber sido creada por decreto por JOH en 2013 únicamente para reprimir a la población, como lo prueban docenas de videos tomados por la ciudadanía durante los constantes actos de represión en su contra en 2017, inmediatamente después de la reelección de Juan Orlando Hernández.

“Se les pide a las niñas y niños que pasen con 70% el año escolar. La pregunta es con cuánto debemos exigirles a las instituciones que pasen la confianza de la ciudadanía”, manifiesta Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, en entrevista para Reporteros de Investigación.

Ni siquiera los órganos estatales se salvan. La población tampoco confía en ellos, agrega Ayestas.

Hasta instituciones que nadie acostumbra relacionar con la represión están actuando con violencia contra la población, como agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Dos miembros de ese cuerpo de seguridad lanzaron el jueves 13 de agosto bombas lacrimógenas dentro de un autobús interurbano en la colonia López Arellano, en Choloma, cuando al parecer los ocupantes se negaron a salir de la unidad.

Resulta curioso que la DNVT tardara apenas unas horas en suspender a los dos agentes que tiraron las bombas en el autobús y en comenzar una “investigación del caso”, según comunicado emitido el mismo día por la Policía Nacional.

La CIDH publicó en octubre un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país en el que revela que existe una situación grave de violaciones de derechos humanos y de impunidad, y además que hay una “justicia selectiva” que actúa tardíamente cuando se trata de perseguir a gente que viola derechos humanos o a corruptos y corruptas, y una justicia que actúa de otra manera cuando se trata de proteger a sectores vinculados con el poder político, económico y empresarial.

 

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