Sicarios contratados por políticos para asesinar periodistas

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Nuestra primera entrega de Sicarios. A propósito del mes dedicado a la prensa hondureña, a lo largo de esta serie, vamos a revelar hechos relacionados con el asesinato de comunicadores hondureños. 

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Un floreciente mercado de sicarios financiado por políticos, compuesto con militares, policías, ex integrantes de los cuerpos armados de Honduras, miembros de la dieciocho y de la Mara Salvatrucha (MS), se cultiva en Honduras.

En el negocio hay criminales con acceso a nuevas tecnologías de comunicación en este momento que el mundo entra a la era de la Inteligencia Artificial, cuentan con especialistas en finanzas, actividades que les dejan lucro y una de las más rentables, el catálogo de sicarios encargados de cometer asesinatos de alto impacto por encargo de narcopolíticos, según la mutación más reciente de esta estructura, respaldada en testimonios y fuentes documentales.

Esta investigación se centra en los crímenes contra la prensa aunque en el transcurso se encontraron casos de líderes sociales y políticos que cayeron en manos de esta fuerza de mercenarios. La firma criminal más clara de la estirpe de políticos que están alimentando el sicariato se distingue en el crimen contra el periodista Aníbal Barrow. 

Cinco años después de que ex jefe de investigación criminal Carlos José  Zavala Velásquez, encontrara los cadáveres del periodista y de su conductor, decapitados, quemados y desmembrados, testificó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que “corrían rumores de que Barrow había sido asesinado por orden de políticos corruptos altamente calificados”. La evidencia yace en el expediente 1:2015-cr-00174-439818 de aquel tribunal. El oficial identificó a Los Cachiros como los responsables de la muerte de Barrow. “Sin embargo, fue reasignado y, por lo tanto, no pudo realizar un seguimiento”, dijo su defensa ante esta Corte.

Un informe policial, firmado por Zavala Velásquez, del 9 de julio de 2013 revela que el 24 de junio de 2013 “cuando el periodista Aníbal Barrow se dirigía en un vehículo propiedad de su familia con tres familiares y se disponía encontrarse con una persona para cerrar un negocio de publicidad”, fue secuestrado, sus familiares fueron dejados en el camino y el vehículo en el que se conducía quedó abandonado con un hilo de sangre.

El informe de Zavala Velásquez no menciona la versión de prensa que ha indicado que Barrow se reuniría con un diputado hondureño para la venta de publicidad.

El narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga aceptó ante este mismo estrado que participó en el asesinato de Barrow y testificó que trabajaba con Fabio Lobo, el hijo del presidente de la República en aquel entonces, Porfirio Lobo, y con diputados como Freddy Najera. En su testimonio menciona al diputado Óscar Najera y confesó que sobornó al diputado Juan Antonio Hernández, a su hermano el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández.

No obstante, la justicia hondureña condenó únicamente a mareros, como autores materiales, por el crimen contra Barrow, lo que demuestra la conexión entre políticos, crimen organizado y la utilización de maras y pandillas como el eslabón con menor jerarquía criminal en esta cadena que ha venido asesinado a periodistas.

En todo el proceso judicial de los sicarios, el discurso público bien guardado fue a qué grupo pertenecían los sicarios de Barrow. Uno de ellos fue detenido en territorio de la Mara Salvatrucha (MS). Barrow era un crítico permanente del partido de gobierno, al igual que ahora, encabezado por el Partido Nacional.

Sólo seis meses antes de comandar la búsqueda del cadáver de Barrow, desaparecido 15 días en la Costa Norte de Honduras, Zavala Velásquez también había participado en el operativo de decomiso de un arsenal a Héctor Emilio Fernández, alias Don H, otro narcotraficante extraditado. Entre el arsenal había un fusil AK 47, bañado en oro, con incrustaciones de perlas y diamantes. La refulgente arma tenía el logotipo Versace. Identificado unos años después en las narcolibretas de Magdaleno Meza como el nombre clave de Juan Orlando Hernández aunque ante el tribunal de Nueva York, Zavala Velásquez dijo que el fusil era de Don H. En ese tiempo Hernández era el presidente del Congreso Nacional.

Sicarios

“La Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos, condenó a Héctor Noé Baquedano Galindo, conocido también como Cristian Alexander Menjivar Díaz, a las penas de 33, 20 y 2 años de reclusión por los delitos de asesinato, robo agravado en perjuicio del periodista Aníbal Barrow; asociación ilícita en calidad de cabecilla en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y uso indebido de nombre supuesto en perjuicio de la fe pública», dice un boletín  judicial.

«De igual manera, el Tribunal condenó a José Hernán Díaz Mejía a las penas de 33, 13 años 4 meses y 3 años por los delitos de asesinato seguido de robo agravado en perjuicio del periodista, asociación ilícita en calidad de miembro y posesión ilegal de arma comercial”.

Este relato de horror para la prensa hondureña no era el primero ni el único. En 2009 Nahúm Palacios había fallecido en circunstancias que hasta hoy han permanecido ocultas. En 2019 habrían de ocurrir siete asesinatos más en la misma ruta de la narcopolítica.

En los vericuetos de los recintos policiales y militares ha ido y venido informes de inteligencia, algunos apócrifos, en los que se mezclan nombres de policías y militares de diferentes rangos y jerarquías implicados en silenciar las críticas del periodista de Colón, crítico del Golpe de Estado de 2009.

Uno de estos informes, filtrado a Reporteros de Investigación, es un documento de inteligencia, que aunque se buscó validar no se encontraron suficientes elementos para verificar que todos los datos sean reales. En este informe se reporta que en este tiempo había una banda de policías sicarios, los nombres de estos policías han sido mencionados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el asesinato de Julián Arístides Gonzáles. Supuestamente además se dedicaban a la extorsión, robo, asaltos y limpiezas de las escenas del crimen después de los asesinatos.

Este informe de inteligencia menciona que Palacios habría sido asesinado con armas de decomisadas como AK-47 y M16, sacadas del cuartel de Casamata, para ejecutar el crimen. Lo que se verificó es que el supuesto encargado de este almacén, nombrado en el informe, fue cancelado de la Policía Nacional y su nombre aparece en el comunicado No.27 de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.

Esta información señala que Palacios fue asesinado por una cúpula policial y militar, bajo el mando de políticos incómodos por las expresiones del periodista.

Para el exjefe de investigación criminal, Leandro Osorio, el problema de estos informes, que van y vienen, es que pareciera que tienen la clara intención de desacreditar a la policía y de ocultar a los autores intelectuales, ha sido un secreto a voces la supuesta colusión de políticos y sicarios, pero nunca se investiga la autoría intelectual.

MS y la 18 en alianza con políticos

El sociólogo, Ernesto Bardales, tiene 25 años investigando maras y pandillas en Honduras, el estudio más reciente lo ha hecho acompañando como asesor de organizaciones no estatales de Honduras financiadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para entender las nuevas dinámicas de maras y pandillas en seis ciudades del país.

Para Bardales, hay un nexo muy claro entre empresarios, políticos, Fuerzas Armadas, policías y maras.

“Todo el destape que se ha dado a raíz de los juicios del Distrito Sur de Nueva York . Ahí se destapa lo que se venía denunciando por parte de oenegés, de maras. No hay lugar a discusión que hay actividades criminales de políticos y sectores económicos, con fines de controlar a la prensa. Es una actividad de empresarios y políticos, callar a la prensa, le voy a reconfirmar que luego se revelaron documentos, los líderes de la MS y de la 18 lo reconfirmaron (sus nexos con políticos)”.

A las maras y pandillas, el “sicariato” les genera mucho ingreso económico a nivel individual y grupal y “sí se confirma que han estado entrando en ese tipo de actividad, que han estado entrando a esta actividad de eliminar a periodistas”, verificó Bardales.

El sicariato no opera en contra de comunidades sino en contra de personajes, el impacto de un líder social o de un periodista asesinado, impacta en el control de la comunidad. Desde 2017, claramente políticos locales del Partido Nacional y del Partido Liberal y algunos de otros partidos generaron alianzas con maras y pandillas para tener control social y control territorial de las poblaciones.

Esa alianza opera así, el control social y territorial es para acceso al territorio que es un mercado electoral y los políticos ocupan que las pandillas les apoyen en traslado de votantes, intimidación, chantaje, explicó el investigador.  “El objetivo que vemos en las épocas electorales es el del control político y establecer  liderazgos políticos que establecen alianzas con las maras y pandillas con mucha antelación hasta de dos o tres años atrás”.

Unos seis meses atrás, el equipo de Reporteros de Investigación se reunió con un político del partido de gobierno que admitió que ha tenido que trabajar junto a una pandilla para poder hacer su campaña política ya que en las elecciones de 2017 las pandillas decidieron cuándo y cómo se podía votar.

Diputados para la MS y la 18

Esa misma confesión, Bardales la explica así “un político para ser regidor, alcalde o diputado va construyendo una pirámide de poder que entrega en bandeja de plata el destino de este país porque cada diputado que entra por este tipo de alianza dota de capacidad a líderes de estos grupos criminales para elegir jueces, magistrados hasta de la Corte Suprema de Justicia, crear leyes en el Congreso Nacional” para las maras y pandillas.

Bardales evocó que la embajada estadounidense en abril o mayo de 2016 difundió que en el proceso de 2017 alrededor del 50 por ciento del  Congreso Nacional (CN) iba a estar conformado por miembros del narcotráfico, el  Consejo Nacional Anticorrupción ha dicho que alrededor de 140 políticos del CN están vinculados al narcotráfico. “Los juicios de Nueva York han develado que miembros actuales y pasados están vinculados con esta actividad y que miembros de la prensa que conocen esta realidad han perdido la vida”.

El 18 de octubre de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió, mediante un comunicado que “el ex congresista hondureño Tony Hernández condenado en el tribunal federal de Manhattan por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, tráfico de armas de fuego y conspiración y falso testimonio, participó en la importación de casi 200,000 kilogramos de cocaína, utilizó seguridad fuertemente armada, incluidos miembros de la Policía Nacional de Honduras, y coordinó dos asesinatos relacionados con drogas”.

Maras la mano de obra de políticos

El Comisionado de Policía, en condición de retiro, Henry Osorto, es del criterio que las maras son la mano de obra utilizada por la clase política para silenciar todo aquel que representa contrapeso a sus intereses, incluyendo a periodistas.

“Esta es la razón por la que estas muertes permanecen en la impunidad”, sentencia.

Este argumento es compartido por el diputado Geovany Martínez.

El diputado Martínez dijo que fue víctima de agresiones verbales y físicas al pretender ingresar al CN y guardar entre sus cosas una pancarta con la imagen del periodista Gabriel Hernández, asesinado en Nacaome el 17 de marzo de 2019.

«Me impidieron el paso y  cuando les pedí una explicación, la seguridad  me dijo que era por esa pancarta y que eran órdenes de arriba”.

Para Martínez, el crimen contra Hernández “fue ordenado por políticos de la zona”. «No tenía enemigos ni deudas, pero sí lo habían amenazado muchas veces por lo que denunciaba en contra de políticos corruptos”.

Llegar a la escena del crimen para conocer desde el mismo día de su muerte el caso del asesinato de Gabriel Hernández, dio los primeros indicios de anomalías en la investigación criminal de muerte de periodistas.

Esa tarde, habrían pasado unas cinco horas desde el asesinato y la escena del crimen ya no estaba acordonada más bien una  multitud de gente que iba al velorio del periodista pasaba por ahí.

En la vela, la gente lo recordaba como un periodista que denunciaba corrupción, había políticos de partidos de oposición, su familia adolorida y gente de los barrios de Nacaome que conformaban su auditorio.

Su esposa, Kathy García, siempre ha creído que lo mataron para callarlo. Tras su muerte políticos locales que Hernández criticaba en vida, se acercaron más a la familia doliente para apoyarla.

El periodista amenazado junto a Gabriel Hernández, Leonel García, ha seguido padeciendo amenazas y temía por su vida al extremo que salió de Honduras por un tiempo.

Después de que el equipo de RI analizó al menos siete horas de los últimos programas de Hernández, de ver sus publicaciones, buscar solicitudes de información hechas por el periodista, entrevistar a familiares y testigos se constató que tres meses antes de su asesinato, el periodista insistía en cuestionar a dos políticos del Partido Liberal, el alcalde Víctor Flores, y el diputado José Alfredo Saavedra.

Sin embargo, la Fiscalía investigaba a la Mara Salvatrucha por esta muerte y su hipótesis más fuerte era que Hernández había intervenido a favor de que su sobrino se fuera del país porque su novia habría sido asesinada por esta estructura criminal encargada del narcomenudeo en Nacaome, pero en sus programas Hernández solamente una vez se refirió al tema del narcomenudeo de manera general y de cómo esto estaba afectado a la juventud. Lo hizo unos días después de la muerte de la novia de su sobrino. Algunos audios en poder de RI muestran a un Hernández triste por lo que pasó con su sobrino.

Sin embargo, la mayoría del contenido de sus programas eran cuestionando a estos dos políticos y en los últimos días reveló que había un pleito interno entre Flores y Saavedra por la reelección en la alcaldía en vista de que el diputado estaba apoyando a su hermano Carlos y ya no al alcalde Víctor Flores.

El otro actor político en esta disputa era el Partido Nacional, que gobierna Honduras, que está interesado en recuperar la alcaldía de Nacaome en manos de liberales, pero en este contexto los perseguidos,  sospechosos y detenidos del sistema penal, son los MS. El periodista era un crítico permanente de Juan Orlando Hernández.

“Y si algo me pasa, pues  ni modo”, dijo Hernández en uno de sus últimos programas.

 

Gabriel Hernández

«¿Saben quién es el asesor legal de Miguel Molina, el abogado Alfredo Saavedra, según me dicen por ahí, el abogado Alfredo Saavedra es asesor de Agrolíbano. ¿Víctor Flores cuánto pagan de impuestos en las tierras que tienen ahí ellos…¡ah!? jejej como podrán ver es el pequeño que sostiene al pueblo los grandes no pagan impuestos, la mayoría. Si vamos a la EHH o a la ENEE cuántos están morosos de luz, uuu, yo me acuerdo hace como 4 o 5 años en Palmeras, que es del abogado Alfredo Saavedra, le salió una cuenta de 360,000 lempiras, la casa la cultura de 80,000 lempiras aproximadamente…, unos bufetes de unos abogados ahí, una deuda, el bufete del abogado Tomás Zambrano una deuda de 200 y pico mil de lempiras, están en esos puestos no crea que es para darle a usted es para ellos lucrarse. Hay que pensar bien las cosas y si algo me pasa, ni modo », dice en el minuto 55:13 de su programa.
Gabriel Hernández
Periodista asesinado
"Y si algo me pasa..."
Penúltimo programa de Gabriel Hernandez antes de su asesinato.

Igor Padilla y Erick Martínez

El 5 de junio de 2019, el Ministerio Público informó en un boletín de prensa sobre la condena contra 12 miembros de la pandilla dieciocho, como autores materiales, por el asesinato del periodista de la cadena televisiva HCH, Igor Abisair Padilla Chávez, asesinado en enero de 2017.

Un investigador y un policía de la costa norte indicaron que Padilla fue asesinado por la 18 y que vivía en un territorio de la MS. Padilla era un periodista crítico del gobierno. El largo brazo del ajusticiamiento en su contra llegó incluso hasta Veracruz, a solo seis meses del asesinato contra Padilla, su camarógrafo que había huido del país y que residía en México, también fue ajusticiado.

Los autores intelectuales siguen siendo un misterio, diario El Heraldo reveló que Cristian Ariel Cálix Hernández «Little Sam», había estado en la cárcel El Pozo, luego las autoridades dijeron que había salido libre un año antes del asesinato del periodista porque el sistema penal le suspendió la persecución penal mediante conciliación pese a que lo habían encontrado en posesión ilegal de armas.

La explicación de libertad de Little Sam parece ser parte de esa serie de casualidades que suelen estar presentes en casos de asesinatos de periodistas.

El crimen contra Erick Martínez, secuestrado, torturado y asesinado mediante asfixia en 2012 también tiene una serie de elementos que dificultan la investigación y con explicaciones casi mágicas. Un testigo protegido estaba supuestamente ligado a alguien de la cúpula policial, el carro en el que lo secuestraron tenía GPS, pero no lo rastrearon; la escena del crimen tenía varios escenarios distintos, uno de los acusados por su asesinato de la pandilla 18, que debía estar en prisión, apareció ejecutado en un bus rapidito, según se puede constatar en el expediente judicial 1028-2012 y en otro expediente del Juzgado de Letras de la Niñez.

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