Nueva entrega de nuestra serie Cárcel para la Palabra. En nuestra primera entrega vea: Prisión para periodistas con Acceso a Información de la Administración Pública con nuevo Código Penal de Honduras
35 periodistas víctimas de desplazamiento forzado en tres años
Créditos:
Redacción RI con reportes de Melissa Hernández, José Manuel Serén, Wendy Funes
Infográficos y diseño: Miguel Ordóñez / Sala de Redacción de RI |
Análisis Legal:Eda Meza
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. A lo largo de esta serie hemos revelado que en solo tres años hubo 21 periodistas expuestos a la cárcel y uno de ellos está en prisión hace más de un año; 200 despedidos, 83 asesinados y 35 exiliados, en un país con un poco más de mil periodistas y comunicadores. En ese contexto entrará en vigencia un nuevo Código Penal que expone a las y los periodista a prisión o a balas.
Desapareció el domingo 20 de julio de 2014 y lo hallaron muerto de cinco balazos dos días después en un potrero de Santa Cruz de Yojoa, en el norte de Honduras. Para no romper con la costumbre, su asesinato sigue impune después de casi seis años.
La justicia en Honduras visita únicamente a unos pocos privilegiados y poderosos. Herlyn Espinal solo la vio pasar de largo. Tres años después de su muerte, en 2017, los tribunales absolvieron del delito de encubrimiento a uno de los acusados en el caso del asesinato del periodista de televisión del noticiero Hoy Mismo de la Corporación Televicentro.
De este modo, las instituciones públicas volvieron a probar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su informe de 2019 al decir que “la justicia en Honduras es selectiva”.
“Antes de la pandemia, la CIDH publicó en octubre un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país en el que revela que existen graves violaciones de derechos humanos y de impunidad, y además que hay una justicia selectiva que actúa tardíamente cuando se trata de perseguir a gente que viola derechos humanos o a corruptos y corruptas, y una justicia que actúa de otra manera cuando se trata de proteger a sectores vinculados con el poder político, económico y empresarial”, opina el abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía.
Herlyn Espinal es uno de los 83 periodistas asesinados en Honduras en los últimos diez años, según la organización C-Libre. Ocho de esas muertes ocurrieron en 2019.
Los periodistas y comunicadores en Honduras no solo están expuestos a que los maten por su labor informativa. A esta situación peligrosa se suma otra clase de violencia con la entrada en vigor de normas, como el nuevo Código Penal y la “ley de secretos”, que atentan contra la libertad de expresión, sometiendo a la prensa hondureña al miedo, el silencio y la incertidumbre debido al riesgo de ser encarcelados o castigados con enormes multas.
Para el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, todos los crímenes contra periodistas, que no han sido investigados, son asesinatos causados porque las víctimas ejercieron su derecho a la libertad de expresión.
El Estándar indica que mientras no haya una investigación verdadera desde el Estado para llegar a la verdad, las muertes y agresiones penales contra la prensa, estarán relacionadas con el Derechos a la Libertad de Expresión.
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La Asociación de Prensa Hondureña (APH) ha pedido públicamente que se investiguen los casos, a través de su presidente Carlos Ortiz.
“La APH y el CPH se reunieron con la junta directiva del Congreso Nacional para hablar sobre el Código Penal y solicitar que se despenalicen los artículos que afectan la libertad de expresión. Esperamos su respuesta, pero tenemos pocas esperanzas porque ya se reformaron los artículos que favorecen a los directores de medios y a los medios de comunicación”, plática Ortíz.
El abogado y experto en libertad de expresión y prensa Rodolfo Dumas recuerda el encuentro entre el CPH, la APH y el Congreso: “Llegó Dagoberto Rodríguez, se reunió con el presidente del Congreso [Mauricio Oliva] y llegaron a ese acuerdo que no se ha cumplido, es una simple oferta. ¿Cómo es que todo estaba perfecto, esos artículos no afectaban a los tratados, y ahora es que sí los van a quitar porque afectan a la prensa? Lo cual es un error porque no [solo] afecta a la prensa. La libertad de expresión no es monopolio de la prensa ni de los periodistas”.
Al no saber qué les traerá el futuro, si una bala o la cárcel, a ciertos periodistas hondureños no les queda más opción que escapar.
“Veinte periodistas se vieron obligados a desplazarse entre 2018 y 2019 para salvar sus vidas en Honduras”, denunció la oenegé C-Libre.
En su informe de 2017 ante el Congreso Nacional, el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que 15 periodistas fueron víctimas de desplazamiento ese año.
Sistema de protección
Uno de los graves problemas de los comunicadores hondureños es que casi no tienen a quién dirigirse en busca de ayuda porque las instituciones que deberían protegerlos están igual de desprotegidas como ellos.
Un ejemplo de esa situación es el Sistema de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que no tiene «recursos técnicos y presupuestarios para su debida operación», denunció la SIP.
La SIP agrega en un informe publicado en 2018 que la ayuda que el sistema da a los periodistas consiste más que todo en protección policial o militar, botones de pánico, cámaras de seguridad, sistemas de movimiento e iluminación de viviendas, videoporteros, escoltas y vehículos blindados, entre otros.
A pesar de los inconvenientes que afronta la institución, los periodistas no dejan de pedir su apoyo. Un total de 139 solicitudes de protección de comunicadores ha atendido la Secretaría de Derechos Humanos. De esas peticiones, 44 seguían activas al 30 de abril de este año. En 2019, las agresiones contra periodistas aumentaron.
«En los mecanismos que hay en Latinoamérica siempre hay debilidades y hay que recordar que este es un Sistema Nacional de Protección, no solo es una dirección. Nosotros somos solo la parte ejecutiva, pero está la Policía Nacional, Ministerio Público, DPI y otras instituciones involucradas», expresa Danilo Morales, director del Sistema de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos.
El presupuesto del que se dispone no basta para mantener andando el sistema de protección y dar mayor cobertura, manifiesta Morales. Por eso, los defensores y operadores de justicia ya han creado mecanismos propios. “El Poder Judicial y el Ministerio Público han creado dentro de su propia estructura interna para comenzar a operar porque si no aquí la demanda sería mucho más grande”.
El ideal que se persigue es que cada institución proteja a sus funcionarios para que no sea necesario buscar la ayuda del mecanismo, el cual no tiene suficientes operadores de justicia para encargarse de los casos.
“Nosotros protegemos, pero lo que hay que hacer es prevención. Me gustaría un mundo ideal en el que no existiera un mecanismo de protección. Yo sería el primero que se dedicaría a otro trabajo. Pero me preocupo cuando veo números en ascenso”, agrega el director del Sistema de Protección.
Morales indica que el mecanismo ha aumentado el presupuesto cada año según el desarrollo de las agresiones y la violencia contra la población que la institución protege.
Los defensores y periodistas tienen a su disposición una línea de emergencia exclusiva. Solo deben llamar al 9874-8595 para que los atiendan.
Desde 2015 hasta la fecha, el mecanismo nacional de protección ha atendido un total de 542 solicitudes de medidas de protección.
Entre las 542 peticiones hay 207 casos activos, 74 de los cuales son colectivos. Los 207 activos se dividen en 150 de defensores de derechos humanos, 22 de periodistas, 22 de comunicadores sociales y 13 de operadores de justicia. Los casos activos incluyen 32 medidas cautelares.
Muchos periodistas denuncian que no solicitan protección porque tienen miedo de exponerse a un peor riesgo.
Los Estados están obligados a prevenir los asesinatos de periodistas, proteger a los que corren riesgo, investigar los ataques, sancionar a los responsables y ofrecer reparaciones a las víctimas, según la CIDH.
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