Protagonistas de la corrupción del IHSS relacionados con narcopolítica

Créditos

Redacción: Wendy Funes |Edición: docente, periodista argentino Gabriel Bermúdez
Revisión: Flacso -doctor Rolando Sierra Diseño e ilustraciones: Reporteros de Investigación
Este es un reportaje elaborado como parte de los conocimientos adquiridos en el “Diplomado Técnicas de Investigación periodística de la gestión Estatal”, impartido por Ciprodeh y Flacso.

Doña Sandra Andrade murió hace cinco años. Su luz se apagó un 27 de febrero de 2014, mientras estaba en una nómina  de espera de medicamentos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

 

“Ella es de la lista de los casi 3000 muertos del IHSS, ellos me la terminaron de quitar…”, dice la periodista Julissa Irías.

 

“Recuerdo que una vez, yo con esperanza, le dije que sí íbamos a recibir el medicamento que necesitaba, porque sí era de los aprobados en la farmacia oncológica”.

 

-No Juli, eso no va a pasar, respondió Doña Sandra a su hija.

 

“Y así fue, (desde el IHSS) nunca pudieron comprar el medicamento por falta de fondos, fondos que luego supimos adónde fueron a parar  y ella quedó en la lista de espera” recuerda Julissa.

 

Hasta se podría decir que doña Sandra sufrió un feminicidio a manos de hombres, enredados en una estructura de corrupción y narcopolítica. La investigadora mexicana Marcela Lagarde acuñó el término “feminicidio” como un crimen de Estado. Se trata de “una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad”, según el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género.

 

La verdad es que por el crimen de la corrupción, cometido desde el Estado, Doña Sandra sufrió más dolores porque el sistema de salud no le respondió. Doña agonizó sin comprender hasta dónde el narcotráfico había penetrado la organización delictiva del gobierno que saqueó el IHSS. Doña Sandra murió sin saber cómo la corrupción y la “narcopolítica” estaban interconectadas en los roles criminales de los delincuentes de cuello blanco de organizaciones delictivas, asentadas en el Congreso Nacional, Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial y que no saldrían a luz hasta unos años después.

Cinco años antes de su muerte, en 2009, todas las noches, los reflectores del set se encendían y Julissa aparecía radiante, simpática, con un rostro lindo y con garbo ante las cámaras de televisión.

 

Con solo 22 años, vivía una de las cumbres de su carrera periodística llegando a una audiencia masiva sin revelar que cada mañana, había estado tomando la mano de su madre, luchando junto ella, siempre con una sonrisa tierna, con la esperanza de vencer el cáncer.

 

Su lucha, y la de su mamá, siguieron, mientras en 2009, había conmoción política por un golpe de Estado y persistió en 2010 que Porfirio Lobo Sosa arribaba al poder para gobernar durante el siguiente cuatrienio.

 

Al mismo tiempo, el control mediático y la falta de espacios de crecimiento para todas sus inquietudes profesionales, obligaron a la periodista a emigrar en 2012 para estudiar en México. Julissa salió de Honduras con el corazón lleno de ilusiones a cursar una maestría y planeaba volver a su país para emprender y continuar luchando por la vida de su madre.

 

Llegó 2014, el final del periodo presidencial de Lobo Sosa, Julissa y Doña Sandra seguían su batalla cuando estalló el mayor escándalo de corrupción denunciado en Honduras. 

 

Entonces Julissa entendió por qué el tratamiento y el acceso a medicinas para su mamá se
tornaban cada día más difíciles. Un mes después de la toma de posesión del
nuevo presidente del país, Juan Orlando Hernández, su mamá murió.

 

Julissa está convencida de que el fallecimiento y los últimos días de sufrimiento de su madre fueron acelerados por el saqueo del IHSS. “No solo me arrancaron un pedazo de mi vida sino la posibilidad de crecer en mi país, amordazado y controlado por la delincuencia
en todos su niveles” sostiene. 

Cuando su mamá falleció, la periodista decidió que no volvería, se llenó de tristeza, frustración, dolor. Dejó atrás, los pinitos de su carrera, su patria, las calles de la capital y de otras ciudades, cada viernes llenas del denominado movimiento de Los Indignados que salían con antorchas para pedir castigo, por este que ellos consideraron latrocinio al erario público y a la salud del pueblo.

 

La muerte de Doña Sandra y más de 3000 vidas más extinguidas por la corrupción encendieron el fuego de las “Movilizaciones  de Las Antorchas”, contra la corrupción.

 

 

Los Indignados son jóvenes de una generación que creció en la década de los noventa, marcada por la impunidad como marco referencial de escándalos de corrupción.

 

El escándalo de corrupción del IHSS generó que al final de la década se instalara en el debate, la necesidad de combatir la impunidad y corrupción.

 

Como resultado de la protesta, en 2015, surgió el Movimiento de Los Indignados y provocó la llegada de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih). Este hecho ha develado redes de corrupción al tiempo que el gobierno de Estados Unidos ha decidido extraditar hondureños.                       

 

Los nombres de los acusados por parte de la Maccih se entrecruzan en una línea difusa entre el narcotráfico y los escándalos de corrupción, de tal forma que en algunos procesos penales de narcotráfico y en juicios como los del IHSS, Pandora, Caja Chica de la Dama, Caso Gualcarque, y la narcoactividad, hay nombres repetidos, nexos políticos, familiares o económicos de los acusados.      

Hernández era el presidente del Congreso Nacional y Lobo Sosa el presidente de la República, cuando se aprobaron los contratos mediante los que se dilapidaron los fondos del IHSS. Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional, presidía la Comisión Legislativa de Salud.

 

Los tres han sido mencionados por narcotraficantes enjuiciados en Nueva York por supuesta colusión con el narcotráfico. El hijo de Lobo Sosa fue condenado por tráfico de drogas, su hermano el ex diputado Ramón Lobo Sosa, amigo de los narcotraficantes Los Cachiros, fue acusado por la MACCIH por el caso Caja Chica del Hermano.

 

Hernández dice que es víctima de la venganza de los narcotraficantes que extraditó, también Lobo Sosa le resta credibilidad a la “versión de delincuentes” y además ha denunciado que Luis Almagro y Hernández tienen un acuerdo para evitar la persecución de casos posteriores a 2014, por su parte, Oliva no se ha pronunciado al respecto.

 

Vea: En reunion de Narcos: «transporte de drogas a Estados Unidos garantizado con elección de Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional de Honduras»
 
Vea: Expresidente de Honduras: “Preferiría mil veces, ir a un tribunal estadounidense porque yo sé que no tengo nada que ver en el tema de drogas”
 

En el caso Narcopolítica, promovido por la Maccih, fueron acusados criminalmente por la Maccih el hijo de Lobo Sosa, Fabio Porfirio Lobo Lobo, Devís Leonel Rivera Maradiaga y el ex alcalde de Tegucigalpa por el Partido Nacional, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, también ex ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda en el gobierno Lobo Sosa.

 

Los diputados del Congreso Nacional que aprobaron los contratos del IHSS, Juan Antonio Hernández y Freddy Najera, están enjuiciados por narcotráfico en una corte de Nueva York. Además han sido mencionados en testimonios de narcotraficantes, el exdiputado Óscar Álvarez y el diputado Óscar Najera. Ambos formaron parte del Congreso que aprobó los contratos creados para la malversación de fondos del IHSS. Álvarez fue acusado por la Maccih en el caso Arca Abierta.

 

Mientras que Najera, aunque fue mencionado por narcotraficantes en expedientes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, aún se desconoce si es investigado oficialmente.

 

El cuñado y la esposa del mandatario de Honduras

Por el Caso Pandora, promovido también por la Maccih, uno de los acusados es Jean Francois Marie de  Peyrecave  Fiallos, esposo de la fallecida hermana de Hernández, Hilda Hernández y la otra es Ana Rosalinda García Carias, la “Primera Dama de Honduras”. El gobernante es investigado por haber recibido supuestos sobornos del Cartel de Sinaloa.

Foto del periódico La Prensa de Honduras hablando sobre la vida Hilda Hernández, aparece junto a su esposo, mencionado por la MACCIH.

 

 

 

El Máster José Armando Hernández Rivas, docente de Historia de Honduras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), reseñó para esta investigación periodística que desde la década de los setenta en que los militares fueron mencionados por nexos con el narcotráfico, este fenómeno creció en el país.

 

Para comprender la historia de la corrupción de Honduras hay que entender que avanza de manera circular entre golpes de Estado militares, dictaduras, escándalos de corrupción y abusos de políticos y de los hijos o nietos que han heredado el poder y actúan como sus antepasados.

 

Hernández Rivas detalló que el abuelo del diputado Antonio Rivera Callejas -acusado por la Maccih por el caso Pacto de Impunidad- fue presidente del Congreso Nacional del dictador Tiburcio Carías. El papá de Rivera Callejas fue presidente del Congreso Nacional durante el cruento golpe del 3 de octubre de 1963; la esposa de Juan Orlando ­-mencionada por la Maccih en el Caso Pandora- es bisnieta de Carías.

 

Carías gobernó legalmente cuatro años y luego, al igual que Juan Orlando Hernández, decidió quedarse abusivamente en el poder. En esa época había dictadores en toda Centro América y el dictador aplica la ley de acuerdo con su criterio y no con la justicia. Carías tuvo presos políticos; y durante su mandato, “ordenaba sobre los demás poderes aunque dicen que la Corte  Suprema tenía un poco de autonomía, en la actualidad, Hernández tiene cooptados todos los poderes del Estado”, cuestionó.

 

“Carías asesinaba para estar en el poder, en el gobierno actual asesinaron a Berta Cáceres. Carías se mantuvo en el poder por las fuerza de las armas, Hernández tiene una Policía Militar del Orden Público”, describió.

Como resultado del escándalo del IHSS, más de un año de protestas y una huelga de hambre que exigían la instalación de una Comisión contra la Corrupción en Honduras (CICIH), dependiente de la Organización de las Naciones Unidades (ONU) generaron que el gobierno planteara como alternativa una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih).

 

La Maccih fue considerada una propuesta gubernamental que ingresó al país al amparo de la complicidad político ideológica entre Juan Orlando Hernández y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

 

El 19 de enero de 2016, el Presidente Hernández dijo que la firma del convenio entre su Gobierno y la OEA representa “el punto culminante de un proceso de diálogo que ha generado fuertes expectativas en toda la sociedad hondureña”.  

 

Uno de los fundadores de Los Indignados, Miguel Briceño, dijo a Reporteros de Investigación que desde el primero momento rechazaron que hubiesen participado en diálogo para la llegada de la Maccih al país y que incluso enviaron un reclamo formal a Almagro.

 

 

La Maccih se instaló luego de una huelga de hambre iniciada por Briceño y otros Indignados. Algunos de ellos salieron del país por amenazas. Briceño sigue desde mayo de 2015 protestando cada viernes en las calles.

 

Su huelga de hambre inició el 22 de junio de 2015 y fue seguida por Luis Munguía, indígenas tolupanes, defensores y defensoras que se fueron sumando aproximadamente hasta septiembre de 2015.

 

El 17 de mayo de 2017 en un comunicado, la OEA difundió: “La MACCIH fue creada por la OEA en respuesta a la solicitud del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La Misión, que inició sus operaciones en Honduras el 19 de abril de 2016, actúa con total autonomía e independencia: y se rige por el convenio suscrito entre la OEA con el Estado de Honduras el 19 de enero de 2016 “.

 

Pero en mayo de 2017, la promesa que hiciera Hernández en 2016 de garantizar a “la Misión el más amplio acceso a la información, a las instituciones y sus procesos…y acompañar, con todo nuestro respaldo, el cumplimiento de sus tareas según los términos del Convenio que hoy firmamos”, estaba a menos de seis meses de diluirse con la acusación del caso Red de Diputados.

 

Según la oenegé, Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), “este fue el primer caso que identificó la forma en cómo operan las redes de corrupción en el país para sustraer fondos estatales destinados para programas sociales y los artilugios y componendas de los funcionarios para salir bien librados de los actos de corrupción en los que se les vincula”.

 

Ese juicio generó las primeras fisuras entre el gobierno y representantes de la Maccih y, los roles se invirtieron; así la misión empezó a tener credibilidad en sectores que la habían cuestionado.

Sólo dos años después de haber iniciado su gestión, el  vocero peruano, Juan Jiménez Mayor renunció en 2018 y denunció que Almagro le había retirado su apoyo.

De nuevo, el vocero que había sustituido a Jiménez Mayor, el brasileño, Luis Guimarães  Marrey renunció en junio de 2019 a este cargo y dijo que por diferencias con Almagro, según la prensa local.

 

Más adelante, en abril de 2018, el exfuncionario de la Maccih, Julio Arbizú revelaría que él, Juan Jiménez Mayor y Daniel Urrutia se fueron “asqueados de lo que estaba pasando” con la Maccih. “Creo que en gran medida hay dos casos que asustaron a gente en Honduras y provocaron nuestra salida”, opinó.

 

“La promulgación de la Ley de Presupuesto… incluye esta desnaturalización de las facultades del Ministerio Público…quitándole competencias para la investigación preliminar de casos de corrupción, relacionados precisamente con la intervención de oenegés –que era el caso que nos ocupaba- y luego la aplicación de esta ley por parte de esta señora jueza, señora magistrada que lejos de imponer la ley y anteponer la Constitución a cualquier tipo de ley inconstitucional, digamos forma parte del Pacto de Impunidad que nosotros denunciamos en su momento”, dijo entonces. En síntesis, Arbizú dio a entender que los corruptores y corruptos de Honduras se dedicaron a reformar las estructuras de corrupción luego de las primeras acusaciones de la Misión.

 

Ver: La MACCIH fue traída para desmovilizar a Los Indignados

 

El tiempo parece darle la razón a Arbizú; en este  momento se debate si la Maccih continúa en el país porque el 20 de enero de 2020 vence el convenio y son los mismos diputados, acusados por la Misión, los que tienen la potestad de decidirlo. 

 

La maestra, Yanina Parada, participante de una huelga de hambre en el gobierno de Lobo Sosa, estuvo en las calles exigiendo justicia y fue partícipe de la presión social para la llegada de una misión internacional. Ella ha visto que desde 2016 “existe un avance de la Misión”.

 

“Lo más grave de todo esto es que el Congreso Nacional le ha quitado el brazo investigativo a la Maccih, los funcionarios que están gobernando no quieren que se aclaren estos casos de corrupción, no quieren que se judicialicen y son los principales obstáculos de la Maccih. Si ya la corrupción es un flagelo, imagínese como se complica la situación si hay funcionarios sostenidos por el narcotráfico”, remarcó.

 

Los diputados del partido de gobierno, algunos investigados o acusados criminalmente por la Maccih o mencionados por narcotráfico en el juicio del ex diputado, Juan Antonio Hernández, hermano del mandatario hondureño, en la sesión del 20 de noviembre de 2019 reformaron la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) con el espíritu de limitar las investigaciones del de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic-MP), el brazo de investigación de la Maccih.

 

El representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ante el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Juan Ferrera, sugirió que los países que apoyan la Maccih deben evaluar sus resultados para seguir apoyándola.

 

Para Ferrera, la prolongación del acuerdo de la Maccih depende ahora de la decisión del Congreso Nacional.

 

El empresario señaló que no sorprende a los hondureños que haya políticos implicados en corrupción y en narcotráfico, desde 1981 que se aprobó una nueva Constitución de la República, “no siempre ha habido políticos interesados en cuidar la democracia”. 

Para el catedrático de Derecho Constitucional, Tito Livio Ramírez Lozano, si la Maccih ha cumplido con su objetivo debe seguir en el país, pero la población espera resultados concretos.


“Es un tema interesante analizar el narcotráfico y la corrupción en Honduras, es un fenómeno estructural que está minando la sociedad hondureña y la academia no debería estar fuera de este estudio”, recomendó.


 Mientras tanto, Julissa aún espera que algún día la justicia llegue a ser como el resplandor de su mamá.

Usted puede hacer sus propios análisis descargando la base de datos.

Haga clic para descartar en  Excell aquí: acusados maccih


                 

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