3 de diciembre de 2020
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Créditos

Glenda Girón con reportes de Wendy Funes e Isaías Morales
Connectas Ilustraciones de Moris Aldana
Infográficos de Jorge Contreras
Visualizaciones de Guillermo Ambrosio

Capítulo Honduras

Entre 2016 y 2018, el Ministerio Público, por medio de la Dirección Nacional de la Fiscalía, da cuenta de solo cuatro investigaciones por desaparición, todas las víctimas mayores de edad. Mientras que, en el mismo periodo, la Interpol ha construido una base de datos con 1,095 reportes solo de menores de edad en paradero desconocido. En Honduras no se ha tipificado el delito de desaparición. No se ha identificado ni difundido un canal de denuncia y tampoco se llevan registros de casos reportados. Cuando se trata de menores de edad, hay una ley vigente desde 2015 que regula la búsqueda inmediata, pero no ha habido voluntad ni recursos para hacerla funcional.

El 6 de diciembre de 2018, Evelyn salió de su casa ubicada en El Sitio, Distrito Central, de Francisco Morazán a vender elotes y tamales junto con sus hermanos menores. Cuando llegaron a la colonia Peniel, en un intento por abarcar una mayor cantidad de casas, les dijo a sus hermanos que se fueran por un bloque y ella se fue por otro. Los hermanos terminaron el recorrido y llegaron al punto de encuentro. Pero Evelyn, de 16 años, no. Vestía blusa roja, licra negra y tenis.
Entre 2016 y 2018, como Evelyn, han desaparecido 1,095 menores de edad en Honduras. El dato se extrae de la única fuente posible para dimensionar este problema en este país centroamericano: la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal).
Los niños y adolescentes constituyen el 40.6 % de la población hondureña. Y, de ellos, un 70 % vive en condición de pobreza, de acuerdo con el informe titulado Mapeo del Sistema de Protección de la Niñez en Honduras, publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El peso y la vulnerabilidad de este sector de la población no se han traducido, sin embargo, en mejores recursos para mantenerlos a salvo.
Uno de los primeros problemas que plantean las desapariciones en Honduras es su tipificación como delito. Tal figura no existe en el Código Penal vigente ni en su modalidad de forzada, que es en la que participan cuerpos de seguridad del Estado, ni en la que está relacionada con la violencia actual. 

En este contexto, no hay una guía para denunciar una desaparición. Y tampoco hay garantías de que, si la denuncia es aceptada, sea investigada.
De esta forma, cuando al Ministerio Público se le pide que enumere las denuncias por desaparición investigadas desde el primer día de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, la respuesta es corta. Son cuatro. Es la cifra que remite la Dirección Nacional de la Fiscalía cuando se le hace una solicitud de información. Esos cuatro casos se dividen así: dos corresponden a San Pedro Sula, una a Naco Cortés y la otra a Quimistán. En tres de ellas consta que la víctima era hombre y en una no se determina. Quiere decir que Honduras tiene -en tres años, en sus 18 departamentos, en sus 298 municipios, en sus 112,492 y entre sus más de 9 millones de habitantes-, solamente cuatro desapariciones oficializadas ante la fiscalía y ninguna corresponde a sus 3.6 millones de menores de edad que la habitan. Mientras, la base de datos de la Interpol registra 91 niñas y 191 niños denunciados como desaparecidos solo en 2016. En 2017, la institución registró 166 denuncias por niñas y 172 por niños. Y, en 2018, fueron reportadas 210 víctimas femeninas y 265 masculinas.
En total, a Honduras en tres años las familias han reclamado recursos para buscar a 467 niñas y a 628 niños. Aunque, de esto, el Estado no dé información.

 

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Honduras forma, junto a El Salvador y Guatemala, el Triángulo Norte; una región conocida por estar atravesada por dos grandes ejes: migración y violencia. Ambos se levantan como causa de desapariciones.
“La desaparición es un ejemplo de cuándo importa que aparezca el cuerpo y cuando no importa. Si la desaparición no es delito, entonces es muy ‘útil’, entre comillas, para los actores violentos; lo hace funcional”, explica la investigadora y catedrática en el Centro de Latinoamérica y el Caribe, del London School of Economics en Inglaterra, Jenny Pearce, en una entrevista publicada en el medio digital guatemalteco Plaza Pública.
En ninguno de los tres países se ha creado el delito en el que abarque la desaparición por violencia actual. Pero, El Salvador y en Guatemala aventajan a Honduras en que sus Códigos Penales tipifican la desaparición forzada, que se distingue por la participación de cuerpos de seguridad estatales.
En este momento, para reportar a una persona como desaparecida, todo lo que en Honduras está disponible está a cargo de la Dirección Nacional de Niñez y Familia (DINAF), porque así lo estipulan las leyes. Las familias afectadas, sin embargo, no llegan hasta estas oficinas. Van a lo que les queda más cerca. “Cuando las familias llegan a las postas (delegaciones policiales), se les da atención inmediata, sobre todo para buscar a los menores”, asegura El subcomandante de la Policía de Comayagua, Ulises López Corea.
Esa “atención inmediata” de la que habla López Corea consiste en llamadas a personas cercanas y alguna averiguación previa. Pero a los familiares se les permite interponer la denuncia en la Dirección Policial de Investigación (DPI) solo cuando han transcurrido 24 horas, asegura López Corea. Esta práctica, tan común en las postas policiales, contradice la ley sobre niñez desaparecida que está vigente desde 2015. “Después de esas 24 horas, la recibimos y la DPI manda la denuncia al Ministerio Público; a más tardar en tres días, el caso debería continuar hacia la investigación”, agrega el subcomandante.
Honduras es uno de los peores países para ser mujer, de acuerdo con encuestas internacionales. La oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, ha señalado que, al margen de los problemas de subregistro de casos, de 5 mil 600 muertes de mujeres en los últimos 15 años, más del 90 % han quedado sin resolverse. Este es el país en el que una mujer es asesinada cada 16 horas y es en el que, todos los días, desaparece al menos una. Las autoridades no escapan a esta violencia contra las mujeres. Así, el subcomandante López no se exalta al justificar esas 24 horas de espera ilegal en que “es muy probable que una niña de 13 años reportada como desaparecida, se haya ido con un ‘novio'”. Agrega en referencia al caso específico de una adolescente que, según él, “en un taxi se trasladó a la otra vivienda”.
En Honduras, en términos globales, desaparecen más niños que niñas. Pero cuando se separan los rangos de edad, la única edad en la que las desapariciones femeninas superan a las masculinas es entre los 15 y los 17 años. “Hay dos razones por las que desaparecen niñas: las amenazas de pandillas y el crimen organizado; se coordinan para matarlas o las secuestran para llevarlas a otro país”, describe Ana Liseth Cruz, quien, como coordinadora la Red Nacional de Refugios para Mujeres, está a diario en contacto con sobrevivientes de la violencia de género.

Los diputados de la Asamblea Legislativa lograron un acuerdo para modificar el Código Penal, pero no para incluir las desapariciones. El próximo noviembre, entrarán en vigencia reformas que, de acuerdo con representantes de instituciones defensoras de los derechos humanos, como Cruz, entorpecerán la lucha contra la trata de personas y, en el mismo plano, pueden derivar en un aumento de las desapariciones.
“Ya no va a ser delito el turismo sexual ni la adopción irregular. Desaparecen del Código Penal. Y, además, se modifican las penas, que van, actualmente, de los 10 a los 15 años. Ahora, la pena solamente será de entre 5 y 8 años y, si un juez condena a una persona a 5 años, la mínima, es posible que hasta salga en libertad”, explica Cruz.
A la contra de lo que está pasando, un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos relacionado con la trata de personas demanda que “el país debe incrementar los esfuerzos en la persecución y enjuiciamiento de los tratantes señala. Es, de hecho, la primera de las recomendaciones que le hace a Honduras.

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A Gady Ortiz, de 13 años, su madre la dejó en casa a cargo de hacer el oficio doméstico. Pero la adolescente, según consta en la denuncia colocada en una posta de la Policía en el Distrito Central, prefirió ir de visita a casa de una amiga. Cuando la madre regresó, el oficio no estaba hecho.
“La llevé para la casa y le dije que mirara cómo estaba de sucio, la castigué, le pegué y la dejé haciendo los quehaceres y yo me fui a trabajar”, relató la madre a los policías. Cuando volvió de trabajar a las 7 de la noche, Gady ya no estaba. La madre fue a una posta policial ubicada en Manchen, pero no pudo formalizar nada, tal y como relata el subcomandante López Corea que funciona la dinámica, le dijeron que debía esperar un plazo de 24 horas para accionar algún tipo de búsqueda oficial.
Gady desapareció el 3 de febrero de 2018, cuando ya estaba en vigencia la Ley de Alerta Temprana Amber, para localizar y proteger a niños, niñas y adolescentes desaparecidos o secuestrados. En el artículo 2, numeral 2, la ley define la “celeridad” como : “Las acciones de búsqueda, localización y resguardo de un niño, niña o adolescente desaparecido, raptado, sustraído o secuestrado se deben realizar de manera urgente, prioritaria e inmediata para resguardar su vida”. A Gady y a su madre, así como a muchos más de los niños cuyas historias se cuentan en la base de datos de la Interpol, este principio no se les respetó.
En marzo del año pasado, solo un mes después de la desaparición de Gady, Francisco Urbina, jefe de Migración y Restitución Internacional de la DINAF, se apresuraba a decir ante los medios: “Ahora, desde que haya indicios racionales de que se perdió un niño se va a activar una Alerta Amber”. En ese momento, las autoridades daban a los medios de comunicación titulares al estilo de “En menos de tres meses funcionará en Honduras la Alerta Amber”.
La Amber volvió a estar en boca de gente del gobierno hondureño el 23 y 24 de enero de este año, cuando Guatemala fue la sede de un intercambio de conocimientos en torno a cómo enfrentar las desapariciones en el que participaron más de 50 representantes de instituciones de seguridad pública del Triángulo Norte y, además, México y Colombia.
En esta ocasión, se expusieron avances. Y Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación de Guatemala cerró el Foro diciendo que: “El intercambio ha sido una oportunidad para aprender cómo mejorar el registro de personas desaparecidas, evitar errores y ver cómo funcionan otros sistemas para ser capaces de tener una hoja de ruta mucho más clara y desde un enfoque multisectorial”.
Dos de los temas que más se discutieron en el Foro fueron la concentración territorial y el registro de casos. Cuando se colocan en un mapa las denuncias de acuerdo con el municipio en el que fueron presentadas, la única parte que se llena es la de Distrito Central. Y no porque en otros lado no desaparezcan niños, es porque los recursos para hacer visible una denuncia están más cerca de quienes viven en la capital y sus alrededores. Esto es una violación del principio de universalidad y acceso a justica que también contempla la Ley de Alerta Amber a la que, en cuatro años, no se ha dotado de recursos para funcionar. En el foro, los representantes hondureños dijeron de la Amber que es un “mecanismo para que en las primeras 24 horas de la desaparición de un menor, se emita una la alerta a través de diversos medios de comunicación. Desde 2015, sin embargo, la ley no se ha hecho práctica. Esas 24 horas siguen siendo un requisito en las postas policiales para que a las familias o tutores se les reciba una denuncia que pase a las siguientes instancias.
Aquel 3 de febrero, Gady se llevó solo una mochila con ropa. Su madre podría decir qué ropa agarró y cómo podría andar vestida, pero a septiembre de 2019, ninguna autoridad está elaborando carteles de niños desaparecidos en Honduras y tampoco hay una ruta para difundirlos.

 

 

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Las denuncias en poder de la Interpol están plagadas de súplicas. La mayoría de madres como la de Jesús Ramos, de 17 años: “Salió de la casa de noche y no regresó ni se comunicó conmigo como hacía siempre que salía. Yo lo he llamado al celular, pero sale apagado. Y, en estos días, lo he ido a buscar en varios lugares como las postas policiales y hasta en la morgue judicial, pero nada”. Jesús ya le había hablado a su madre de un posible viaje a Estados Unidos.
El Triángulo Norte es punto de partida y, a la vez, zona de tránsito de migrantes. Es la razón por la que las coordinaciones de denuncia y búsqueda en esta región no deberían estar limitadas por fronteras. Lo reconoce, desde Guatemala, Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes: “Nuestro país tampoco es muy seguro, hay mucha gente cuya última ubicación es aquí, hay mucha niñez migrante que desaparece o se queda sola en el país”. Esta institución fue una de las que más empujó que se creara, en 2010, la Alerta Alba Keneth para menores de edad desaparecidos en Guatemala.
Guatemala es, de los tres países, el que más activa y depurada mantiene su alerta Alba Keneth. De los 5,704 boletines abierto en 2018, 1,349 seguían activos al final del año. Son 1,349 niños que no aparecieron tras las primeras investigaciones.
En El Salvador, de los 551 casos de menores de edad desaparecidos denunciados ante la Fiscalía General de la República, solo 25 cumplieron los requisitos como para trascender a convertirse en una alerta Ángel Desaparecido, de acuerdo con lo publicado en la página web de la alerta que maneja la Fiscalía General de la República.
En Honduras no hay delito y tampoco consenso. Aunque la Ley de Alerta Temprana Amber es clara al señalar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad como la entidad encargada de activar una movilización, esta también llama a la Sociedad Civil, a la empresa privada y a las municipalidades a sumarse a cualquier búsqueda.
Aunque la ley ya fuera práctica, todavía haría falta una guía para difundir los pasos y los requisitos para hacer una denuncia. Los afectados son obligados, como en el caso de las madres de Gady y de Jesús, a esperar 24 horas y a presentarse varias veces en diferentes instituciones solo para poder colocar una denuncia. Porque para buscar activar una alerta, tienen que cumplir más requisitos, como aportar fotografías, aportar datos de vehículos (en caso de que haya participado alguno), y dar un consentimiento. Al final, la última palabra la tienen las autoridades, ya que la ley les otorga la posibilidad de “considerar si existen indicios razonables de una desaparición”.
Honduras y sus instituciones no pueden, por ahora, cumplir a la altura de lo que madre de Jesús dejó escrito ante la policía: “Pido a las autoridades correspondientes, me brinden su colaboración para encontrar a mi hijo”.

 

  ***Este reportaje fue realizado en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación en las Américas, del International Center of Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.