Genocidio Lenca

Por Fabricio Herrera * Investigador social, fue pasante de la carrera de Derecho, académico y pensador social hondureño.

Una mirada sobre el genocidio

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación

El espíritu de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio se expresa desde su propio nombre, puesto que se refiere a dos momentos en torno a las acciones que significan genocidio. El primero se refiere a la prevención de estas acciones, es decir no necesita que el delito esté en flagrancia o se haya realizado, sino que se estén constituyendo estructuras y desarrollando actividades dirigidas a crear condiciones para cometerlo. El segundo se refiere por supuesto a la flagrancia y la comisión o realización del delito. Es decir hay un interés principal en evitarlo y un interés manifiesto en sancionarlo.

El Genocidio es una preocupación histórica del
sistema internacional respecto de la instrumentalización de la capacidad de uso
de fuerza de los Estados y aparatos de poder total o relativos de grupos
clandestinos, semi-clandestinos o visibles para ejercer acciones con la
intención de acarrear la destrucción o destruir física o totalmente a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso.

La conducta
Genocida del Estado de Honduras

El Estado de Honduras, tiene una tendencia
histórica, desde la reforma liberal e finales el siglo XIX; de despojo de los
territorios indígenas y negros y la destrucción de su cultura, tradiciones,
cosmovisiones y espiritualidad. Esto como derivado, por una una parte, de
políticas económicas de enclave y privilegio para capitales trasnacionales y terratenientes
no indígenas o negros, que arrebatan sus posesiones territoriales ancestrales
para trasladarlas a otras manos bajo la cuestionable bandera del desarrollo. Un
desarrollo de otros a costa de quienes estaban antes; y por otra parte, de políticas
estatales dirigidas a asimilar a estos pueblos generando una sola cultura y un
solo pueblo: el mestizo.

La Convención para Prevenir y Sancionar el Delito de Genocidio, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 96 (I) del 11 de diciembre
de 1946, fue aceptada por Honduras mediante Acuerdo No. 436 del  Poder Ejecutivo el 23 de febrero de 1951 y ratificada
por Decreto Legislativo No. 85 del Congreso Nacional del día 06 de marzo de
1951; mismo que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 14,356, el
26 de marzo de 1951. Desde ese momento el Estado de Honduras debió haber
desmontado todas aquellas políticas y acciones que puedan ser vinculadas a la
realización de acciones proto-genocidas y/o genocidas, sin embargo estas no solo
continuaron sino que se han profundizado y se han reincidido.

El abandono del cumplimiento de obligaciones
mínimas en cuanto a la vida, salud, educación, información, cultura, medios de
subsistencia (ingreso digno y otros), retiro decoroso, etc., crean condiciones
favorables para poner en riesgo la existencia física de los pueblos indígenas.

En particular, actuaciones como mantener a los
pueblos bajo condiciones de alta precariedad en acceso a la salud, y sobre todo
graves riesgos en atención de los partos, la negación de derechos, de su
condición de indígenas para quitar la protección legal especial del artículo
346 de la Constitución de la República[1] y
el Convenio OIT-169 sobre pueblos indígenas y Tribales (Ratificado por el
Estado de Honduras en 1994), y la promoción y creación de marcos legales y
actividad represiva y militar para despojar a los pueblos de sus territorios y
otorgarlos para concesiones de beneficio económico inconsulto para terceros que
conforman capitales nacionales y extranjeros poderosos, son actividades de las
que se ocupa la legislación internacional y nacional sobre Genocidio.

En la actualidad el Estado de Honduras comete
al menos cuatro de las acciones tipificadas como genocidio por la Convención y
además opera estas acciones bajo las actividades constituyentes de
participación del Genocidio.

1

Elementos para fundamentar

Triple condición del genocidio

El artículo I de la Convención para Prevenir y
Sancionar el Delito de Genocidio, define a este como un delito internacional.
Esta condición la reiteran los artículos 5 y 6 del Estatuto de Roma de la Corte
Penal internacional, que colocan incluso al genocidio como la primera actividad
delictiva, señalada, sobre la que tiene competencia.

De acuerdo con los artículos 16 y 18 de la
Constitución de la República, los tratados internacionales tienen rango
constitucional, es decir, cuando la Ley (y eso incluye a la Constitución misma),
entra en conflicto con los Tratados Internacionales, prevalecerán los tratados,
lo cual implica que el delito internacional de Genocidio, también es un delito
constitucional-penal.

Por otra parte, el artículo 319 del Código
Penal hondureño, tipifica el delito de Genocidio, como un delito grave dentro
de la legislación penal. El texto del artículo es exactamente el mismo del
articulo II de la Convención para Prevenir y Sancionar el delito de
Genocidio.        

Finalmente, es evidente que el Genocidio, para
el caso de Honduras, tiene un triple condición: (1) Es un delito internacional,
(2) Es un delito Constitucional y (3) es un delito penal.

Elementos
constitutivos del Genocidio

Además de lo señalado: (a) El espíritu de la
Convención que entiende por Genocidio la preparación para cometerlo
(intencionalidad), la flagrancia (el acto instantáneo en que se comete) y la
comisión (hechos consumados), (b) El interés no solo de sancionarlos sino,
principalmente de prevenirlo, (de hecho la sanción orbita en torno a la
prevención como un disuasivo), y (c) La triple condición de delito
internacional, constitucional y penal.

El Genocidio como delito, se constituye en
base a tres elementos: acto, intencionalidad y grupos víctimas. Esto significa
que todo acto que lleve o conduzca a la destrucción física total o parcial el
grupo es genocidio. Que la intención, la cual puede diferirse de la insistencia
y la reincidencia, en actos que lleven al Genocidio y que hay precisamente uno
o más grupos, objetivos de esa intencionalidad destructiva.  

Los grupos víctima son los que la Convención
define claramente en su artículo II: grupos nacionales, étnicos, raciales o
religiosos. Existe un debate entre especialistas el tema acerca de qué debe
entenderse por grupo nacional. Sin embargo por analogía puede interpretarse que
es grupo nacional toda aquella agrupación de personas que no sea étnica racial
o religiosa, es decir, que los grupos políticos y/o sociales son grupos
nacionales, ya que la convención pretende prevenir y sancionar el delito en sí,
y no de manera particularizada o para determinados grupos.       

4 acciones
genocidas del Estado de Honduras

La Convención para Prevenir y Sancionar el
Delito de Genocidio, o convención sobre genocidio, en su artículo II, señala
cinco actos cuya comisión hace incurrir a los Estados y personas particulares
en el delito internacional de genocidio.

El Estado de Honduras incurre reiteradamente
en cuatro de esos cinco actos.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional, o
Estatuto de Roma, asume en su texto, también estos cinco actos, los cuales
considera parte importante de la competencia de la Corte.

Ambos instrumentos, la Convención sobre
Genocidio y el Estatuto de Roma, han sido ratificados por el Estado de
Honduras. Lo cual les otorga, como se ha mencionado, según los artículos 16 y
18 de la Constitución de Honduras, el estatus de rango constitucional; con lo
cual, la realización de uno o varios de estos cinco actos hace que el autor
cometa a su vez un delito penal internacional y un delito penal constitucional.

¿Cuáles son estos cinco hechos o actos que
señalan tales instrumentos legales?

  1. Matanza de los miembros del grupo.
  2. Lesión grave a la integridad física o mental
    de los miembros del grupo.
  3. Sometimiento intencional del grupo a
    condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o
    parcial.
  4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos
    en el seno del grupo.
  5. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro
    grupo.

¿Cómo el Estado de Honduras, los diferentes
gobiernos y sus funcionarios y empleados incurren en estos actos que son
violaciones del derecho Penal Internacional, y el derecho positivo penal
hondureño, constitucional y nacional?

A continuación expresaré algunos ejemplos relativos
a agresiones al pueblo Lenca y en particular a las comunidades miembras y
personas integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH), en el entendido que esta conducta es también aplicada a
los demás pueblos originarios y negros de Honduras. 

Por otra parte argumentaré cómo el asesinato
de la lideresa del pueblo Lenca y Coordinadora General del COPINH, Berta
Cáceres, y la conducta e la investigación criminal por parte del sistema de
justicia del Estado de Honduras profundiza el comportamiento protogenocida y
genocida hacia el pueblo Lenca y el COPINH.

2

Cuatro
conductas violatorias

  1. Matanza de los miembros del grupo.

El primer elemento que la convención sobre
genocidio identifica como genocidio, es la matanza de los miembros el grupo. De
acuerdo con el profesor español Bernardo Feijoo Sánchez, además de que el tipo
penal de Genocidio “reside en la intención del sujeto activo, de destruir total
o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”, hay
que valorar que “el aspecto cuantitativo resulta dogmáticamente intrascendente
a los efectos de caracterización de un hecho, como un hecho típico de genocidio”[2].

Lo que señala Feijoo Sánchez, es que las
matanzas de los miembros del grupo, en este caso nacional (COPINH y otras
organizaciones de derechos indígenas), étnico y racial (el pueblo Lenca y los
demás pueblos indígenas), no se mide por el número, sino por la
intencionalidad. La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del crimen de Apartheid (1976), reitera que es la
intencionalidad de destrucción total o parcial el grupo la que se penaliza y no
es necesario un volumen determinado de muertes, ya que en el articulo II inciso
a) numeral i), habla el “asesinato de miembros de uno o más grupos raciales”,
sin definir una cifra determinada, pero expresando una intencionalidad/acción
en particular.    

En el caso del COPINH hay antecedentes de al
menos 11 asesinatos en cinco años, como resultado de la actividad en defensa de
los territorios y derechos indígenas. En particular se registran cinco
asesinatos relacionados a la oposición activa del COPINH y las comunidades
Lencas, a la instalación el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en el río
Gualcarque, por la empresa Desarrollos Energéticos S. A. de C. V., DESA, lo que
apunta claramente a una matanza de miembros el grupo, en este caso las
comunidades Lencas afectadas por el proyecto, y una Organización o grupo
nacional: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
COPINH, incluyendo en ello el asesinato de su Coordinadora General Berta Isabel
Cáceres Flores.

  • Lesión grave a la integridad física o mental
    de los miembros del grupo.

En Honduras no solo hay matanza contra los
pueblos indígenas o los Lencas, hay represión, terrorismo y hostigamiento
judicial, amenazas, atentados desde instituciones del Estado y aparatos
clandestinos que operan desde el anonimato. Hay también manipulación y
estigmatización mediática, desde el abordaje tendencioso, malicioso y/o
silencioso de las noticias por agentes de prensa y medios de comunicación cuyas
líneas editoriales no ocultan su compromiso, muchas veces servil, a los
intereses del gobierno y los intereses empresariales ligados a los proyectos de
despojo y crimen contra los pueblos indígenas.

La criminalización, estigmatización,
satanización, amenazas anónimas y seguimiento por aparatos estatales,
paraestatales y/o clandestinos, son formas cotidianas, constantes y periódicas
de tortura, es decir, lesión grave a la integridad física o mental de los
miembros del grupo.

En el caso particular de Río Blanco y las
otras comunidades Lencas afectadas por DESA y el proyecto agua Zarca, hay un
fuerte número de denuncias por parte de la comunidad que se enmarcan en esta
acción típica de genocidio:

  1. Hostigamiento policial y militar. Hay
    excesiva presencia policial, la cual actúa de manera discriminatoria contra las
    personas de la comunidad y las y los integrantes de COPINH que se oponen al
    proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque.

Un dato
comparativo que arroja luces sobre lo anterior es la relación policial.
Mientras la relación policía por persona en la zona, que es un lugar con muy
bajo nivel de inseguridad ciudadana, es de un policía por cada cien personas,
en el país la relación es de uno por cada 434 habitantes y en Catacamas,
Olancho el municipio con mayor extensión territorial del país y graves
problemas de inseguridad ciudadana, la relación es de un policía por cada diez
mil habitantes.

Es notoria
la concentración policial en una pequeña comunidad en la que hay fuerte
oposición a un proyecto hidroeléctrico en el que está involucrada una de las
familias más poderosas del país, los Atala, por medio de la empresa Desarrollos
Energéticos Sociedad Anónima S. A. de C. V.

Pero estos
policías no hacen únicamente una actividad presencial que se corresponde con la
estigmatización discriminatoria que expone públicamente a las y los integrantes
el COPINH, como gente violenta, aunque los asesinados, lesionados y
judicializados, están a un solo lado, el de COPINH, sin que haya noticias de
que alguien haya sido asesinado, lastimado o sufrido persecución judicial
teniendo como sujeto activo al COPINH. Estos policías ejercen agresiones contra
la dignidad y estabilidad emocional de las personas que se oponen al proyecto
Agua Zarca.

Un ejemplo
de lo anterior es el hecho que en la comunidad hay únicamente dos buses
interurbanos, el dueño de uno es partidario del proyecto hidroeléctrico, el
otro se opone. Los policías únicamente hostigan, retienen, revisan y cometen
vejámenes contra el bus del dueño que se opone al proyecto. De igual manera
presentan un comportamiento similar hacia las personas que llegan a la
comunidad en apoyo solidario al COPINH y a Río Blanco, sus vehículos son
revisados como si de terroristas o traficantes se tratase.               

A la
comunidad y a activistas en contra del proyecto hidroeléctrico, la policía les
hostiga permanentemente levantándoles perfiles, tomándoles fotografías y
videos, así como amenazas sobre futuras detenciones.

De igual
manera, como en los demás proyectos hidroeléctricos, hay un proceso fuerte de
militarización. Hay agresividad militar en custodia e la empresa DESA. Durante
la ceremonia de celebración del 22 aniversario el COPINH, realizada en el Río
Gulacarque, agentes policiales estuvieron vigilantes y finalmente lanzaron un
ataque con bombas lacrimógenas a los participantes de la actividad y
posteriormente la empresa DESA acusó a las víctimas de la agresión, de haber
cometido actos vandálicos (http://hidroelectricaaguazarca.hn/assets/documentos/COMUNICADO_ACTOS_VIOLENTOS_DURANTE_CELEBRACION_ANIVERSARIO_COPINH.pdf).

Recientemente
un grupo de militares intimidó mediante la presencia armada y uso de drones a
prensa extranjera que realizaba tomas en el Río Gualcarque.

Ambas
situaciones de reciente suceso, denotan una conducta el Estado en la que se
sataniza y victimiza a la víctima (la policía agrede a la victima el asesinato
de Berta Cáceres: el COPINH) y “protege” a uno de los principales sospechosos,
DESA. Vale en este punto no perder de vista que el Estado de Honduras está
comprometido en la promoción de estos proyectos y funcionarios importantes de
gobierno (Julián Pacheco Ministro de Seguridad, Gladis Aurora López,
Vice-presidenta del Congreso Nacional y Presidenta del Partido Nacional, Mario
Pérez Secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Cuellar Fiscal Adjunto del
Ministerio Público, etc.), han sido vinculados a tener diferentes tipos e
asociación y vinculación con estos proyectos, principalmente la de utilidades
económicas.        

  • Agresiones
    físicas contra opositores a DESA.

En julio de
2013, el señor Roque Domínguez, opositor al proyecto Agua Zarca, realizado por
la empresa DESA sufrió graves lesiones por arma blanca (machete), sin que tanta
presencia policial haya impedido el ataque o la impunidad sobre el mismo. Ese
mismo año en septiembre la casa el señor Encarnación Méndez fue objeto de un
allanamiento ilegal en el que les fueron sustraídos los aparatos celulares, y
otros enseres. Además fue secuestrado su hermano Desiderio Méndez quien fue
amenazado con ser torturado para que “hablara”, cuáles eran las actividades del
COPINH.

Desiderio
fue herido de bala por militares, el 15 de julio, en el mismo evento de
represión en que los militares asesinaron a Tomás García líder comunitario del
COPINH y su hijo Allan García fuera gravemente herido. Sobre los militares que
lo hirieron y los policías que allanaron la casa de su hermano y le
secuestraron, pesa un manto de impunidad por parte del Estado de Honduras.

En
septiembre de 2013 fue detenido de manera arbitraria Wilson Jacobo Rodríguez,
quien sufriera maltratos en su detención, ocho meses después sería asesinado, y
su hermano Maycol de 15 años seguiría su suerte en octubre de 2014. Dos
hermanos más de ambas víctimas debieron recibir protección especial ya que eran
amenazados persistentemente de ser asesinados por su oposición al proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca.  

En marzo de 2014 la
señora María Santos Domínguez y su familia fueron víctima de un brutal atentado
con machetes del que salieron severamente lesionados y salvaron la vida porque
fueron dados por muertos por sus agresores.  

  • Abusos,
    agresiones y daños producidos por COPRECA y DESA            

La empresa
constructora subcontratada DESA para el proyecto Agua Zarca, ha lanzado su
maquinaria sobre milpas y cultivos de la población destruyéndolos, sin que las
autoridades hagan algo al respecto. También han dañado los caminos de acceso y
cableado de un proyecto de comunicación de la escuela pública sin hacerse
responsables de reparar los daños.

  • Sometimiento intencional del grupo a
    condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o
    parcial.

Las matanzas, las lesiones, indudablemente
conllevan el riesgo de crecer en tal proporcionalidad que definitivamente ponga
en riesgo la supervivencia del grupo. Pero hay otras acciones del Estado que
conducen a tal fin con mayor claridad.

Hay dos maneras de provocar la destrucción
física total o parcial de un pueblo originario; la más evidente es la vía
directa, poner en peligro la vida de los integrantes del grupo. La otra, más
sutil o discreta es la asimilación a otros grupos social, en este caso a los
mestizos. El Estado de Honduras ha venido privilegiando, sin mayor éxito esta
última, puesto que les permite eliminar el pueblo sin asesinar a sus habitantes.

A través de la cátedra y los púlpitos, el
discurso oficial, la imposición del idioma español, la negación de traductores,
la persecución y hostigamiento a costumbres, ceremonias e instituciones
ancestrales como en su momento se hizo contra la compostura, la chicha, el
consejo de ancianos, la medicina natural y la partera.

Pero también hay políticas de Estado que
involucran ambas formas de destrucción total o parcial de los pueblos indígenas
y negros. Una de ellas es el modelo económico depredador y de enclave que
promociona con un compromiso profundo el gobierno de Honduras, a través de
proyectos privilegiados como las hidroeléctricas, la minería, los proyectos
turísticos, los mono cultivos y las ciudades modelo.

Estos proyectos son impuestos de manera
autoritaria a “sangre y fuego” por el gobierno. En el caso de los mega
proyectos hidroeléctricos, solo en las cuencas del río Ulúa y el río Lempa, el
COPINH ha denunciado ante el ministerio público la violación de sus derechos en
51 concesiones hechas por el Poder Legislativo, bajo el término “concesión de
aguas nacionales”, que niega la propiedad ancestral  indígena sobre estos ríos, el hábitat
funcional que ellos significan para el pueblo Lenca, la relación especial entre
la cultura Lenca y la naturaleza: el agua, el viento, el bosque y la montaña; y
que tiene una implicación directa con su espiritualidad.

Este tipo de concesiones pone en riesgo la
existencia física total o parcial del pueblo Lenca de manera directa porque les
despoja de sus territorios, anula su hábitat funcional, aniquila su seguridad
alimentaria (hay un modelo económico Lenca que ha permitido su supervivencia
durante más de 500 años de opresión), pero que también asesina su
espiritualidad, asfixia su cultura y con ello orilla al pueblo Lenca a una zona
de riesgo de desaparición. Además de que estas concesiones de proyectos
hidroeléctricos significan un riesgo grave de ecocidio sobre ambas cuencas.

Medidas
destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.

Son muchas las acciones del Estado para
eliminar de su horizonte al pueblo Lenca. Por ejemplo en los diferentes Censos
realizados en el país en los últimos cien años, muestran como muchas de las
comunidades presentan una disminución de su población Lenca mayores a un 60% en
un período de 10 años, sin que se registre un evento que explique la mengua en
la población, más que el cambio de denominación de indígena Lenca a
“campesino”. Hay una negación censal, con el fin de reducir mediante la
manipulación estadística la población indígena Lenca.

Actualmente el gobierno anuncia estudios
antropológicos y de ADN para determinar quien es Lenca y quien no lo es; lo
cual es cuestionable ya que el Estado de Honduras no cuenta con la objetividad
necesaria para realizar tales actos ya que está fuertemente comprometido con
los proyectos hidroeléctricos, mineros, turísticos y de ciudades modelo. Su
condición de juez y parte pone sobre la mesa, la inevitable sospecha de que hay
un interés en negar la condición indígena de las comunidades en conflicto
contra tales proyectos, para neutralizar las protecciones que les ofrece el
Convenio OIT-169 y el artículo 346 de la Constitución de la República.

Pero más allá de esto hay una práctica
gravísima por parte del Estado de Honduras que pone en riesgo los nacimientos
de las niñas y los niños Lencas: la persecución de la institución ancestral de
la partera.

Es parte de la cultura Lenca el acudir a la
partera para los cuidados prenatales, el parto y el post parto. Si esta institución
fuera ineficaz, los Lencas se habrían extinguido hace mucho tiempo, sin
embargo, desde el sistema de salud se prohíbe acudir a las parteras y con
severas penalizaciones.

Si se considera que una madre Lenca promedio
deberá caminar entre caminos pedregosos, cerros y montañas unas dos a cuatro
horas para llegar a una carretera en donde puede esperar un transporte que le
lleve al sitio urbano en el que haya atención médica para partos el sistema
público de salud; sin perder de vista el hecho que la precariedad económica de
la mayoría de las y los Lencas, les impide trasladarse y estar en la zona
urbana donde se atenderá el parto, algunos días antes del plazo calculado para
la labor, y que se amenace con multas y cárcel a las parteras si acompañan a las
mujeres embarazadas, así como a sus esposos o padres. Estamos innegablemente
ante una medida que busca impedir los nacimientos en el seno del grupo. En
especial si se toma en cuenta que no tiene sentido que el Estado se enemiste
con la institución ancestral de la partera, si perfectamente podía
certificarlas.                       

3

Asociados,
hechores, instigadores y cómplices del Genocidio.

El artículo III de la Convención para Prevenir
y Sancionar el Delito de Genocidio, señala cinco actos castigados dentro de la
comisión del Genocidio: (1) el Genocidio mismo, (2) la asociación para cometer
Genocidio, (3) la instigación directa y pública a cometer Genocidio, (4) la
tentativa de Genocidio, y (5) la complicidad en el genocidio.

Ello significa que la penalización se extiende
no solo al hecho consumado y a la tentativa, sino a la asociación, la
instigación y la complicidad.

De acuerdo con la teoría de aparatos
organizados de poder y delitos empresariales el profesor Claus Roxlin, hay una
autoría mediata, un “hombre detrás” que controla la voluntad de los ejecutores
de acciones de Genocidio, no solo por la coacción o cooptación de tales
ejecutores, sino por la existencia de aparatos organizados de poder. Una
“maquinaria” que funciona automáticamente sin que importe la persona individual
del concretor ejecutor”[3].

Esta máquina se torna evidente en sus
acciones, y como bien lo señala el Dr. Leo Valladares Lanza, no se encontrará
documentación, un memorándum, un oficio en el que se impele la comisión de un
acto ilegal, en este caso de Genocidio, por lo que lo que demuestra tales cosas
son los patrones reiterados de conducta y la evidencia del contexto.       

Es en estos patrones reiterados y las
evidencias del contexto, en los que encontraremos también a los asociados, los
incitadores y los cómplices de cometer Genocidio y no solo a los hechores de
los actos concretos.

Por ejemplo, los militares y policías que han
participado en los asesinatos de Santos Alberto Domínguez, José Husbaldo Guzmán
y Tomás García, todos defensores de los derechos y territorios Lencas,
responden a una cadena de mando a la que no se le ha deducido responsabilidad,
ni se ha investigado. Tal conducta generadora de impunidad se reitera en otros
casos de represión en Honduras.

Pero la mayor evidencia de estos aparatos
organizados de poder opera en otra esfera superior al hecho concreto. El Plan
de Visión de País, elevado a Ley nacional[4],
es en grandes segmentos una copia fiel de un documento emitido en  2007, por la USAID, y el Consejo Hondureño de
la Empresa Privada, COHEP, realizado con el objeto de estructurar una mejor
explotación comercial de los bienes nacionales con beneficio y utilidades para
empresarios nacionales o extranjeros y el tesoro público.

La ley de Visión de País, es la que promueve
estos proyectos conflictivos que despojan a indígenas, negros, campesinos y
pobladores de sus tierras y bienes comunes. El Estado acompaña a este plan de
despojo con un cuerpo legal que opera al menos en tres dimensiones:

  1. Legislación para operativizar el negocio sobre
    bienes nacionales.

Ley
para el establecimiento de una Visión de País y la adopción de un Plan de
Nación para Honduras, Ley para la conversión de la Deuda Pública (ley de
hipoteca de bienes públicos aprobada el 20 de diciembre de 2013), Ley de
Alianza Público Privada y su reglamento, Ley General de Aguas (emitida en pleno golpe de Estado), Ley General de Minería
y su reglamento, Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (LoZEDE), etc.

  • Legislación
    para operativizar la represión y criminalización de la
    oposición a los proyectos del despojo y garantizar la
    impunidad.  

Ley de órganos jurisdiccionales con competencia territorial
nacional en materia penal, Ley contra el financiamiento del terrorismo, Ley de
secretos oficiales, Ley de “escuchas” etc.

  • Leyes para la articulación de un cuerpo
    represivo eficiente para la represión.

Ley de Inteligencia Nacional, Ley
Estrategia Interinstitucional en Seguridad y Toma Integral Gubernamental de
Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), Ley de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), etc.  

Este cuerpo legal maligno hace visible la maquinaria
eficiente dentro de las estructuras el Estado, lo cual se hace más patente al
ver la conducta del sistema de justicia. Las demandas de justicia de las y los
indígenas, negros y campesinos no son atendidos con igual esmero y eficiencia
que las de los proyectos asociados con el gobierno. Tal y como ha ocurrido en
Barra Vieja, el Aguán (como el caso de Isabel Morales), y en particular el
proceso contra Berta Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina.

En éste último, la acusación del Ministerio Público
contra los líderes del COPINH, era un verdadero facsímil de la denuncia
presentada por DESA en contra de Berta, Tomás y Aureliano. Fue tal el nivel de
copiado y pegado (copy-paste) que las pretensiones desmedidas, alejadas de la
cordura y sin asidero legal de la demanda fue una pieza clave en la derrota
procesal de la alianza entre DESA y el Ministerio Público.

Al par de estas estructuras y asociaciones
estatales, la máquina de los aparatos organizados de poder se manifiesta
también en la operación de grupos paraestatales que hostigan, amenazan, secuestran
y torturan con total impunidad en el día y en la noche, y más aún cuando el
sistema de justicia no atiende las denuncias al respecto con el compromiso y
entrega que hace en la defensa de los intereses económicos del sector privado y
del Estado.

La prensa en sentido amplio invisibiliza estas
situaciones o se presta a la estigmatización de las y los defensores de los
derechos indígenas y negros, campesinos, de la naturaleza y humanos. Con igual
conducta se comportan algunos referentes públicos.

Un caso que puede citarse es el de la entonces
presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada Aline Flores quien
declaró en octubre de 2013 que los proyectos hidroeléctricos:

 “son boicoteados por grupos interesados que lo
único que quieren es atrasar al país, no ayudarnos a ser más competitivos y de
repente, apoyar algún otro tipo de energía”.

Además agregó que:

“Son grupos
liderados por la señora Bertha Cáceres, ella tiene una protección de parte de
la Comisión de Derechos Humanos y amnistía, está protegida por organizaciones
internacionales con fondos de impuestos europeos y americanos, es lo más triste
que los americanos no saben para que son utilizados sus impuestos”[5].

En julio de
2013, había sido asesinado por militares, el dirigente de COPINH y líder de la
Comunidad de Río Blanco Tomas García, dos lencas mas habían sido heridos de
bala en el mismo suceso, en tanto en septiembre había sido asesinado William
Jacobo Rodríguez otro activista Lenca de Río Blanco opuesto al proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. de C. V.
(DESA). En 2013 el empresario Eduardo Atala uno de los dueños de DESA, fungía
como tesorero de la Junta Directiva del COHEP.  

En
diciembre de 2015, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez instó a los feligreses
Lencas en San Francisco, Lempira a no organizarse en el COPINH ni escuchar las
emisoras de radio comunitarias de esta organización[6].

Estas
acciones de estigmatización y que pueden también ser vistas como
discriminatorias, racistas y de apología al odio, ocurrieron en un contexto de
represión por parte de los cuerpos coercitivos del Estado y de actividad
constante de intimidación por aparatos clandestinos contra Berta Cáceres, su
familia (su madre e hijos) y las y los integrantes del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, mostrando la
existencia innegable de asociados, instigadores, cómplices y hechores de Genocidio.      

4

El
asesinato de Berta Cáceres en un contexto de Genocidio

Los hechos

La noche del 2 de marzo de 2016, fue asesinada
en la intimidad de su casa de habitación, la Coordinadora General del COPINH,
Berta Isabel Cáceres Flores, por dos sujetos armados que se dieron a la fuga.
En la entrada principal de la zona residencial de la casa de la víctima hay una
garita de guardia privada. Los asesinos huyeron impunemente.

El 6 de febrero de 1995, fue asesinada en
similares circunstancias la ambientalista Blanca Jeannette Kawas. Al igual que
en el asesinato de Berta Cáceres la institucionalidad estatal obligada a
investigar y resolver el caso no realizó ninguna diligencia que aclarara el
hecho esclareciera la verdad y llevara a culpables materiales e intelectuales
ante la justicia.

A ese respecto la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos señaló en su momento que:

“graves omisiones demuestran que las autoridades
estatales no adoptaron con la debida diligencia todas las medidas que eran necesarias
para impulsar una investigación que pudiera llegar a un resultado concreto.
Como consecuencia del incumplimiento estatal de sus deberes, se ha negado el derecho
a ‘los familiares’ de la [presunta] víctima a conocer la verdad sobre lo sucedido
y a que se reparen los daños y perjuicios sufridos”[7].

Así mismo la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos sentenció al Estado de Honduras como responsable de la
muerte de la ambientalista, y agregó que hubo obstaculización de la
investigación del crimen por parte de las entidades responsables ya que no
hicieron las diligencias debidas, pretendiendo desviar la investigación o
mantenerla pasiva. Que durante el juicio se demostró la participación de
autores materiales vinculados a grupos de poder económico (inversionistas en
aserraderos y proyectos turísticos), en especial ligados a lo que llegó a ser
hoy día el proyecto Indura, del que la familia Atala es accionista. Y
finalmente que el Estado no ha realizado diligencias suficientes para resolver
el crimen, entonces en impunidad de 14 años, y le sentencia a resolver en un
plazo razonable. El caso, al día de hoy goza de una impunidad de 21 años.   

Las
hipótesis. Conducta racista del ministerio público

En el caso del asesinato de Berta Cáceres, el
Ministerio Público y el Estado de Honduras, repiten similares patrones de
conducta. No hay comunicación ni información a la familia de la víctima ni al
COPINH. En las diligencias realizadas a la fecha pesa la convicción, por la
conducta de los investigadores que se privilegian dos hipótesis en las que se
presenta como sospechosos al integrante del COPINH Aureliano Molina como
posible autor material por asuntos pasionales, y a la Coordinación General de
COPINH, incluyendo a su nuevo Coordinador General Tomás Gómez Membreño (quien
asume conforme a los estatutos del COPINH por su condición de Subcoordinador
General), por disputas internas del COPINH.

Ni Aureliano Molina, ni Tomás Gomez Membreño,
ni el COPINH han realizado alguna acción de amenazas contra Berta Cáceres en
vida, y al contrario han sido objeto de criminalización junto a Berta Cáceres
en el pasado por parte del Ministerio Público.

A contraparte, las hipótesis ligadas a la
actividad de la víctima como defensora de los derechos y territorios Lencas,
quien fue objeto de amenazas y atentados en el pasado por parte de los
intereses económicos de tales proyectos[8],
no es investigada con el mismo énfasis hacia los integrantes del COPINH.

Con el asesinato de Berta Cáceres suman cinco
los asesinatos vinculados al proyecto Agua Zarca, incluyendo un niño de 15 años
de edad. Y once los activistas por los derechos indígenas y de la defensa del
territorios Lenca del COPINH, sin contra otros asesinatos de Lencas
pertenecientes a otras organizaciones y asesinatos y masacres contra indígenas
Tolupanes y Garífunas, acompañados de numerosos atentados y torturas,
hostigamiento judicial y amenazas.

Hay denunciados por COPINH cincuenta y un
proyectos hidroeléctricos inconsultos que producen conflictividad con violencia
unilateral y militarización contra el pueblo Lenca y el COPINH, en las cuencas
de los ríos Ulúa y Lempa en territorios Lenca, junto con denuncias de
concesiones para minería, ciudades modelo y disputas territoriales en perjuicio
de las comunidades Lencas afiliadas al COPINH. Lo cual daría mayores razones
para que se investigaran estas otras hipótesis, que incluyen a poderosos
personajes de la vida económica, política y militar del Estado de Honduras,
entre ellos al Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, el Presidente Juan Orlando
Hernández (como principal promotor de la imposición inconsulta de tales
proyectos y la militarización del territorio Lenca), Aline Flores ex-presidenta
del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP, la familia Atala dueña de la
empresa DESA y muy ligada al actual gobierno y los fideicomisos de las Alianzas
Público Privadas asociadas a los proyectos que generan conflictividad en
Honduras, Gladys Aurora López, vice presidenta del Congreso nacional,
Presidenta del Partido Nacional de Honduras que gobierna los tres poderes del
Estado, y cuyo esposo Arnold Castro es el rostro visible de la Hidroeléctrica
los Encinos en el municipio Lenca de Santa Elena, departamento de La Paz, en
donde han ocurrido al menso 5 asesinatos de opositores al proyecto
hidroeléctrico, Mario Pérez Secretario del Congreso Nacional ligado a disputas
territoriales de despojo a comunidades Lencas en el Departamento de Santa
Bárbara, señalado en su momento por Berta Cáceres como autor intelectual y
cómplice del asesinato del dirigente del COPINH Moisés Durón (el día 22 de
febrero, nueve días antes del asesinato de Berta Cáceres fue capturado por
gestiones y presión ejercida por la Coordinadora del COPINH uno de los asesinos
de Moisés Durón), los Alcaldes Raúl Pineda de San Francisco de Ojuera (municipio
al que se ha trasladado el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca) y Javier
Martínez quienes en su momento vertieron amenazas contra Berta Cáceres.

A estas personas no se les incluye en las
investigaciones de la misma manera que se ha hecho contra la Coordinación del
COPINH, a quienes les han decomisado vehículos de la organización, se les ha
hecho vaciados de sus teléfonos, decomisado prendas de vestir y se les cita
constantemente a “declarar” manteniéndoles horas enteras sin hacer nada ni
poder retirarse de las oficinas del Ministerio Público para hacerles preguntas
vanas o que las personas interrogadas sienten ofensivas contra la memoria de su
Coordinadora General Berta Cáceres, o que les hacen repetir los hechos
relatados en declaraciones anteriores como buscando aparentes contradicciones
para tener frágiles asideros en su contra. También pareciera que los constantes
citatorios buscan mantener inoperante a la Coordinación General, tratamiento
que no reciben personas, organizaciones y empresas que deberían tenerse como
principales sospechosos del crimen.

Al testigo del asesinato Gustavo Castro, se le
ha tratado de la misma manera, y se ha manejado públicamente por el director de
fiscales y el Fiscal General ante la prensa, mas como un sospechoso, que como
un testigo clave. También se le han afectado sus derechos humanos y procesales
de manera notoria y pública.

El entorno:
reclamo y negación de justicia

En reiteradas ocasiones la familia de Berta
Cáceres, el COPINH, la sociedad civil hondureña y la comunidad internacional
han exhortado y demandado al gobierno de Honduras una investigación imparcial,
objetiva, desideologizada y no racista del asesinato de Berta Cáceres, mediante
una comisión de expertos de confianza de la familia y del COPINH, establecer
comunicación directa con las víctimas, la familia y el COPINH en lo que se
refiere a su derecho a participar en la investigación y estar informados de la
misma, sin que haya respuesta positiva a la misma.

Ante esta situación el COPINH propone lo
siguiente:

  1. Cese inmediato de asesinatos contra indígenas
    y negros. Incluyendo en esta medida a las y los defensores de los derechos y
    territorios del pueblo Lenca y del COPINH. Cese inmediato también de medidas
    protogenocidas contra los pueblos, incluyendo las relativas a estudios
    antropológicos y exámenes de ADN por parte de un Estado que al estar
    comprometido con ánimo de lucro, con proyectos que necesitan la desprotección
    del Convenio OIT-169 en las comunidades Lencas, y otras conductas señaladas en
    este documento, mas las que en el futuro puedan denunciarse. 
  • Acompañamiento de organizaciones nacionales e
    internacionales para explorar las posibilidades de profundización legal
    procesal para presentar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, una
    investigación sobre asociación, instigación, complicidad y comisión de
    Genocidio contra el Pueblo Lenca y el COPINH por parte de funcionarios del
    Estado de Honduras y empresarios nacionales y de otros países.
  • La suscripción por parte del Gobierno de
    Honduras de un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
    instalar una comisión de expertos que investiguen el asesinato de nuestra
    compañera Berta Cáceres, garantizando un proceso de investigación imparcial, objetivo,
    desideologizado y no racista o discriminatorio, que ayuden al esclarecimiento
    de los hachos, alcanzar la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de
    no repetición.
  • Extender la investigación contra personas,
    organizaciones, instituciones y empresas que sí amenazaron y atentaron contra
    la vida de Berta Cáceres, las comunidades Lencas, el COPINH y los pueblos
    indígenas y negros de Honduras.
  • Cancelar la concesión del Proyecto
    hidroeléctrico Agua Zarca, deducción de responsabilidades a la empresa
    Desarrollos Energéticos S. A. de  C.V.,
    asi como la expulsión de territorio Lenca de tal empresa, sus empresas
    subcontratadas.
  • Levantar un monumento-memoria en las actuales
    instalaciones de DESA en el río Gualcarque, que rescate la vida y lucha de
    Berta Cáceres, como primera medida de no repetición.
  • Suspensión de todos los proyectos conflictivos
    en territorio Lenca, sean estos hidroeléctricos, mineros, de turismo, ciudades
    modelo o cualquier otra índole.
  • La desmilitarización del territorio Lenca.
  • Liberación del Sr. Gustavo Castro, para que
    pueda retornar a su país de origen. Que se le ofrezcan disculpas públicas por
    el tratamiento que se le ha dado y se le repare por el daño y traumas causados.
  1. Que el Estado y la sociedad hondureña toman
    acciones inmediatas para desmontar la campaña de criminalización,
    estigmatización y satanización del Berta Cáceres, el pueblo Lenca y el COPINH,
    por ser apológicos al odio, discriminatorios y racistas. Ello incluye espacios
    de prensa escrita y cadenas de radio y televisión para que la familia de Berta
    Cáceres y el COPINH puedan establecer comunicación directa masiva con el pueblo
    hondureño.

[1] El
artículo dice
textuamente:

ARTICULO
346.-
Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e
intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de
las tierras y bosques donde estuvieren asentadas. 

[2] http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/1-2000/1-2000-1.pdf

[3] Teoría de los aparatos organizados de
poder y delitos empresariales.
Carlos Julio Lascano. Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdova. Argentina, 2001.

[4] Ley para el establecimiento
de una Visión de País y la adopción de un Plan de Nación para Honduras (Decreto
Legislativo 286-2009).
Congreso Nacional de Honduras. Gaceta No. 32,129. Martes 2 de
febrero del 2010. Empresa Nacional de Artes Gráficas, ENAG. Honduras 2010.

[5] http://madj.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=328:la-presidenta-del-cohep-aline-flores-acusa-a-berta-caceres-de-liderar-grupos-indigenas-que-se-oponen-a-proyectos-de-energia-renovable-&catid=56:rrnn&Itemid=117

[6] http://www.telesurtv.net/news/Honduras-clerigo-insto-a-fieles-a-no-organizarse-en-el-Copinh–20151203-0036.html

[7] Sentencia
caso Kawas Fernández vs Honduras. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3
de abril de 2009. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf

[8] http://www.laprensa.hn/honduras/936632-410/mexicano-da-detalles-del-crimen-de-berta-c%C3%A1ceres

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