Asesinatos Selectivos en Colombia

Eran las 6 de la tarde y el sol comenzaba a diluirse en el horizonte de Villa Echeverry, a pesar de ello un calor asfixiante de 36º lo impregnaba todo. William Castillo quien se había reunido en el consistorio municipal con el alcalde, para discutir el Plan de Desarrollo de las Comunidades de los Campos de Desplazados, se dirigió a una de las cantinas que frecuentaba, la de ‘Los Galvanes’, una de las pocas disponibles en el campo de desplazados de Villa Echeverry en el municipio de El Bagre (Antioquia). Mientras tomaba un refresco irrumpió un grupo de hombres fuertemente armados y le dispararon primero en la cara y después en el pecho ocasionándole la muerte de manera instantánea, a tan solo unos cientos de metros se ubica una de las bases del Ejército más potentes de la región en un municipio controlado por los paramilitares. Nadie fue detenido y tampoco se registró ningún movimiento especial en dicha base.

El activista ya había sufrido un atentado en 2011 y habia sido retenido en 2014 por la policía municipal quien le hostigaba por presunta colaboración con la guerrilla. La realidad es que era fundador de AHERAMIGUA (Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó), una organización civil que agrupa a mineros artesanales, campesinos y comunidades cristianas de la región de Guamocó, también coordinaba el sindicato de moto taxistas y era integrante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Tristemente William Castillo se unía a una larga lista que con el paso de los años no para de crecer, la de los líderes sociales asesinados en Colombia.

Las cifras de asesinatos en Colombia son escandalosas

Este caso no es aislado y Colombia es tristemente el país con la tasa más alta de líderes sociales asesinados. Tan solo en los cinco primeros meses de 2017 fueron contabilizados 55 los asesinados, 80 en 2016, 60 en 2015 y 55 en 2014, lo que marca claramente una tendencia al alza la de asesinatos perpetrados contra este grupo social. Todo esto a pesar de que el país ha registrado su tasa de homicidios más baja en cuatro décadas, la de 12.000 asesinatos en 2016, lo que acentúa más si cabe la situación, bajan los crímenes por delincuencia común pero se disparan los crímenes políticos.

El Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos por su parte ha cifrado en 60 los líderes y 64 los activistas asesinados tan solo en 2016, de los cuales el 60% han ocurrido en territorios que controlaban las FARC hasta que el proceso de paz apartó a los guerrilleros a zonas de concentración, lo que es un signo de como multinacionales, terratenientes y grupos paramilitares se reparten el pastel dejado por la guerrilla. El otro 40% se perpetraron en zonas en las que las FARC apenas tenían presencia histórica y donde a lo largo de los años y las décadas, se fue exterminando todo tipo de iniciativa popular por una sociedad más justa y libre, o en palabras de los verdugos el exterminio del comunismo.

No solo este colectivo está siendo fuertemente castigado en el país latinoamericano, otros están corriendo la misma suerte, sin ir más lejos Amnistía Internacional publicaba un comunicado en Abril informando que en una sola semana habían sido asesinados 6 indígenas de las comunidades Awá, Nasa y Wounan.

El Estado no se hace cargo

Como en la canción de la cantante colombiana, la fiscalía y por ende el resto de administraciones estatales se mantiene sorda ciega, sordomuda. Del total de asesinatos de 2016-2017, la fiscalía solo incluye al de William Castillo como asesinato por motivaciones políticas o de defensa de los derechos humanos. No importan los 1081 sindicalistas asesinados en los ultimos 15 años, políticos de oposición, indígenas, los 152 periodistas silenciados con la muerte en los últimos 38 años o los miembros de plataformas por la paz como Marcha Patriótica. El estado colombiano no consigue encontrar motivaciones políticas en los asesinatos, la coartada es siempre el conflicto personal, y en los casos resueltos solo se logra llegar al sicario que ejecuta la acción, nunca al autor intelectual.
No debería extrañar esta metodología pues es la que se lleva aplicando durante más de un siglo en el país andino. Por ejemplo en el genocidio del partido político Unión Patriótica perpetrado en poco más de una década entre los años 80 y 90, de los más de 3000 militantes y simpatizantes asesinados la fiscalía ha actuado en unos 1600 casos, de los cuales ha logrado resolver apenas 137, de los que solamente 98 han sido imputados a grupos paramilitares o fuerzas del estado.
La estrategia es clara, Colombia a los ojos del mundo es una democracia pues se vota cada 4 años, lo que no se analiza son las condiciones en las que se realizan las elecciones, por ejemplo el asesinato sistematico de simpatizantes de partidos o corrientes políticas diferentes a las defendidas por los partidos tradicionales y sus escisiones supuestamente renovadoras.

En teoría hay libertad de partidos, no obstante la presión ejercida por narcotraficantes, paramilitares y fuerzas estatales sobre partidos reformistas y revolucionarios impide el despliegue en el rural y en las ciudades. A los opositores mas valientes se les crean falsos positivos judiciales como a Piedad Cordoba y se les inhabilita. La libertad de expresión pareciera tambien funcionar a las mil maravillas, sin embargo se silencia con el peso del plomo a periodistas que realizan denuncias comprometidas, en el mejor de los casos llega con despidos y amenazas a críticos con la oligarquía local y sus nexos con el paramilitarismo. No hace falta cerrar medios de comunicación como en las viejas dictaduras, ‘delincuentes comunes’ asesinan y desaparecen a los periodistas más osados provocando que los medios se autocensuren.

En Colombia hay libertad de sindicación, a pesar de ello es el país del mundo con mayor numero de sindicalistas asesinados, los cuales ‘mueren’ casi siempre cuando se negocia algún tipo de convenio o se movilizan por algún derecho, en muchos de los casos se ha logrado establecer una relación entre los asesinos y las empresas como en el caso de la embotelladora de Coca Cola. Colombia aparentemente es una democracia a pesar de los más de 10.000 presos políticos. Y pese a presumir de separación de poderes, los fiscales crean falsos positivos judiciales, y los jueces dictan sentencia sin esmerarse en descubrir la verdad.

Geopolítica de los recursos

La estrategia gubernamental de silenciar el asesinato de los líderes sociales no podría funcionar sin el apoyo internacional. A diario se puede ver en los medios occidentales criticas exacerbadas a las políticas y gobernantes de países vecinos como Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros, lo que contrasta con el silencio mediático sobre Colombia. No es una casualidad, occidente apoya y oculta los excesos de los gobiernos que le permiten expoliar los recursos, mientras que condena a los que nacionalizan sus recursos. Analizando la economía colombiana, solo en el periodo de 2007-2012 el Gobierno Colombiano recibió 5.700 millones de Dolares anuales de inversión extranjera en el sector Minero-Hidrocarburos que le permitieron financiar el 75% del déficit en la balanza económica nacional. Estas inversiones fueron lideradas por empresas como la Drummond (EE. UU.) Anglo American Coal (Reino Unido), CEMEX (México), Greystar (Canadá), Anglogold Ashanti (Sudáfrica, EE. UU.), Río Tinto Mining (UK), CVRD (Brasil) entre otras.
Por ejemplo, el país es el 21º productor de oro mundial y uno de los que mas reservas posee, la producción está en manos de 5 compañias de las cuales 4 son extranjeras; Anglogold Ashanti Colombia S A. (USA-Sudáfrica), Gran Colombia Gold (Canadá), Continental Gold (Canadá), Angel Gold (Canadá). En lo referente a las reservas petrolíferas se sigue la misma tónica, el país es el 31º con mayores reservas del mundo, sin embargo más de la mitad de la producción se la llevan empresas extranjeras como Pacific Rubiales (Canadá), Occidental de Colombia-Oxy (USA), Mansarovar Energy Colombia Ltd (China/India), Equion Energía(España/Colombia), Petrobras Colombia Limited (Brasil), Canacol Energy (Canada). El mismo esquema se repite en la producción de plata, coltan, estaño, esmeraldas, gas y todo tipo de recursos mineros y energéticos. En el caso de los líderes sociales, concretamente el asesinato de William Castillo hay que enmarcarlo en el conflicto en la región del Bajo Cauca entre extractores de oro artesanales y la gubernamental MINEROS S.A.
Lo sucedido en Colombia con el expolio de los recursos por parte de potencias económicas extranjeras contrasta con lo sucedido en Venezuela donde en el mismo periodo el gobierno nacionalizó Helmerich & Payne (USA), provocó la salida de Exxon Mobil (USA) y Conoco Phillips (USA), y dejó como socios minoritarios de las compañías estatales a BP (UK), Total (Francia), Chevron (USA) y Statoil (Noruega).

Paramilitares completan la ecuación

En 2008 explotaba el escándalo de los ‘Falsos Positivos‘, las Fuerzas Armadas Colombianas se habían pasado años manipulando las cifras de bajas en las guerrillas, para ello secuestraban a jóvenes de las ciudades o campesinos del rural para asesinarlos, vestirlos de guerrilleros y hacerlos pasar como bajas en combate. Se sabe que por lo menos 5.000 civiles inocentes fueron martirizados en muy pocos años para dar una falsa sensación de victoria sobre la insurgencia comunista. En el caso del rural primaba asesinar a aquellos pequeños propietarios de parcelas. Mientras en la capital Bogotá, el Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y su Ministro de Defensa Juan Manuel Santos (Hoy Presidente de la República y ganador del Nobel de la Paz), celebraban con champan ir ganando en la lucha contra el ‘terrorismo’ (En realidad ganaban pero en el número de civiles asesinados).
En 2006 también brindaron por el acuerdo de desmovilización de los paramilitares colombianos, cuando anunciaron a bombo y platillo la desmovilización de cerca de 30.000 combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Se venia filtrando hacia meses la relación entre paramilitares y politicos del pais, salpicando incluso al hermano del presidente, así que aceleraron un proceso que  fue una farsa pues condenó a unos pocos comandantes, la mayoría con penas ínfimas. Les dió legitimidad política, y no hubo reparación a las victimas.

En este aspecto, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 8 millones de hectareas fueron adquiridas ilegalmente o fueron abandonadas por causa de la violencia. Agrandando aun mas la brecha entre ricos y pobres que según el Índice Gini de Tierras se sitúaba en un ratio de 0.891 sobre 1, lo que resultaba en que el 77’6% de las tierras está en manos del 13’7% de la población según datos de 2010. De acuerdo a un informe de Amnistia Internacional después de tres años sólo se han devuelto 29.965 hectáreas a campesinos y 50.000 a comunidades afrodescendientes. Y solo se han beneficiado 2.867 personas de los más de seis millones de desplazados. El resto están siendo entregadas a empresas o compradas masivamente por ‘Empresarios’ tras amenazas y hostigamiento. Hostigamiento que viene  de los miles de paramilitares de rango bajo y medio que quedaron en libertad para fundar nuevos grupos paramilitares, pudiendo así continuar con la operación de desplazamiento de pequeños propietarios de tierras y el asesinato de líderes sociales que los protegen.

Mientras estos grupos le hicieron el trabajo sucio al Estado,  como pago, aprovecharon para infiltrarse no solo en los negocios ilegales, si no en las empresas nacionales y extranjeras, así como en las instituciones politicas.

La connivencia con el paramilitarismo se publicitó como zanjada tras la desmovilización paramilitar en 2006 y el escandalo de la parapolítica. Sin embargo se les ha dejado crecer sin apenas presión militar y policial, eso sí, denominandoles BACRIM para evitar toda sospecha.

William Castillo fue asesinado por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, grupo creado meses después de la desmovilización paramilitar por Daniel Rendón Herrera (Alias Don Mario), ex-comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia y mano derecha de su fundador Vicente Castaño. El asesinato se cometió a escasos metros de una de las bases militares mas grandes de la región, sin que nadie se movilizase para detener a los asesinos. Como sucedió en el pasado en las masacres de Mapiripán, La Rochela, Segovia y muchas otras las autoridades han hecho la vista gorda.

El Gobierno se niega a reconocer su existencia

Las Autodefensas Gaitanistas no son el único grupo paramilitar en el país, el equipo de Descifrando la Guerra ha logrado catalogar a mas de 40 grupos diferentes repartidos por todo el país. Todos ellos se caracterizan por un odio exacerbado al comunismo. En realidad cualquier líder social, izquierdista, o promotor de los derechos humanos es calificado por ellos como comunista.

Sin embargo el Gobierno Colombiano les llama BACRIM (Bandas Criminales) queriendo ocultar su motivación política y su objetivo de exterminar a la resistencia civil. Ahora que se ha demostrado que estos grupos tienen una organización superior a la de las bandas delincuenciales, se expanden por todo el territorio y se ha logrado identificar la conexión entre estos grupos paramilitares y cientos de políticos alrededor de todo el país, se ha establecido una relación clara entre paramilitares y la fuerza publica, también los nexos entre empresarios y estos grupos. El Gobierno se ha visto obligado a cambiar la calificación de estos grupos a Grupos Armados Organizados (GAO), reconociendo que no son simples bandas y que deben ser combatidas como un grupo insurgente, pero nuevamente ocultando su naturalidad ideológica de extrema derecha.
El Gobierno Colombiano plantea la cuestión del país como una Guerra entre una derecha democrática y una izquierda terrorista. En ese dibujo no caben los paramilitares colombianos, por tanto se borra su existencia, esa violencia se le aplica a bandas criminales y a la delincuencia común. Mientras el suelo se llena de victimas invisibles como William Castillo, la impunidad avanza en Colombia y nuestros gobiernos hacen su juego de geopolítica.