Unas horas después de que Reporteros de Investigación solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) «el informe que la MACCIH le entregó a la Secretaría de la OEA el 19 de octubre de 2017, según se desprende del punto número 12 descrito por Juan Jiménez Mayor en su carta de renuncia del 15 de febrero de 2018», el secretario general, Luis Almagro, lo publicó en el sitio oficial.

Tegucigalpa, Honduras. El primer delincuente de cuello blanco  condenado por tráfico de influencias, en Honduras, solía tener un tono de complicidad en el timbre de su voz  y la sonrisa casi siempre sutil.  Su caso es destacado como emblemático en el informe de la MACCIH que ocultó hasta hoy la Organización de Estados Americanos (OEA).

Pero no sólo eso, también permaneció oculta la trama de supuestas irregularidades para la concesión de una represa que venía denunciando Berta Cáceres al momento de su asesinato en 2016 y la investigación de los nexos de un narcotraficante que se entregó a la DEA y que mencionó a un expresidente de Honduras que en su carrera política había ofrecido “puño firme, trabajo y seguridad” y al menos a 5 congresistas y funcionarios hondureños.

Todos estos casos de corrupción que la MACCIH revela en su informe están ligados por un elemento coincidente, ocurrieron casi en forma simultánea, en menos de una década y salpican a funcionarios del varios gobiernos del Partido Nacional, en el poder.

La supuesta corrupción estatal en la concesión otorgada a DESA ocurría mientras en la costa de Honduras funcionarios y narcotraficantes conspiraban para traficar drogas,  asesinar a más de 78 personas entre estas el jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, el general Julián Arístides Gonzáles, y para supuestamente sobornar al mandatario, Porfirio Lobo Sosa, de acuerdo con el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga (alias Cachiro).

Al mismo tiempo, en 2011 se aprobaba la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial cuyo primer vicepresidente se sumergió en cultura del tráfico de influencias en la Corte Suprema de Justicia para convertirse en un precedente de corrupción que la MACCIH destaca así: «el caso de Teodoro Bonilla, ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura es ejemplar por diversos motivos. Significó un claro mensaje a los jueces y operadores de justicia para que todos defendamos la independencia judicial».

El informe cita, «las condenas por el caso más grande hasta el momento de fraude económico en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por doce millones de dólares en el caso de “Empresas Fachada” y los viceministros Montes y Pastor, así como la condena por el primer caso en la historia de Honduras de Tráfico de Influencias contra Teodoro Bonilla, marcaron el período. Continúan las investigaciones complejas en el caso Cachiros, los propios del IHSS, el caso Agua Zarca, el caso del Consejo de la Judicatura, entre otros».

Estas son las revelaciones que permanecieron ocultas al pueblo hondureño desde un mes antes de acudir a las urnas.

El caso Agua Zarca

«La MACCIH-OEA decidió el pasado 13 de julio asumir conjuntamente con el Ministerio Público, la investigación del caso del Proyecto Agua Zarca, implicando denuncias por presunta corrupción que en su momento denunció la asesinada líder ambientalista Berta Cáceres. El caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural. El anuncio responde a la necesidad de contribuir con las posibles causas del crimen y desentrañar las hipótesis existentes. La MACCIH-OEA ha trabajado conjuntamente con esta Fiscalía alertando sobre las posibles inconsistencias en la entrega por parte del Estado de Honduras de una concesión en muy corto tiempo para un proyecto hidroeléctrico a una compañía que no reuniría los presupuestos y capacidades técnicas para hacerlo. Es decir, la empresa DESA logró una licitación, un contrato de operaciones, un contrato de uso de aguas, un contrato de compra de energía por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y un decreto del Congreso Nacional para aprobar todo ello, en un período breve de tiempo y con un capital social ínfimo; destaca que en este caso no se realizó la consulta previa informada a los Pueblos Indígenas. Además, se busca indagar por qué se cambió el lugar de construcción del proyecto y sus actos administrativos, así como si existe sustento para el incremento de la capacidad y compra de energía por la ENEE. La investigación es conducente a determinar las razones y entramado público-privado de todos estos aspectos y si se ajusta a los estándares normativos y de fondo para este tipo de iniciativas de alta inversión». 

“Narcofuncionarios”

«El 8 de marzo luego de una reunión de trabajo con el Fiscal General Óscar Fernando Chinchilla, se acordó conformar un Equipo Técnico Investigación y Persecución Penal para trabajar en la investigación respecto a las graves imputaciones efectuadas por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga (alias Cachiro), ante un Tribunal de New York. En esta investigación participan varias fiscalías especiales del Ministerio Público, llevándose a cabo del plan de trabajo investigativo integral y la solicitud de cooperación judicial internacional con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos», cita la MACCIH.

Ofrecemos un fragmento con mención de funcionarios y ex funcionarios en la declaración de Rivera Maradiaga ante una corte de Nueva York:

« Me rendí a la DEA. En 2015. Por asesinato, lavado de dinero».

Según su testimonio, fue  jefe de un grupo de traficantes, cometió 78 asesinatos y 15 tentativas de asesinato. Conspiró para traficar con más de 20 toneladas entre 2009 y 2013,47s, rifles AR15, RPG7s y  lanzagranadas.

En el interrogatorio le preguntaron: -¿si Los Cachiros confían en el ejército hondureño? Y el narcotraficante dijo que sí…para obtener  información de la policía, información de radar y de seguridad.

Cuando le preguntaron: -¿Los Cachiros recibieron asistencia de políticos en Colón?

-Sí, respondió. De «Osar Nájera, era congresista; Juan Gómez; Adam Funes; Hidence Oquelí»

-¿A Todos esos hombres a quienes los Cachiros pagaron sobornos?

-Sí,confesó.

En su declaración depuso que mientras el expresidente Lobo Sosa se preparaba para postularse a la presidencia  le pagaron entre  250 y 300.000 dólares, «que  el dinero fue enviado a Pepe Lobo por medio de Mi padre, Isidro Rivera; Su hermano, Moncho Lobo, y Juan Gómez». Más adelante en su declaración describe que se reunió con Lobo Sosa en su casa de la aldea El Chimbo para celebrar su triunfo.

La primera vez que el nombre de Moncho Lobo (hermano del expresidente) salió a luz en una investigación de narcotráfico fue cuando la placa del Congreso Nacional CN-0256, de su vehículo de congresista,  fue decomisada en la casa del narcotraficante Jorge Aníbal Echeverría Ramos, alias “Coque”.

El hallazgo de la placa parlamentaria lo hizo el general Julián Arístides Gonzáles a inicios de la década pasada. Coque fue asesinado dentro de la Penitenciaría Nacional de Támara, en 2004, el crimen ocurrió cuando Óscar Álvarez era ministro de Seguridad Pública por primera vez, en el gobierno del nacionalista, Ricardo Maduro.

Casualmente, en su testimonio El Cachiro contó cómo en 2009, un grupo de narcotraficantes, apoyados por la Policía Nacional planificaron el asesinato de Gonzáles por un pago de 200 y $ 300,000 dólares. El general fue acribillado un 8 de diciembre de 2009, un mes después de la elección presidencial que dio como ganador a Lobo Sosa.

«Fredy Najera, Neftali Duarte Mejía, Eliel Sierra, Moncho Matta, Luis Valle, Arnulfo Valle, Wilter Blanco, Ton Montes, Tito Montes, y Juan Carlos Montes», fueron los nombres mencionados por Rivera Maradiga.

¿Usted mencionó a alguien llamado Fredy Najera. Sostiene Cualquier posición política en Honduras?, lo interrogaron. Sí, respondió.

-¿Qué posición tenía?

-Congresista, respondió.

-¿Quiénes fueron algunas de las personas que llevaron a cabo el asesinato?

-Un grupo de policías.

-¿Has oído hablar de un funcionario hondureño llamado Oscar Álvarez?, preguntó la parte acusadora. (Álvarez fue ministro de Seguridad en el gobierno de Lobo Sosa).

-Sí.

-¿Sabía usted de ese nombre antes de que Pepe Lobo, Presidente de Honduras?

-Sí.

-¿Al centrarse en 2009, Óscar Álvarez condujo Investigaciones de los Cachiros

-Sí

«Los acusados comenzaron a decirme que tenía varios Contratos de SOPTRAVI, también de Fondo Vial, y ENEE (empresas estatales) le dije a Juan Gómez dónde estaba, para averiguar dónde estaba. Me dijo que estaba en el Hotel Plaza San Martín. Así que Fue hacia el hotel. Y me dijo que subiera a su habitación. Estaba allí con el Sr. Oscar Najera», declaró El Cachiro.

P: Creo que antes usted dijo que Oscar Najera fue uno de los Congresistas de Colón

-Sí, señor, declaró.

IHSS

«Casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. La MACCIH-OEA consideró necesario acompañar los primeros casos contra el ex directivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya, quien lideró dentro de dicha entidad una organización criminal destinada a extraer de forma ilegal para sí y para otros los recursos de los asegurados16. Zelaya tenía extendida la prisión preventiva en su posibilidad máxima hasta marzo de 2017, por lo que era importante demostrar en los tribunales su responsabilidad penal lo antes posible para impedir su salida de prisión y posible fuga por segunda vez. La responsabilidad penal de Mario Zelaya ha sido demostrada ya en las cuatro casos, lográndose condenas efectivas que acumuladas resulta en una pena de prisión de 25 años hasta el momento17. Fue condenado en diciembre de 2016 por el delito de Almacenamiento de Armas, a una pena de diez años. En enero de 2017 fue objeto de la condena más alta que haya recibido un funcionario público en la historia de Honduras, recibiendo 15 años por delitos de corrupción por el caso del “Migrante Hondureño”, destacándose que se haya vinculado por primera vez también en delito de lavado de activos como delito fuente. Ello demuestra que los tribunales de Honduras están generando nuevas rutas y jurisprudencia relevante en el combate a la corrupción».

En su informe, además la MACCIH revela que se ha  venido hablando de prisión para condenados en Delitos de Corrupción. «La MACCIH-OEA ha estado en reuniones de trabajo con el Instituto Nacional Penitenciario a fin de considerar la situación de las personas condenadas por corrupción por los graves delitos cometidos, para asegurar que no exista impunidad en el modo de cumplimiento de las penas, a fin de que se garantice el principio de igualdad de los internos y se garantice su seguridad física y su vida».

Datos de interés

• La MACCIH-OEA, con el apoyo técnico y financiero de Freedom House, Internews y el Proyecto Unidos por la Justicia, se encuentra impulsando un premio nacional de periodismo de investigación.

• La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción se encargará de los casos más importantes del IHSS.

• No debe haber disminución de penas como se pretende en el proyecto en actual debate en el Congreso Nacional.

• Se requiere abrir los archivos del país bajo los principios de transparencia y acceso a la información pública.

• Derogar Ley de Secretos

• Aprobar proyecto de Ley de Colaboración Eficaz

• Aprobar nueva Ley para la clasificación de documentos públicos en materia de seguridad y defensa nacional

• Ley para incentivar la denuncia de actos de corrupción, mediante la protección de denunciantes

• Se requieren abrir más espacios de prensa independiente y alternativa.

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