Los 7 casos de la MACCIH en riesgo por Pacto de Impunidad

25 de enero, 2018

Tegucigalpa,  Honduras (Reporteros de Investigación). La investigación de las «redes de corrupción» del “Caso de las denuncias hechas por los narcotraficantes Cachiros”, “Caso del proyecto Agua Zarca”, relacionado con el asesinato de la indígena Berta Cáceres; el “Caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”, investigados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y cuatro casos más de corrupción específicos, apoyados mediante asesoría técnica, forman parte de los escándalos en riesgo por el denominado “Pacto de Impunidad”.

Este “Pacto de Impunidad” fue denunciado en las últimas horas mediante conferencia de prensa en la sede de la MACCIH.

En su Plan de Trabajo de 2017, la MACCIH reveló como uno de los resultados esperados de la División de Prevención y Combate a la Corrupción para el 2017 “Brindar asesoría técnica en 4 casos de corrupción específicos”, uno de los casos investigados implica a más de 60 diputados, al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y a altos funcionarios del Estado de Honduras, reveló el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor.

Mediante la Orden ejecutiva 12-02, la Organización de Estados Americanos (OEA) informó a reporterosdeinvestigacion.com que la MACCIH apoya tres investigaciones de redes de corrupción:

Caso de las denuncias hechas por los narcotraficantes Cachiros, es una investigación conjunta con el Ministerio Público relacionada con las acusaciones hechas por Devis Rivera, ex líder del Cartel Los Cachiros, sobre presuntos involucramientos de funcionarios públicos en sobornos y actividades delictivas.

 “Caso del proyecto Agua Zarca”, relacionado con el asesinado de la indígena Berta Cáceres. El anunció de estas investigaciones provocó que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) cuestionara el trabajo de la MACCIH en julio de 2017.

El tercero, es el  Caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). “El equipo de la MACCIH-OEA determinó de modo autónomo participar conjuntamente con el Ministerio Público en las investigaciones del caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”, dice la respuesta de la OEA.

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Este jueves 24 de enero, el vocero de la MACCIH Jiménez Mayor reveló mediante un comunicado que se reformó la ley para dejar en libertad a cinco diputados, enjuiciados hasta el momento de la conferencia; liberados unas horas después de la denuncia pública.

En la mañana del jueves, en conferencia de prensa Jiménez Mayor denunció que el Congreso Nacional había aprobado una nueva ley para garantizar impunidad, en la tarde, esa ley sirvió de fundamento a la magistrada, Alma Consuelo Guzmán, para liberar a los diputados, acusados por la MACCIH.

El Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitieron comunicados para pedirle a la MACCIH que respete la institucionalidad hondureña.

Vea comunicado IAIP, vea comunicado Congreso Nacional y titulares de periódicos de Honduras

Vea versión del Poder Judicial

Comunicado de la MACCIH

La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), hace de conocimiento de la opinión pública, lo siguiente:

1. El 18 de enero de 2018 el Congreso Nacional de la República aprobó el Decreto N° 141-2017, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018. En el artículo 237 de dicha Ley se reforman los artículos 16 y 131- A de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto No. 83-2004).
2. A través de dicha reforma se establece un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y ONG, encargando la auditoría de dichos recursos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por un período de tres años contados a partir de la publicación de la reforma en mención. El nuevo proceso de liquidación se extiende retroactivamente a los periodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018. Agrega la disposición que mientras el TSC esté realizando dicha auditoría e investigación especial, “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal.”
3. Esta norma pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de aquellos altos funcionarios que se han apropiado de los dineros públicos. Busca, además, que la documentación incautada por UFECIC-MACCIH en la Secretaría de Finanzas el pasado 29 de noviembre, sea ahora entregada al TSC impidiendo el uso de las pruebas correspondientes para incriminar a responsables de ilícitos penales en poder de la Fiscalía.
4. Se busca atribuir al TSC la determinación de la responsabilidad penal de los ilícitos que se encuentren respecto a altos funcionarios, invadiendo las atribuciones constitucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial. Se trata de una pretensión inconstitucional que busca imponer un requisito de procedibilidad de la investigación y de la acción penal que contraviene el artículo 232° de la Constitución. Del mismo modo, la disposición infringe el artículo 219° Constitucional, que ordena el previo dictamen favorable de la Corte Suprema al reformarse el Código Procesal Penal al eliminar el ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público.
5. Como consecuencia de lo mencionado, la investigación conocida como “RED DE DIPUTADOS”, que no solo investiga a los cinco diputados requeridos, sino que abarca a más de 60 diputados y ex diputados de la Nación, incluyendo el propio presidente del Congreso Nacional, así como a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de más de 30 ONG, quedaría sin efecto generando la impunidad de todos los involucrados.
6. La decisión del Congreso Nacional, además, podría dar lugar a interpretaciones tendenciosas que pudiesen provocar una posible excarcelación de personas condenadas en el caso del Seguro Social como Mario Zelaya y su organización criminal, al aplicarse la ley de forma retroactiva. De igual forma, sus efectos podrían extenderse a actuales investigaciones que conduce el equipo integrado UFECIC-MACCIH, como el caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla.
7. El TSC no brinda las garantías para investigaciones técnicas dada las características políticas de su conformación. Esta decisión del Congreso Nacional afecta la lucha contra la corrupción, a lo que se agrega la aprobación ese mismo día del Código Penal que reduce las penas a los delitos de corrupción, pese a la posición contraria de la MACCIH, de expertos en la materia y de algunos diputados. 
   8. La lucha contra la corrupción y los compromisos internacionales del Estado de Honduras obligan a la derogatoria inmediata de la norma en cuestión o la declaratoria de su inconstitucionalidad por la Sala Constitucional de la Corte Suprema a petición de la Fiscalía General. 
   9. Este es un hecho extremadamente grave que afecta la labor de la Misión. Por esta razón, la MACCIH ha iniciado consultas con el embajador Luis Almagro, Secretario General de la OEA, para verificar las rutas de acción futuras respecto al trabajo que realizamos en Honduras conforme a lo establecido por el artículo XIV del Convenio constitutivo, al considerarse esta circunstancia como una injerencia inaceptable a la autonomía e independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, impidiendo el combate a la corrupción y generando un PACTO DE IMPUNIDAD que el pueblo hondureño debe conocer. 
   Tegucigalpa, 24 de enero de 2018